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Expreso-La Razón
La acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por autoridades federales de Estados Unidos generó una onda expansiva que no se detuvo en las fronteras de ese estado. El caso sacudió al conjunto de la Cuarta Transformación en el país, obligó a una recomposición de posiciones en la dirigencia nacional de Morena y Tamaulipas no será la excepción.
Aquí las tensiones entre aliados llevaban meses acumulándose y una declaración de un diputado federal encendió una controversia que todavía no termina de apagarse en una lógica que ya estaba en marcha: la de un partido gobernante que entra a una compleja elección intermedia.
El 3 de mayo de 2026, en la octava sesión extraordinaria del Congreso Nacional de Morena, Ariadna Montiel fue electa por unanimidad como nueva presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del partido, en sustitución de Luisa María Alcalde, designada por la presidenta Claudia Sheinbaum como consejera jurídica del Ejecutivo federal.
La elección tomó menos de 25 minutos y siguió el procedimiento que marca la tradición interna: la militancia ratificó una decisión previamente tomada por la mandataria.
Frente a mil 830 de los 3 mil 500 congresistas que integran el máximo órgano del partido, Montiel pronunció un discurso de aproximadamente 40 minutos en el que fijó, como condición central de su gestión, que los candidatos del partido para 2027 deberán acreditar una trayectoria sin cuestionamientos. El mensaje fue claro: la aprobación en una encuesta interna no es garantía suficiente de candidatura.
«Un aviso para quienes aspiren a ser coordinadores de la defensa de la transformación y para quienes quieran ser candidatos en 2027: deben tener una trayectoria impecable. Así que escuchen bien: si tenemos certeza de que alguien comete un acto de corrupción, aunque haya ganado la encuesta, no será candidato».
La declaración introdujo lo que analistas describieron como una cláusula ética sobre el método de encuestas, el mecanismo que Morena ha utilizado para seleccionar candidatos desde hace años con resultados electorales consistentes.
Por primera vez, la dirigencia del partido estableció en términos explícitos que ese instrumento no es determinante al cien por ciento: el expediente del aspirante puede anular el resultado de la medición. «Que quede claro, la definición a través de las encuestas no es la búsqueda de la fama o la popularidad, del poder por el poder. Es el reconocimiento del pueblo de que se está con él, y que se es honesto, que se es cercano, el conocimiento del territorio, el cumplimiento de la palabra», precisó Montiel durante el acto.
Después fue más lejos: anunció que el partido solicitará a las áreas de seguridad del gabinete federal y al Instituto Nacional Electoral que realicen revisiones de antecedentes de todos los aspirantes, con el fin de garantizar que las candidaturas correspondan a personas, en sus palabras, «probas, honestas y los mejores candidatos».
La misma dirigente descartó que la medida tuviera un destinatario específico en el caso sinaloense, aunque tampoco dejó de referirlo en forma oblicua: «estamos siempre del lado de la justicia y la honestidad, pero rechazamos la hipocresía de quienes lanzan acusaciones con fines políticos para abrir la puerta a la injerencia extranjera», señaló en alusión directa al expediente de Rocha Moya.
EL CALENDARIO HACIA 2027 Y SU IMPACTO EN TAMAULIPAS
De acuerdo con la ruta aprobada por Morena, su proceso de selección de candidatos iniciará ya el 22 de junio con la selección de coordinaciones estatales, figura que equivale a los aspirantes a las 17 gubernaturas en disputa.
El 3 de agosto se elegirán las coordinaciones distritales federales, es decir, los candidatos a diputados federales; el 21 de septiembre las coordinaciones municipales (alcaldías) y el 8 de noviembre las coordinaciones distritales locales (diputaciones locales).
El método confirmado es el de encuestas, con un procedimiento de cuatro etapas: convocatoria pública a través del Comité Ejecutivo Nacional; filtro previo si hay más de seis aspirantes para una misma posición, consistente en un sondeo preliminar de reconocimiento territorial; aplicación de encuestas que miden aceptación ciudadana, honestidad percibida, cercanía y trabajo en territorio; y selección final de la persona con mejor resultado, quien recibe el nombramiento de coordinadora o coordinador de Defensa de la Transformación, figura que posteriormente se formaliza como candidatura.
Para Tamaulipas, este calendario tiene implicaciones inmediatas. Los procesos internos de Morena en el estado ya estaban avanzados antes de la sesión del 3 de mayo. La coyuntura abierta por el caso Sinaloa y el posicionamiento de Montiel modificaron la percepción sobre quiénes eran los perfiles consolidados para las candidaturas, tanto a los 43 municipios del estado como a las diputaciones federales y locales.
En particular, la percepción de que la sucesión gubernamental de 2028 tenía ya aspirantes definidas con Morena se volvió más difusa. El filtro anticorrupción anunciado abre la posibilidad de que perfiles emergentes, hasta ahora marginales en las conversaciones internas, encuentren espacio en la ruta crítica hacia 2027 y eventualmente hacia 2028.
«Nos corresponde garantizar que los representantes de nuestro movimiento sean mujeres y hombres con principios y valores honestos y con un compromiso real con el pueblo, porque lo que está en juego es la autoridad moral y política que nos dio la legitimidad para llegar al poder”, advirtió Montiel en el discurso que cambió las dinámicas internas del morenismo.
La tensión entre los grupos más identificados con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y los vinculados a la presidenta Sheinbaum se hizo visible en el propio proceso de cambio de dirigencia. La designación de Montiel, exsecretaria de Bienestar con perfil cercano a Sheinbaum, fue leída en el espectro político como un movimiento para afianzar el control de la presidenta sobre el aparato partidista en el ciclo electoral que se abre.
Tamaulipas, con sus disputas internas y sus múltiples aspirantes a candidaturas relevantes, no es ajena a esa tensión.
EL BORREGAZO EN TAMAULIPAS
En paralelo a los movimientos nacionales, Tamaulipas vivió su propia convulsión política. El diputado federal Mario López Hernández, ex alcalde de Matamoros en dos periodos consecutivos por Morena entre 2018 y 2024 y actualmente integrante de la bancada del Partido Verde Ecologista de México en San Lázaro, concedió una entrevista al portal Latinus en la que vinculó a figuras prominentes del gobierno estatal y de la estructura nacional de Morena con esquemas de huachicol fiscal en Tamaulipas.
El ex alcalde afirmó haber sido invitado en febrero de 2020 a integrarse a un grupo político con presuntos vínculos con esas redes, y sostuvo haber rechazado la propuesta.
«Está dividido el grupo de los no huachicoleros y los huachicoleros. Yo soy una excepción.”, aseguró.
La reacción del gobierno estatal fue de descarte institucional. El Secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González declaró que ese tipo de acusaciones no merecen atención pública y deben presentarse ante las instancias legales correspondientes. «Hacer declaraciones de este tipo creo que no amerita, la verdad, con todo respeto, ni a perder el tiempo de nosotros, que estamos bien enfocados desde un inicio de esta administración, a trabajar de la mano de todas y de todos», sostuvo el funcionario.
El episodio tuvo un desenlace con múltiples aristas. El Partido Verde, a través de su dirigente estatal Manuel Muñoz Cano, se deslindó de las declaraciones y aclaró que López Hernández, pese a integrar la bancada ecologista en San Lázaro, pertenece políticamente a Morena, partido al que el propio legislador aseguró afiliarse legalmente desde septiembre pasado.
Días después, López Hernández emitió un comunicado en el que negó haber concedido la entrevista, calificó el audio circulado como un montaje de Latinus y descartó presentar denuncias formales.
El pronunciamiento llegó horas después de que la presidenta Sheinbaum había exigido que los dichos del diputado fueran sustentados con pruebas.
Al margen del episodio mediático y sus desmarcamientos sucesivos, el contexto que rodea al legislador tiene su propia densidad.
La refiscalización ordenada por el Congreso del Estado de Tamaulipas sobre la cuenta pública municipal de 2021 de Matamoros reveló inconsistencias por 558 millones de pesos sin documentación suficiente, más 26.6 millones adicionales sin aclarar. El mismo ejercicio auditivo detectó irregularidades en la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros por 4 mil 900 millones de pesos. Las cuentas públicas de 2021, 2022 y 2023 del municipio permanecen sin aprobación por el Congreso. López Hernández entregó la alcaldía con una deuda que creció de 25 millones a más de 120 millones de pesos durante su gestión.
La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del estado mantiene abierta una carpeta de investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita, ligada al expediente patrimonial del exalcalde.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, Humberto Prieto Herrera, morenista, señaló públicamente que el propio partido del legislador lo había desconocido políticamente, y manifestó que no tenía claridad sobre si López Hernández continúa perteneciendo al Verde, mantiene vínculos con Morena o se encuentra políticamente separado de ambos institutos.
