Por. Nora Marianela Garcia Rodriguez
Tamaulipas ha cambiado de sistema de salud cuatro veces en seis años, cada vez con su sigla, su decreto y su promesa de que ahora sí; primero fue el Seguro Popular, luego el INSABI, después el IMSS-Bienestar y en abril de 2026 llegó el Servicio Universal de Salud, como si el problema fuera el nombre y no el dinero, el personal y los consultorios que nunca alcanzaron para cerrar la brecha.
El resultado es el mismo desde hace una década: 2 millones 500 mil tamaulipecos sin acceso a servicios médicos formales, en un estado de 3.7 millones de habitantes, dos de cada tres personas que dependen de una red pública con desabasto, con hospitales concentrados en Tampico, Reynosa y Ciudad Victoria, y con municipios del altiplano y la zona ribereña que solo ven médico cuando el sistema se acuerda de que existen.
El problema de fondo no está en el nombre del modelo sino en su funcionamiento, en México, el acceso a la salud depende del tipo de trabajo que tiene la persona, quien consigue empleo formal entra al IMSS y quien lo pierde vuelve al IMSS-Bienestar, de modo que la lista de atendidos crece y se encoge con la economía y nunca se consolida; en una frontera maquiladora donde perder el trabajo es rutina y el siguiente contrato no garantiza el mismo esquema, ese vaivén no es excepción, es la regla, y quienes más lo sienten son los que menos tienen para pagar una consulta privada mientras esperan volver a calificar.
Eso tiene un costo que se mide en dinero y vidas; México gasta 370 dólares anuales por habitante en salud pública, frente a los 446 de Brasil y los 845 de Chile, y la Organización Panamericana de la Salud calcula que cada dólar puesto en atención preventiva evita hasta 15 dólares en urgencias, de modo que lo que el gobierno deja de gastar año con año no es ahorro, es una deuda que la gente paga después con crisis diabéticas e infartos que llegaron solos porque nadie los detectó a tiempo, en un estado donde 39.5% de las consultas de medicina familiar ya son por diabetes e hipertensión, dos enfermedades que cuestan poco al inicio y una fortuna cuando ya colapsaron.
Quien no tiene cobertura paga de su bolsillo o no se atiende, y las dos opciones lastiman; en el país el gasto de bolsillo en salud representa cerca de 41% del gasto total del sector, uno de los porcentajes más altos de América Latina según la OPS, lo que significa que una familia sin seguridad social que enfrenta una enfermedad grave puede perder en semanas lo que tardó meses en ahorrar; no es una metáfora, es el mecanismo exacto por el que la enfermedad empobrece, pero eso no viene en los boletines institucionales.
Los medicamentos son otro capítulo; el programa Rutas de la Salud arrancó en Tamaulipas en agosto de 2025 con 45 camiones y 35 rutas para surtir 289 centros de salud, y las autoridades reportan 89% de abasto en primer nivel y 90% en hospitales, pero el Colectivo Cero Desabasto documentó más de 7.5 millones de recetas sin surtir en el sistema público nacional durante 2023 y Tamaulipas ocupó el quinto lugar con 180 solicitudes registradas.
Lo que el gobierno reporta y lo que la gente vive en la ventanilla son dos cosas distintas, y esa distancia no la cierra ningún decreto; un sistema de salud que no garantiza el medicamento no garantiza el tratamiento, y un tratamiento sin medicamento es solo el diagnóstico de lo que va a pasar.
La geografía también es un problema, Tamaulipas tiene 315 unidades médicas, pero están donde está la gente con más opciones, no donde está la gente con menos, así que alguien en Miquihuana o en Bustamante enfrenta horas de camino, costo de transporte y horarios que no cuadran con su jornada, y cuando finalmente llega a la clínica la encuentra saturada por todos los que tampoco tienen médico cerca; en esos municipios el acceso a la salud no es un servicio, y el que vive lejos simplemente no va.»
El tiempo no ayuda; el CONAPO proyecta que para 2030 Tamaulipas tendrá 3.87 millones de habitantes, 44% sin seguridad social, y que entre 2021 y 2025 las personas mayores de 65 años crecieron 19.3%, el grupo que más necesita lo que el sistema menos da: consultas frecuentes, especialistas y seguimiento de enfermedades que no se curan de un día para otro; un sistema que no está diseñado para atender la vejez en un estado que envejece no es un problema de futuro, ya es el problema de hoy.
La infraestructura avanza, eso es real; el Hospital General de Ciudad Madero completa operaciones en mayo, el Hospital Regional del ISSSTE en Tampico lleva una inversión de 2 mil 300 millones de pesos y el acelerador lineal oncológico de Ciudad Victoria ya tiene especialistas listos, obras que el sur del estado esperó más de una década, pero poner hospitales sin cambiar cómo se financia el sistema es como abrir más salas de emergencia sin poner un médico de familia en cada colonia: ‘curaste el infarto, no el colesterol que lo anunció durante diez años.’
Lo que Tamaulipas necesita no es otro modelo con otro nombre, sino tres decisiones que ninguna de las cuatro transiciones tomó: separar el derecho a la salud del tipo de contrato de trabajo, porque mientras dependa del empleo formal siempre va a haber una mitad del estado que quede fuera y que se endeude o se muera esperando; subir el gasto por persona a lo mínimo que la evidencia internacional muestra que funciona, más de 500 dólares anuales, lo que exige una decisión presupuestal federal que hoy no existe y que no se puede disfrazar con otro decreto; y llevar cardiólogos, oncólogos y ginecólogos a los municipios que hoy solo los tienen en papel, porque un sistema que llega bien a Reynosa y llega mal a Bustamante no es universal, es selectivo, y llamarlo de otra manera no lo convierte en otra cosa.
Seis años, cuatro modelos, el mismo hoyo; mientras tener trabajo siga siendo requisito para tener salud, el sistema no es de salud, es de suerte.
