Por. Josué Sánchez Nieto
La educación no debería reducirse a calendarios, horarios o debates coyunturales. Sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió esta semana, cuando el anuncio del titular de la Secretaría de Educación Pública sobre una posible terminación anticipada del ciclo escolar —justificada por las altas temperaturas y el Mundial— provocó una discusión nacional que terminó exhibiendo algo mucho más profundo que una simple diferencia administrativa.
La reacción fue inmediata: padres de familia inconformes, sindicatos de maestros cuestionando la medida, gobiernos estatales marcando distancia y, finalmente, la propia presidenta de la República intentando contener el daño político al asegurar que solo se trataba de una “propuesta”.
Más allá de la confusión institucional, el episodio dejó al descubierto una realidad preocupante: en México seguimos discutiendo la educación desde la coyuntura y no desde su propósito fundamental. Y ese propósito debería ser claro: formar personas conscientes de su dignidad y capaces de ejercer plenamente sus derechos.
Hablar hoy de educación implica necesariamente hablar de derechos humanos; y no como un concepto abstracto o ideológico, sino como una herramienta práctica para construir sociedades más justas y menos violentas; porque una educación con enfoque de derechos humanos no solo enseña matemáticas o historia; también enseña respeto, igualdad, inclusión y responsabilidad social.
En Tamaulipas, este tema no es nuevo. Apenas en 2024 la primera reforma a la más reciente Ley de Educación local fue para fortalecer precisamente esta perspectiva dentro del sistema educativo.
Sobre el papel, el avance parece importante; el problema es que muchas veces se legisla mejor de lo que se gobierna.
Las leyes suelen redactarse con discursos impecables, llenos de principios y buenas intenciones, pero rara vez existe el mismo compromiso para garantizar que aquello se convierta en una realidad dentro de las aulas. Y ahí comienza la verdadera discusión.
Porque incorporar los derechos humanos a la educación no significa únicamente agregar un párrafo en los planes de estudio o impartir conferencias sobre valores; significa replantear la manera en que se enseña, se convive y se ejerce la autoridad dentro de las escuelas. Significa, también, entender que un estudiante tiene derecho a aprender en condiciones dignas, libres de violencia, discriminación y abandono institucional.
Hoy el sistema educativo enfrenta problemas estructurales evidentes: escuelas sin infraestructura adecuada, falta de recursos, rezago tecnológico, docentes saturados y ausencia de capacitación continua, pero, también, existe una carencia menos visible y quizá más peligrosa: la falta de una verdadera cultura de derechos humanos dentro de la comunidad educativa.
Mientras eso no cambie, seguiremos atrapados en discusiones superficiales. El debate público continuará concentrándose en si el ciclo escolar debe terminar antes o si las jornadas son demasiado largas, mientras se ignoran problemas mucho más profundos como la violencia escolar, la exclusión y la desigualdad educativa.
La función de los legisladores no termina cuando se aprueba una reforma y se publica en el Periódico Oficial. Legislar también implica vigilar, exigir resultados y garantizar que las políticas públicas se traduzcan en cambios reales para las personas.
De poco sirve presumir reformas “históricas” en redes sociales si, en la práctica, los derechos humanos siguen siendo frases decorativas dentro de un documento.
La educación con perspectiva de derechos humanos no debería verse como una agenda secundaria; debería ser la base misma del modelo educativo. Porque un Estado que educa sin dignidad termina formando generaciones acostumbradas a normalizar la violencia y la indiferencia.
Y quizá ahí está la reflexión más importante: los derechos humanos no pueden entenderse únicamente como una obligación jurídica del gobierno; también deben asumirse como una responsabilidad colectiva de toda la comunidad educativa.
Autoridades —incluidos las y los diputados—, docentes, madres y padres de familia, estudiantes y sociedad en general tenemos un papel fundamental en construir escuelas donde la dignidad humana no sea discurso, sino práctica cotidiana.
