Por Antonio H. Mandujano
Expreso-La Razón
CIUDAD VICTORIA, TAM.-En Tamaulipas, la violencia familiar sigue siendo uno de los problemas más constantes, y en muchas comunidades rurales tiene un detonante claro: el consumo de alcohol.
Aunque las cifras oficiales muestran ligeras mejorías en algunos indicadores, el fenómeno continúa presente, muchas veces oculto por la falta de denuncias y el difícil acceso a servicios.
De acuerdo con datos recientes de instancias como la Fiscalía General de Justicia del Estado y diagnósticos de salud, hasta 8 de cada 10 casos de violencia familiar están relacionados con el consumo de alcohol, especialmente durante fines de semana.
Y tan solo en el 2025 se registraron más de 7 mil 800 casos en la entidad, lo que confirma que no se trata de hechos aislados, sino de un problema estructural.
Pero en zonas rurales, la situación puede ser aún más delicada.
Ahí, la violencia intrafamiliar tiende a denunciarse menos, ya sea por miedo, distancia a las autoridades o falta de información.
Además, estas comunidades enfrentan rezagos en servicios de salud y atención psicológica, lo que limita la detección oportuna de casos y su seguimiento.
En paralelo, el consumo de alcohol mantiene niveles altos en la población adulta, y el ejemplo está en las cifras a nivel nacional, mismas que señalan que más del 70 por ciento de las personas entre 12 y 65 años ha consumido alcohol alguna vez en su vida.
En jóvenes de Tamaulipas, estudios locales señalan que el inicio ocurre alrededor de los 13 años, lo que incrementa el riesgo de dependencia y, con el tiempo, su relación con conductas violentas dentro del hogar.
Aunque en adolescentes se ha observado una ligera reducción en el consumo reciente, especialistas advierten que el problema no está resuelto, pues muchos jóvenes mantienen patrones de consumo desde edades tempranas.
Ante este panorama, autoridades estatales han reforzado acciones de prevención y atención. El DIF Tamaulipas y la Fiscalía impulsan pláticas en escuelas y comunidades sobre violencia familiar y adicciones, además de brindar apoyo psicológico y legal a víctimas.
También se han promovido reformas para incluir la prevención del alcoholismo y la violencia intrafamiliar en programas de salud comunitaria.
Sin embargo, los retos persisten. La llamada “cifra negra”, es decir, los delitos que no se denuncian, supera el 90 por ciento en algunos casos, lo que dificulta dimensionar el problema real, especialmente en comunidades alejadas.
Las consecuencias también se reflejan en la desintegración familiar.
Tamaulipas se mantiene entre los estados con mayor tasa de divorcios en el país, y la violencia familiar, muchas veces asociada al alcohol, aparece de forma recurrente como causa en las demandas de separación.
Y a pesar de los esfuerzos institucionales, especialistas coinciden en que se requiere fortalecer la prevención desde edades tempranas, ampliar la cobertura en zonas rurales y generar mayor conciencia social para romper el ciclo que une alcohol, violencia y ruptura familiar.
El problema no solo persiste: en muchos casos, sigue ocurriendo en silencio.
