Por. Pedro Alfonso García Rodríguez
Matamoros es un municipio atípico, empezando por su geografía. Es el único municipio del noreste mexicano con frontera y playa, además de ser el destino final del Río Bravo.
Pese a su cercanía con Texas y su acceso al mar, durante décadas autoridades de todo tipo evitaron la idea de aprovechar su ubicación privilegiada para la construcción de un puerto marítimo. Hasta los inicios de la década actual se mantuvo como una especulación que ya se ha concretado como una realidad.
El municipio fronterizo era más bien conocido —y mantiene deshonrosamente su «prestigio»— por ser el principal bastión, junto a Nuevo Laredo, de la delincuencia organizada, y por la hibridación entre gobernabilidad y criminalidad como dos líneas que generalmente terminan entrelazadas.
Durante el siglo XX, al igual que en gran parte de los municipios fronterizos de Tamaulipas y del país, la actividad económica principal era toda la concerniente al sector agropecuario y, desde la era del prohibicionismo estadounidense, el contrabando.
En las décadas de los ochenta y los noventa evolucionó hacia el narcotráfico, hasta llegar al nivel de permeabilidad entre la población y capacidad de acción de la actualidad.
La mayor efervescencia de los mismos grupos delictivos, según lo dictan libros y periódicos, se dio con los exgobernadores Manuel Cavazos Lerma y Tomás Yarrington Ruvalcaba. Y más allá de todo lo concerniente a los frentes legales que enfrentaron, destacó su tarea de establecer el modelo neoliberal en Tamaulipas.
Y si algo muestran la historia y los números es cómo la delincuencia organizada es el lado oscuro del neoliberalismo y generalmente van unidos de la mano, ambos regidos prácticamente en su totalidad por las leyes del mercado.
Al menos desde poco antes del año 2010, cuando estalló la crisis de inseguridad, la hibridación de gobernabilidad con la intervención directa de la delincuencia organizada va más allá de ser una constante: es una nueva y preocupante forma de ejercer el poder sin contrapesos.
Durante los mismos años, los hechos delictivos no han cesado y pertenecen a la escena cotidiana de sus calles: los enfrentamientos entre delincuentes, en contra de las autoridades y, en el caso más extremo, en contra de la misma ciudadanía.
Y tal vez es el tercer aspecto el que más se ha normalizado, casi en su totalidad, por su evidente colusión con las autoridades municipales.
Los impuestos municipales, la presión entre grupos económicos y de poder, la vigilancia, el espionaje, las extorsiones, los abusos de autoridad: todo se lleva a cabo mediante esa misma hibridación.
Hasta llegar a su punto más álgido durante la administración del ahora diputado por el Partido Verde, Mario López, cuyo papel como alcalde fue prácticamente de membrete y como un medio para hacer relaciones públicas en el estado y en la Ciudad de México.
Eso quedó en evidencia con su confrontación directa con el actual alcalde, Alberto Granados, a quien constantemente atacó y cuestionó. Pero la decisión unánime de los grupos fácticos al final favoreció al entonces diputado morenista.
Inicialmente, Granados mantuvo la simpatía de los grupos de poder morenistas en el estado, pero su accidentada y malograda gestión pronto le restó apoyo hasta quedar prácticamente a su propia merced y a la de las autoridades estadounidenses.
Al alcalde de Matamoros constantemente lo han señalado de tener problemas con la justicia del país vecino y, tras una retención en uno de los cruces fronterizos de Matamoros, los agentes migratorios le retiraron y destruyeron la visa, de manera similar a lo ocurrido con su predecesor Mario López.
Y para Granados los escándalos continúan. El pasado fin de semana fue detenido en Texas su exdirector de servicios públicos complementarios, Luis Miguel Garduño, con 10 kilogramos de cocaína.
En medio de los cuestionamientos, su situación legal en Estados Unidos lo mantiene en una línea muy delgada en México, como una bomba de tiempo que tarde o temprano puede estallar.
Los señalamientos sobre la intervención de la delincuencia organizada en los asuntos municipales tarde o temprano podrían terminar en acciones concretas en el trabajo bilateral que realizan México y Estados Unidos.
Granados, por lo pronto, mantiene una relación distante con el poder estatal, que pareciera impulsar para la sucesión a otros personajes lejanos a su área de influencia y a la de Mario López.
Mientras el gobierno federal intenta recuperar la gobernabilidad del país, la frontera tamaulipeca y municipios como Matamoros son fundamentales en su estrategia, y quitar de las manos de la delincuencia el poder del municipio fronterizo debería ser, por lógica, una de las tareas más importantes.
@pedroalfonso88
