CHILAPA, GUERRERO.- Mil familias indígenas de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, en la Montaña Baja de Guerrero, permanecían este lunes refugiadas en la iglesia, la cancha y la primaria de Alcozacán, tras seis días de ataques con armas de grueso calibre y drones lanzados por el grupo criminal Los Ardillos.
El Consejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata, Cipog-EZ, reportó este 11 de mayo cuatro policías comunitarios muertos a balazos, una mujer herida y cuatro integrantes de la organización desaparecidos desde la noche del domingo en el poblado de Xicotlán, ya ocupado por el grupo.
La ofensiva inició el miércoles 6 de mayo, con incursiones simultáneas a las tres comunidades, y este lunes alcanzó al propio Alcozacán, bastión del Cipog-EZ, donde Los Ardillos lanzaron desde drones explosivos en torno a la iglesia y la cancha de usos múltiples que sirven de refugio.
En el crucero del poblado El Jagüey, cerca de Atzacoaloya, Los Ardillos retienen a funcionarios de avanzada del subsecretario Francisco Rodríguez, según denuncia del dirigente Jesús Plácido Galindo, quien también desmintió la presencia efectiva de Ejército, Guardia Nacional y policía estatal.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes que el gabinete de Seguridad y la Guardia Nacional darán protección a las familias y promoverán su retorno, sin precisar el número de elementos desplegados, los tiempos ni el resultado de los recorridos militares previos a la ofensiva.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan sostuvo que los pobladores no han visto mayor vigilancia, mientras testimonios recogidos por organizaciones civiles señalan que el Ejército se retiró el 6 de mayo del crucero de Tula y dejó libre el paso a los grupos armados.
Desde 2018, el Cipog-EZ contabiliza 76 personas asesinadas y 25 desaparecidas en la región, atribuidas a Los Ardillos, grupo que mantiene una disputa territorial con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores, CRAC-PF, asentada en 16 pueblos de la Montaña Baja.
El grupo es señalado por la Fiscalía General del Estado de Guerrero como liderado por Celso Ortega Jiménez, hermano del diputado local del PRD Bernardo Ortega, y por el control político del municipio de Chilapa, gobernado por Mercedes Carballo Chino, cuñada del cabecilla criminal.
La continuidad de los ataques, el desplazamiento masivo y la retención de funcionarios marcan el primer episodio reciente en que un grupo armado paraliza el control territorial del Estado en Guerrero, sin que se haya informado de detenciones, aseguramientos ni operativos federales en curso.
