Nora García Rodríguez
Expreso-La Razón
Silvia tiene 34 años, dos hijos y un empleo de limpieza, en un edificio de oficinas en Reynosa que no le da contrato, no le da seguro y no le da aguinaldo; gana 2 mil 400 pesos a la semana, 200 menos de lo que el INEGI considera el umbral de pobreza extrema en zonas urbanas, y aun así es la única fuente de ingreso de su casa desde que su pareja fue detenida hace tres años en un operativo en la colonia Balcones del Río, sin que haya habido juicio formal ni resolución a la vista.
Su caso representa un patrón: una madre sola, un empleo sin protección, sin guarderías.
En Tamaulipas hay más de 137 mil madres solteras registradas, cifra que el propio Congreso local citó al legislar sobre programas sociales, aunque subestima la realidad: no incluye a las mujeres casadas que sostienen el hogar solas mientras el cónyuge está ausente, preso, desaparecido o simplemente fuera; tampoco a las abuelas que crían nietos porque sus hijas migraron o murieron, ni a las que viven en unión libre precaria con todos los riesgos y sin ninguna de las protecciones.
El universo real de las mujeres que cargan solas con la reproducción social de este estado es considerablemente mayor, y su situación económica, en términos estructurales, no ha cambiado lo suficiente como para que el 10 de mayo sea una celebración sin contradicción.
La reducción de la pobreza en Tamaulipas entre 2022 y 2024 es un dato real y verificable; según la medición multidimensional del INEGI, la población en situación de pobreza pasó de 26.8% a 20.2%, y aproximadamente 50 mil 200 personas salieron de la pobreza extrema en ese período, al descender de 102,600 a 52,400 personas en esa condición, con lo que el estado pasó del lugar 22 al 10 en el comparativo nacional del indicador.
El avance existe, y también existe su reverso: más de un tercio de la población tamaulipeca, alrededor de 1.3 millones de personas equivalente al 35.6% según CONEVAL, sigue viviendo en condiciones de pobreza; un 3.6% no cuenta con ingresos suficientes para cubrir siquiera la alimentación básica, y el 30% presenta carencias sociales que van del acceso a la salud a los servicios básicos en la vivienda.
Un 8% adicional es vulnerable por ingresos, de modo que más de la mitad de los tamaulipecos enfrenta algún nivel de riesgo social que los promedios no eliminan sino que redistribuyen, y esa redistribución no es neutra respecto al género.
Para el primer trimestre de 2025, el 33.9% de la población ocupada en Tamaulipas no lograba cubrir el costo de la canasta alimentaria con su ingreso laboral, según datos del INEGI; cifra que el incremento del salario mínimo y el crecimiento de la industria manufacturera contribuyeron a mejorar, aunque de manera diferenciada: las trabajadoras del sector informal, donde se concentra la mayor parte del empleo femenino en el estado, tuvieron acceso limitado a esa mejora, porque el incremento al mínimo beneficia principalmente a quienes ya tienen un contrato formal.
El INEGI establece que en zonas urbanas de Tamaulipas se considera en pobreza a quien gana menos de 4 mil 818 pesos mensuales, y en pobreza extrema a quien dispone de menos de 2 mil 467 pesos destinados exclusivamente a alimentación básica; líneas que describen no un umbral de subsistencia sino el piso de un sistema que funciona asumiendo que alguien más, sin salario ni reconocimiento, se hará cargo de todo lo que esas cifras no contemplan: el cuidado, la atención, la crianza.
EL TRABAJO ‘INVISIBLE’
El trabajo de cuidados es el gran ausente de la economía tamaulipeca, la actividad productiva más extensa del estado que no aparece en ningún indicador de crecimiento, no genera cotización al IMSS, no produce historial crediticio, no acumula derechos de pensión; sin él, no funcionaría ningún otro sector, porque alguien tiene que criar a la fuerza laboral del mañana, alimentar a quienes se enferman, acompañar a los adultos mayores, sostener la vida doméstica que hace posible que el mercado opere, y ese alguien, en Tamaulipas como en el resto del país, sigue siendo en proporción aplastante una mujer.
ONU Mujeres reportó en 2025 que a nivel mundial las mujeres realizan 2.5 veces más trabajo de cuidados no remunerado que los hombres, lo que restringe directamente su acceso al mercado laboral formal; en México, según el informe de BBVA sobre desigualdades laborales, ellas dedican en promedio 331 minutos diarios a ese trabajo no remunerado, frente a 131 minutos de los hombres, una brecha de más de 200 minutos diarios que se acumula año a año como una deuda que el sistema nunca paga porque nunca la registra.
Las cifras nacionales del INEGI son contundentes: 17.2 millones de mujeres en México se dedican exclusivamente a las tareas del hogar, frente a 992 mil hombres, una proporción de 17 a 1, con una dedicación promedio de 40 horas semanales para ellas frente a 16 horas para ellos; si ese trabajo se valorara a salario mínimo, su valor equivale al 22.8% del PIB nacional, cifra mayor que el sector manufacturero, aunque no aparece en ninguna cuenta pública ni en ningún presupuesto estatal, porque lo que no tiene costo para quien lo recibe no tiene valor para quien diseña la política.
Esa invisibilidad tiene consecuencia directa en la vejez: la mujer que salió del mercado laboral para cuidar hijos no cotizó, y la que trabajó informalmente cotizó poco o nada, de modo que llega a los 65 o 70 años sin pensión propia, sin ahorro acumulado, dependiente de hijos que con frecuencia están en condiciones económicas precarias; la pobreza en la vejez también tiene género, y es mujer, en Tamaulipas como en todo México.
La ausencia de infraestructura
Existe una narrativa institucional recurrente que describe la pobreza de las madres solas como un problema de capacidades individuales, de formación, de organización personal; los datos apuntan a una explicación más incómoda: el Estado mexicano nunca resolvió la contradicción entre la demanda de trabajo femenino en el mercado y la ausencia de infraestructura pública de cuidados que permitiera a las mujeres participar en ese mercado sin sacrificar la atención de sus hijos o su propia salud.
En Tamaulipas, el sistema de guarderías públicas cubre una fracción de la demanda real; la red de estancias infantiles fue desarticulada a nivel federal desde 2019 y, aunque se implementaron esquemas alternativos, la cobertura no recuperó los niveles anteriores, de modo que miles de madres solteras en el estado quedaron sin opciones de cuidado formal, lo que se tradujo directamente en salida del mercado laboral, reducción de ingresos y mayor exposición a la pobreza, un costo social que ningún indicador de reducción de pobreza desagrega con claridad porque el sistema no mide lo que no financió.
En municipios rurales y semiurbanos del sur y el centro del estado la situación es más severa: San Nicolás, Miquihuana y Bustamante registran entre 91% y 92% de población sin seguridad social, según el diagnóstico del Programa de Servicios de Salud de Tamaulipas para 2026; la mayor parte de las madres en esas comunidades no tiene acceso a guarderías del IMSS, no tiene incapacidad por maternidad, no tiene seguro de salud que cubra a sus hijos, y enfrenta el costo del cuidado y la enfermedad íntegramente con recursos propios que por definición son insuficientes.
La violencia armada que ha reconfigurado la demografía de la franja fronteriza en la última década agrega una dimensión que las estadísticas de pobreza no capturan con suficiente detalle: miles de mujeres en Tamaulipas quedaron como únicas proveedoras del hogar no por elección sino por desaparición, ejecución o encarcelamiento del cónyuge, absorbiendo una carga económica y de cuidados que no eligieron y para la que el Estado no tenía ni tiene respuesta institucional articulada, más allá de programas de transferencias que llegaron con retraso, con burocracia y con cobertura insuficiente.
