Por. Nora García Rodríguez
Expreso-La Razón
TAMAULIPAS, MÉXICO.- Francisco Noriega Orozco, titular de la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, informó en abril al Congreso local que encontró, al asumir el cargo, expedientes por presuntas irregularidades administrativas que permanecieron inactivos durante cinco, seis y hasta siete años.
Algunos de esos casos acumulan un rezago equivalente al plazo máximo de prescripción que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas para faltas graves: siete años.
Cuando un expediente alcanza ese umbral sin haber sido judicializado, el funcionario investigado queda fuera del alcance de la ley por el solo transcurso del tiempo, independientemente de la evidencia acumulada.
En materia penal, los delitos de peculado y desvío de recursos públicos prescriben en Tamaulipas en un rango de cinco a doce años según la gravedad del monto. Para responsabilidades administrativas graves, la ley federal fija el límite en siete años.
El rezago que reportó la ASE coincide con ese techo.
Para corregir el patrón, la ASE implementó en 2026 lo que denominó una estrategia de «doble carril»: atender en paralelo los casos rezagados y los recientes, con el objetivo de evitar que los nuevos hallazgos reproduzcan el ciclo anterior.
Noriega Orozco describió la medida como una corrección técnica.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reporta 4,073 expedientes abiertos por presunta responsabilidad administrativa.
De ese total, 28 generaron denuncia penal: 23 ante la Fiscalía estatal y cinco ante la Fiscalía General de la República. De las 28 denuncias, 19 fueron presentadas en 2025, tres años después de los hechos que las originaron.
LOS EXPEDIENTES DE 2022
El 60% de los expedientes activos corresponde a la administración de Francisco García Cabeza de Vaca. La actual administración concentra el 40% restante. El antecedente inmediato es la entrega-recepción de 2022, cuando el gobierno de Américo Villarreal Anaya denunció un probable desfalco superior a 500 millones de pesos atribuido a la gestión anterior.
Las dependencias señaladas en los primeros informes incluyeron la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Educación, la Comapa Zona Conurbada, el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, la ex Contraloría Gubernamental y la Oficina del Gobernador. Cuatro años después, el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo figura entre los casos remitidos a la FGR. Los nombres de los funcionarios involucrados se mantienen en reserva legal.
El Tribunal de Justicia Administrativa recibió 67 expedientes por faltas graves y aplicó multas de entre 300 mil y un millón de pesos. Seis personas enfrentaron consecuencias concretas.
CUENTAS PÚBLICAS Y OBSERVACIONES FEDERALES
El Congreso del Estado cerró el año legislativo 2025 con 145 de 300 cuentas públicas reprobadas, correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 y 2023. La Auditoría Superior de la Federación detectó, por su parte, inconsistencias por 387.4 millones de pesos en 24 municipios tamaulipecos durante el ejercicio fiscal 2024, provenientes principalmente de los fondos federales FAISMUN y FORTAMUN.
Los municipios con mayores montos observados son Soto la Marina, con 67.4 millones de pesos equivalentes al 84% del total auditado en ese municipio; Abasolo, con 54.3 millones; Jaumave, con 50.7; Padilla, con 38.7; y Tampico, donde 37.3 de los 42 millones revisados presentaron irregularidades, un porcentaje del 88% de la muestra. En González, el monto observado representa el 100% de los 18.2 millones examinados.
La Comisión de Vigilancia del Congreso señaló que los municipios con cuentas reprobadas serán el punto de partida para que la ASE inicie procedimientos por faltas graves. La trayectoria de los expedientes previos establece el contexto en que esa advertencia opera.
Expedientes del 2022
Nueve organismos públicos del gobierno de Tamaulipas incumplieron disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios durante el ejercicio fiscal 2022, según los informes de auditoría de cumplimiento emitidos por la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Las irregularidades, concentradas principalmente en el rubro de servicios personales, suman más de 115 millones de pesos en incrementos no autorizados, excesos presupuestales y déficits operativos. En todos los casos, la ASE promovió responsabilidad administrativa ante los órganos internos de control de cada entidad.
Las revisiones a la Cuenta Pública 2022 surgieron de una denuncia presentada ante la Auditoría Superior del Estado.
El 1 de septiembre de 2025, la ASE recibió el escrito identificado como D-20/2025, mediante el cual un ciudadano narró hechos que, a su juicio, constituían irregularidades cometidas durante el ejercicio fiscal 2022 por servidores públicos de diversas entidades del gobierno estatal.
La denuncia señaló presuntas faltas relacionadas con las reglas presupuestarias y de ejercicio del gasto, así como con la contratación de deuda pública y las obligaciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera. Diez días después de recibida, el 11 de septiembre de 2025, la ASE emitió un dictamen técnico jurídico de procedencia bajo el número de expediente ASE/DC/020/2025, mediante el cual admitió la queja y ordenó formalmente la revisión de la Cuenta Pública 2022 de los organismos señalados.
El objetivo central de estas auditorías de cumplimiento fue constatar que las entidades fiscalizadas hubieran observado las reglas de disciplina financiera durante 2022, con especial atención en dos rubros: el equilibrio presupuestal y los límites legales en la asignación de recursos para servicios personales, ambos elementos que la ley vincula directamente al manejo sostenible de las finanzas públicas.
