La llegada de Morena al poder del país y su proyecto de cuarta transformación vaticinaban una nueva era de hacer política. El descrédito que atravesaban partidos como el PRI y el PAN en la opinión pública propiciaba un cambio de modelo que no se dio y que, al contrario, terminó con más de lo mismo.
Los más de setenta años de priísmo y doce de panismo cargaron durante décadas con todos los problemas del país.
Desde los mismos de origen, como la desigualdad social y económica, la naturaleza monopólica de las elites mexicanas, la carencia de derechos tan básicos como la equidad de género, los altos niveles de pobreza y de desempleo, además del lento desarrollo en general en contraste con otros países del mundo.
A todos los padecimientos nacionales imperantes durante toda su historia se sumaron la inseguridad, el dominio de la delincuencia organizada, la corrupción, la impunidad y los cacicazgos. Además del constante intervencionismo estadounidense desde la presidencia de Antonio López de Santa Anna. Pero en el México contemporáneo y pese a los evidentes estragos de violencia, era la pobreza el principal problema a vencer por ser uno de los principales motivos de todos los males que padecemos como país. A la precariedad se sumaba un sistema de salud pública colapsado y uno de educación con años de retraso en un mundo cada vez más emergente y un mercado más exigente.
Priistas y panistas demostraron durante años que no lograron resolver el problema, y la única esperanza era Andrés Manuel López Obrador, que se mantuvo vigente en la escena nacional como el principal opositor y disidente. De inicio ofreció su proyecto de bienestar social, que inicialmente fue señalado de socialista y tildado frecuentemente como un “peligro para México”.
Durante el foxismo iniciaron los principales señalamientos de otro tipo para los aliados de AMLO, como los casos de corrupción en su equipo de trabajo durante su gestión como jefe de gobierno de la CDMX; durante el calderonato y el gobierno de Enrique Peña Nieto aumentaron los señalamientos sobre la relación de perredistas y de morenistas fundadores con la delincuencia organizada.
Como sucedió con el exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, hasta el momento autor intelectual de la masacre de estudiantes de la normal de Ayotzinapa. O el famoso “michoacanazo”, orquestado durante el calderonato como una persecución política que era completamente justificable. Y probablemente esa es la circunstancia más equiparable, pero a gran escala, con el actual embrollo morenista orquestado desde Estados Unidos.
Y al igual que en los tiempos del “michoacanazo”, las peticiones del gobierno estadounidense, independientemente de las intenciones intervencionistas, son justificables por el perfil de los personajes señalados y ahora perseguidos, y sus evidentes vínculos con actividades ilícitas, además de sus fallas en materia de gestión pública.
Por más que la línea argumentativa al interior del morenismo sea la de culpar a Estados Unidos de orquestar un golpe institucional en contra del poder morenista, aunque sea una realidad, lo es también el origen, vínculos y excesos de las principales figuras morenistas, sobre todo las heredadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Los señalamientos de corrupción y de nexos con la delincuencia organizada en contra del aún senador Adán Augusto López se dieron desde su elección como gobernador de Tabasco, si no es que previamente.
El expresidente interpuso la lealtad sobre capacidades, reputación y origen. Y probablemente ese sea uno de los precios más caros que deba pagar Morena para poder sobrevivir. La honestidad predicada por AMLO terminó solo como una fantasía. El proyecto transformador poco a poco se aleja de la realidad nacional y solo sobreviven los programas sociales que, si bien han transformado la vida de millones de mexicanos, su supervivencia en el largo plazo podría llevar al país a un callejón sin salida.
Aun si a nivel mundial prevalece un impulso a la renta universal que se mantiene como una posibilidad incluso en políticos tan extremistas como Donald Trump. Y como agregado, los constantes intentos por revertir los avances democráticos del país que costaron al menos tres décadas de activismo y de trabajo interinstitucional entre diversos sectores de la población. En la etapa final del gobierno de AMLO, su círculo rojo radicalizó la agenda legislativa que intentaba imitar más que un autoritarismo socialista, un regreso al jurásico priista desmoronado por su incapacidad de gestionar las crisis económicas. Además, secuestraron y llevaron al borde de la agonía el sistema de salud y de educación al dejarlos en manos de personajes cuestionables (y señalados) como Zoé Robledo y Mario Delgado. Y de no poder solucionar ni siquiera mínimamente el problema de inseguridad que mantuvo al país incendiado, ni las omisiones deliberadas respecto a la delincuencia organizada que no combatieron.
A pesar de aumentar la presencia militar en todo el país, de crear una policía militarizada y de otorgarles facultades por encima de su competencia, principalmente en obras públicas. Y de alimentar en distintas regiones del país grupos económicos y de poder relacionados con actividades ilícitas, con el lavado de activos en alianza con sectores de la iniciativa privada. Más que un liderazgo central desde el partido o desde el poder, promovieron múltiples liderazgos regionales que sirvieron para debilitar y diezmar a la oposición, funcionar como contrapesos afines a la elite morenista con los mismos aliados en el poder, y mantenerlos sometidos. E incluso, en un completo acto de soberbia y megalomanía, intentaron una especie de gremio estilo “politburó” que se encargara de administrar el orden institucional y los espacios de poder del Ejecutivo.
En el aspecto político, esa es la principal causa de su desgracia política por no respetar un principio básico como el respeto a la investidura presidencial y no confrontar al Estado mexicano. La persecución estadounidense los expuso a la vulnerabilidad; las omisiones desde Presidencia, por su previo atrevimiento, los condenan a la peor de las catástrofes.
Y mientras la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se mantiene en alerta por las constantes amenazas que pueden poner en riesgo la gobernabilidad del país, cada vez aumentan más las presiones que la empujan obligatoriamente a iniciar una profunda depuración de cuadros políticos a nivel nacional. Y de no ser así, condenar al partido, como sucedió con el PRI en la era de la cacería de exgobernadores, a quedar prácticamente inoperante si en el futuro nuevamente desde Estados Unidos orquestan otra embestida judicial. Independientemente del éxito que pueda o no lograr la presidenta ante el inicio de la persecución de morenistas, ya quedan para el expediente y con evidencias todas las redes de intereses tejidas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Y más allá de las responsabilidades, desmitifican la narrativa obradorista de la honestidad y el puritanismo que intentaron vender por todo el país, pese a los “bautismos” en masa que realizaron de figuras políticas provenientes de otros partidos, muchas de ellas previamente señaladas. Una de las acciones inicialmente planeadas en la plataforma política de la presidenta era la de aumentar los espacios políticos a las mujeres. Decisión que pareciera aún prevalecer, pero interrumpida
constantemente por los carpetazos provenientes de Washington o ventilados por figuras de oposición.
De no tener la capacidad suficiente para dar más espacios de poder a las mujeres, otra solución sería la de aumentar la presencia de figuras emergentes, preferentemente jóvenes, que depuren a los mismos grupos y figuras de siempre. Y en su plataforma política es notoria la necesidad de una política en constante movimiento y con distintos actores. Y aunque existe la resistencia desde el obradorismo y la periferia partidista, es inminente la renovación de los cuadros políticos.
Para la presidenta Claudia Sheinbaum, con el desmoronamiento obradorista aumentan los retos por ya no contar con viejos aliados, aun si ya eran prácticamente sus enemigos políticos. Primero, por tomar cartas en el asunto con el colapso en materia de seguridad, salud y educación. Mantener los programas sociales más importantes y replantear los que no funcionan.
Mantener una relación más abierta con la oposición para lograr consenso. El riesgo de romper con AMLO y que eso signifique una profunda división al interior de Morena que, ante el constante riesgo intervencionista, propicie un nuevo movimiento político. Y sobre todo la gestión de la agenda bilateral con Estados Unidos por los tiempos políticos atípicos que imperan en Washington y en todo el mundo. Mantener el respaldo de los aliados políticos nacionales e internacionales que le permitan conservar una postura neutral ante los tiempos de persecuciones políticas generalizadas. Evitar la polarización social, que aumenta y que alimenta un sector de la oposición cercano al gobierno de Trump.
Y todo sumado a los problemas propios de un país tan complejo como México, constantemente al borde de una crisis política, social y económica. Son arenas movedizas que ante el pequeño error o mala decisión pueden terminar literalmente en una catástrofe.
