Por. Agencias
MÉXICO.- La Presidenta Claudia Sheinbaum reprochó este martes que el gobierno de Estados Unidos no ha concedido ninguna de las 269 solicitudes de extradición formuladas por México entre enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026. Entre los requeridos figuran el ex Gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, señalado por su presunta participación en una red de facturación ilegal.
«Se formularon 269 requerimientos de extradición de enero del 2018 al 13 de mayo de 2026 a Estados Unidos. ¿Cuántos se han entregado a México? Ninguno», afirmó la Mandataria desde Palacio Nacional. «Hay casos gravísimos para México: factureros, exgobernadores, acusados de delincuencia organizada, Ayotzinapa. No hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes.»
García Cabeza de Vaca es requerido por la Fiscalía General de la República por delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Álvarez Puga enfrenta señalamientos similares vinculados a esquemas de facturación falsa. Ninguno de los dos ha sido entregado a las autoridades mexicanas.
Sheinbaum sostuvo que México ha exigido reciprocidad en la cooperación judicial bilateral sin obtener resultados. «¿Qué pide siempre México? Reciprocidad. Porque no han entregado a ninguno», señaló.
El Canciller Roberto Velasco precisó la composición del universo de solicitudes: 183 corresponden a requerimientos formales de extradición y 50 a peticiones de detención provisional. De estas últimas, en 47 casos Washington ha solicitado información adicional antes de proceder. Treinta y seis solicitudes han sido negadas formalmente; 233 permanecen pendientes en distintas fases del proceso.
«En 47 de las 50 solicitudes de detención provisional que hemos hecho, el gobierno de Estados Unidos nos ha solicitado presentar información adicional», indicó Velasco. El funcionario recordó que el tratado bilateral vigente faculta a ambos países a requerir pruebas complementarias en cualquier etapa, y que ningún Estado está obligado a entregar a sus propios nacionales. «Cada solicitud se analiza conforme a la legislación interna del país requerido», explicó.
