Por Nora García Rodríguez
Expreso-La Razón
CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024 del INEGI documenta que por cada peso que gana un hombre en México, una mujer recibe 65 centavos, con una diferencia mensual promedio de 4 mil 111 pesos; ingreso masculino promedio: 12 mil 16 pesos, femenino: 7 mil 905, según el informe Radiografía de la Mujer en el Trabajo 2026 de Buk, México es el segundo país de América Latina con mayor brecha salarial de género, con 16.6%, solo superado por Chile con 17%, posición que no mejora significativamente porque la brecha no es solo un problema de discriminación salarial directa sino de distribución del trabajo no remunerado, de segregación ocupacional y de ausencia de políticas que modifiquen las condiciones estructurales que la producen.
En Tamaulipas, esa brecha se superpone con el perfil del mercado laboral femenino: las mujeres se concentran en empleos de servicios, comercio y trabajo doméstico, sectores de menor remuneración, menor formalidad y menor protección laboral, mientras que la maquila, el empleador formal más importante para las trabajadoras tamaulipecas, ofrece estabilidad en la medida en que la demanda externa lo permite, y en el primer trimestre de 2026 el colapso del empleo maquilador se hizo sentir con fuerza, como esta columna documentó en el reportaje sobre el precio del modelo exportador; el nicho de formalidad laboral femenina más extendido en el estado es precario por definición, dependiente de decisiones tomadas en Washington o en las oficinas corporativas de multinacionales que no contabilizan el impacto de sus ajustes de producción sobre las madres tamaulipecas.
Siete de cada diez madres solteras en México son económicamente activas, y en los hogares donde hay al menos una madre soltera, el 65% del ingreso corriente proviene de su trabajo, según datos del INEGI; no son dependientes del sistema sino sostenes del sistema, mujeres que producen, contribuyen y consumen, aunque en condiciones que el mercado remunera de manera insuficiente y que el Estado protege de manera insuficiente, con el 30% de las que trabajan de forma subordinada sin prestaciones laborales, es decir, sin acceso a guarderías del IMSS, sin incapacidad por maternidad pagada, sin un mecanismo institucional que reconozca que cuidar hijos mientras se trabaja no es una ventaja sino una condición que debería activar protecciones adicionales, no reducirlas.
