Nora García
Expreso – La Razón
En Reynosa, las plantas de ensamblaje electrónico operan con disolventes orgánicos, pegamentos de base tolueno y fluxes de soldadura que sueltan vapores al aire en cada turno; sin embargo ninguna autoridad ha medido cuánto de eso llega a los pulmones, al hígado o a la sangre de sus trabajadores.
En Matamoros, los procesos de pintura y recubrimiento en autopartes usan benceno, tolueno y cromo hexavalente en líneas donde la mayoría son mujeres; en Nuevo Laredo la manufactura de precisión corre en condiciones similares, sin programa público de monitoreo en ninguno de los tres corredores.
La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer clasifica varios de esos compuestos como cancerígenos confirmados o probables. La Organización Panamericana de la Salud los documenta como riesgos laborales de alta prioridad. Universidades de Texas y Nuevo México los estudian en trabajadoras del lado americano de la misma frontera, a veces en plantas de las mismas empresas que operan en Tamaulipas.
Del lado mexicano, la investigación sobre esa población no existe.
Esta investigación revisó registros de enfermedades laborales del IMSS en Tamaulipas, reportes de inspección de la Secretaría del Trabajo, la normatividad sobre exposición química ocupacional y los estudios publicados sobre salud en trabajadoras de maquila en la frontera norte. Los documentos muestran que ninguna institución registra, atiende ni previene los efectos de esa exposición en las trabajadoras del estado.
UN CORREDOR SIN VIGILANCIA
Tamaulipas ocupa el quinto lugar nacional en empleo maquilador, con 7.5% del total del país según el INEGI; en enero de 2025 más de 239,000 personas tenían empleo activo en el programa IMMEX, repartidas en Reynosa con 159 plantas, Matamoros con 140 y Nuevo Laredo con 70.
En esos corredores operan LG Electronics, Emerson Electric, Corning, KEMET, Black & Decker, Tridonex y Trico, entre decenas más. Fabrican electrónica de consumo, autopartes e instrumentos de medición, todos con procesos que usan sustancias clasificadas como tóxicas o cancerígenas por organismos internacionales de salud.
Los salarios van de 12,583 pesos mensuales para obreros de base a 31,763 para supervisores, según el programa IMMEX. El INEGI registró que 39.5% de los trabajadores en Tamaulipas operaba en condiciones críticas de ocupación al segundo trimestre de 2025.
En las plantas electrónicas, los procesos de soldadura liberan vapores de plomo, estaño y fundentes de base colofonia, irritantes respiratorios que en exposición crónica dañan el sistema nervioso. Las placas de circuito impreso llevan retardantes de llama bromados, reconocidos como disruptores endocrinos por la Unión Europea y la EPA.
En autopartes se usan benceno, tolueno, xileno y éteres de glicol en pintura, recubrimiento y limpieza de superficies. La IARC vincula el benceno con leucemia mieloide aguda y el tolueno con daño hepático crónico y alteraciones reproductivas. El cromo hexavalente, presente en procesos de galvanizado, es cancerígeno confirmado del grupo 1.
La NOM-010-STPS-2014 regula la exposición a químicos en el ambiente laboral, fija valores límite y obliga a registros, pero mide el aire de la planta, no el organismo del trabajador. México no tiene un programa federal de biomonitoreo ocupacional; Estados Unidos lo opera desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
ENFERMEDAD SIN NOMBRE OFICIAL
El IMSS registró en 2024, hasta septiembre, alrededor de 518,583 riesgos de trabajo, de los cuales 16,880 fueron clasificados como enfermedades laborales: menos de 3.3% del total. El instituto cubre a 79.7% de los trabajadores formales del país.
Para calificar una enfermedad como laboral, el IMSS debe establecer el vínculo entre el diagnóstico y las condiciones de trabajo, lo que exige historial de exposición, evidencia clínica y médicos especializados en salud ocupacional. La Delegación Tamaulipas no tiene unidades de medicina del trabajo en Reynosa, Matamoros ni Nuevo Laredo, según información pública del instituto.
Las enfermedades que tardan años en aparecer casi nunca cruzan ese filtro: un cáncer detectado quince años después de trabajar con benceno, una neuropatía por disolventes cuando la obrera ya cambió tres empleos, un daño hepático atendido sin que el médico pregunte dónde trabajó la paciente hace diez años; ninguno llega al registro de enfermedades laborales.
La STPS reportó que 67% de las empresas inspeccionadas en 2024 tuvieron incumplimientos en materia de contaminantes químicos. La dependencia programó 43,000 inspecciones para 2025, con 35% más que el año anterior, redujo tiempos de respuesta de 30 a 5 días hábiles y fijó multas de 5,657 a 565,700 pesos.
Las mismas corporaciones con plantas en Reynosa o Matamoros reportan en Texas sus emisiones tóxicas al Toxic Release Inventory de la EPA, que cubre más de 650 sustancias. Varias financian además programas de vigilancia médica para sus trabajadores del lado estadounidense.
En Tamaulipas operan sin esas obligaciones: sin biomonitoreo, sin reporte público de emisiones con ese nivel de detalle, con 67% de incumplimiento en las inspecciones de seguridad química que documentó la propia STPS.
La diferencia regulatoria entre ambos lados del río Bravo está documentada por el Environmental Law Institute y el Colegio de la Frontera Norte. La misma empresa paga salarios distintos, aplica estándares distintos y asume responsabilidades de salud distintas a 500 metros de distancia, según el país donde opera.
AQUÍ NUNCA SE INVESTIGÓ
La investigación sobre salud en trabajadoras de maquila en la frontera existe, aunque viene de universidades texanas y del Colegio de la Frontera Norte, no de instituciones mexicanas. Esos estudios registran tasas altas de enfermedades respiratorias crónicas, anemia, daño neurológico y afecciones dermatológicas en mujeres con años de trabajo en plantas con exposición química.
Cirila Quintero y Lourdes Romo, del COLEF, documentaron que las medidas de seguridad en maquiladoras electrónicas tamaulipecas responden más a certificaciones internacionales como ISO 14000 e ISO 18000 que a la protección de los trabajadores. El hallazgo fue publicado en la revista Frontera Norte; ninguna dependencia pública del estado lo ha actualizado.
Un estudio presentado ante la Sociedad Europea de Oncología Médica en 2023 encontró mayor riesgo de cáncer de mama en mujeres que viven y trabajan en zonas con alta contaminación por partículas finas. Las ciudades del corredor maquilador del noreste están entre las de mayor concentración de emisiones industriales del país, de acuerdo con registros de la COFEPRIS.
Tamaulipas no tiene un estudio equivalente. La Secretaría de Salud estatal no investiga enfermedades laborales en el sector maquilador. El Instituto Nacional de Salud Pública no ha publicado seguimiento de cohortes sobre trabajadoras del corredor fronterizo tamaulipeco.
El estudio de Guendelman y Jasis sobre consecuencias de salud en mujeres fronterizas de la maquila fue publicado en el International Journal of Health Services en 1993. Treinta años después sigue siendo la referencia más citada porque no hay otro con datos de campo en Tamaulipas.
Desde los años sesenta la industria maquiladora opera bajo un esquema donde los trabajadores asumen con su salud los costos que la regulación no le cobra a las empresas. El Banco Mundial, la OIT y el COLEF lo han documentado; la diferencia entre los estándares de seguridad en las plantas de origen de esas corporaciones y los que aplican en México es el núcleo del problema.
La reforma laboral de 2017 y las modificaciones de 2019 cambiaron las reglas sindicales y de contratación, pero no establecieron obligaciones de biomonitoreo ni ampliaron el catálogo de enfermedades laborales del IMSS para cubrir los daños por exposición química crónica.
El nearshoring trajo nuevas plantas al corredor tamaulipeco entre 2021 y 2023; la inversión extranjera directa en maquiladoras llegó a 498.4 millones de dólares a mediados de 2025, según la Secretaría de Economía. Los programas de vigilancia médica no cambiaron.
