Por. Staff
Expreso-La Razón
TAMAULIPAS, MÉXICO.- Autoridades federales han reforzado la investigación contra los empresarios y funcionarios involucrados en el caso de huachicol fiscal que se asentó en los puertos de Tampico y Altamira.
Elementos de la Secretaría de Marina desplegaron ayer un operativo de cateo sobre una residencia ubicada en la Avenida Gómez Morín, en la zona alta de San Pedro Garza García, Nuevo León.
Blanco Cantú, empresario originario de Victoria, Tamaulipas identificado por las investigaciones federales como presunto líder empresarial de una red dedicada al contrabando y distribución ilegal de hidrocarburos. Las autoridades no confirmaron de manera inmediata detenciones durante el operativo ni precisaron la razón formal de la movilización.
Blanco Cantú, también identificado bajo el alias de «Roberto Brown», opera presuntamente a través de empresas de transporte y buques tanque que introducían combustible al territorio nacional sin el pago de impuestos de importación en las aduanas mexicanas.
De acuerdo con las investigaciones, tiene oficinas corporativas en un edificio ubicado en San Pedro Garza García.
EL PERFIL DE BLANCO CANTÚ
La FGR mantiene una orden de aprehensión contra Roberto Blanco Cantú desde septiembre de 2025, vinculada al aseguramiento de aproximadamente ocho millones de litros de combustible en un predio de Ensenada, Baja California, realizado en marzo de 2024.
Las investigaciones lo identifican como propietario de la empresa Mefra Fletes, señalada por su presunta participación en la distribución de millones de litros de diésel importados ilegalmente desde Texas.
Las indagatorias de la Fiscalía General de la República vinculan a Blanco Cantú con decomisos millonarios de hidrocarburos realizados en los puertos de Ensenada, Altamira y Tampico.
El esquema operativo, según las investigaciones, consistía en la utilización de empresas fachada para la importación del hidrocarburo, que posteriormente era distribuido en diversas entidades del país, entre ellas Tamaulipas, Querétaro y Jalisco.
El caso tiene como detonante el aseguramiento del buque Challenge Procyon el 19 de marzo de 2025 en el puerto de Tampico, con una carga de 10 millones de litros de combustibles de contrabando. La operación fue ejecutada por la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tras trabajos de inteligencia, y resultó en la detención inicial de 11 servidores públicos.
El buque y sus cargas fueron consignados aduanalmente como aditivos para aceites y lubricantes.
Los análisis posteriores determinaron que los pedimentos de importación contenían información falsa, dado que el producto era diésel.
El Challenge Procyon llegó al muelle fiscal 289 de la Asipona de Tampico, la misma instalación portuaria a través de la cual, según la FGR, entraron al menos 31 buques con huachicol fiscal entre abril de 2024 y marzo de 2025.
Las investigaciones de la FGR establecen que la red empleaba un esquema logístico multimodal que combinaba transporte marítimo, ferroviario y terrestre para la introducción, traslado, almacenamiento y comercialización ilegal de hidrocarburos. El monto total estimado de las operaciones de simulación comercial asciende a 23 mil millones de pesos, según informó el Fiscal de Asuntos Relevantes, Ulises Lara.
SEIS DETENIDOS Y 126 MILLONES ASEGURADOS
En el marco de la misma investigación, el Fiscal Ulises Lara anunció la aprehensión de seis personas identificadas como petrofactureros: operadores prestanombres y líderes de la red, vinculados a al menos ocho empresas. Las detenciones se ejecutaron con base en órdenes de aprehensión giradas por un juez de control.
Las personas detenidas están relacionadas con más de 40 empresas de giros diversos, entre los que se cuentan logística, construcción, energéticos, maquiladoras y transporte. Durante la investigación se aseguraron cinco inmuebles con un valor estimado de 52.4 millones de pesos, 47 vehículos de alta gama valuados en 66.6 millones, joyería cercana al millón 600 mil pesos y 265 mil pesos en efectivo, para un total de 126 millones 265 mil pesos aproximados.
Un juez federal vinculó a proceso a Francisco Javier N, ex gerente de Administración y Finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Tampico, por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. El juzgador le ratificó la prisión preventiva de oficio en el Penal del Altiplano y estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
Dos testigos declararon en su contra durante la audiencia: el testigo protegido Santos y el jefe de Departamento de Supervisión de Maniobras en la Asipona, identificado como HRV. El segundo señaló a Francisco Javier N de haber permitido la descarga de 20 buques con diésel consignado como aditivos para aceites durante su gestión, entre los que se encuentra el Challenge Procyon. El imputado negó los cargos y argumentó que no tenía atribuciones para incidir en el ingreso de embarcaciones a los recintos fiscales.
Las investigaciones revelaron que Francisco Javier N es accionista de la empresa Comercializadora de Bienes y Servicios de Nuevo León Belure, junto con Ricardo Ayón Rodríguez y Ramiro Rocha Alvarado, propietarios a su vez de la empresa Intanza, que importó los 10 millones de litros de huachicol fiscal decomisados el 19 de marzo en Altamira.
Las investigaciones establecen que el buque High Challenge llegó al puerto de Tampico el 10 de marzo de 2025 y zarpó dos días después, previo a la detención del Challenge Procyon. Según los registros aduanales obtenidos por la FGR, el High Challenge descargó 17 millones 459 mil 290 kilogramos de aditivos para aceites y lubricantes en 53 vehículos de Mefra Fletes. El Challenge Procyon llegó nueve días después con una carga de peso idéntico, también consignada como aditivos y transportada por la misma empresa. El pedimento de importación resultó ser falso en ambos casos.
Mefra Fletes es la empresa vinculada a Roberto Blanco Cantú y señalada también en relación con José Isabel Murguía Santiago, alias El Choko, hermano del ex edil de Teuchitlán, Jalisco, preso por presuntos vínculos con el CJNG. L
La causa penal 325/2025, radicada en el Centro de Justicia de Almoloya de Juárez, contiene una denuncia anónima en la que un funcionario de Aduanas señaló que los buques Challenge Procyon y High Challenge también transportaban armas largas, granadas y lanzagranadas desde Estados Unidos con destino a organizaciones del narcotráfico. La denuncia fue presentada el 19 de marzo de 2025, el mismo día en que el Challenge Procyon fue asegurado en Tampico.
En el interior del Challenge Procyon se aseguraron una pistola calibre 40 Smith & Wesson, una pistola calibre 380 semiautomática, tres cargadores y cartuchos de diversos calibres. En una bodega de Altamira donde se almacenaba huachicol descargado del mismo buque, la FGR incautó 47 cartuchos .223 REM, de los cuales 41 son de bala encamisada y seis de punta acerada perforante.
