Por Raúl López García
Expreso-La Razón
CIUDAD VICTORIA, TAM.- Lo que para muchos trabajadores del Gobierno de Tamaulipas parecía imposible, en realidad existe desde hace varios años dentro de los acuerdos oficiales del sistema estatal de salud: si un hospital público no tiene capacidad para atender una enfermedad, cirugía o tratamiento, el IPSSET puede autorizar atención médica en hospitales privados.
El beneficio quedó establecido dentro del convenio y anexos administrativos firmados en 2022 entre autoridades estatales y organismos relacionados con los servicios médicos de los trabajadores, donde se definieron los mecanismos para canalizar pacientes a instituciones privadas cuando el sistema público no pueda responder de manera inmediata o suficiente.
Aunque el procedimiento existe formalmente, miles de maestros, burócratas y trabajadores estatales desconocen que tienen derecho a solicitar apoyo para tratamientos médicos externos, estudios especializados e incluso operaciones quirúrgicas fuera de hospitales públicos.
Los documentos revisados detallan que el trabajador debe integrar un expediente administrativo completo para acceder al beneficio. Entre los requisitos principales aparece un oficio emitido por el SUSPET o el propio IPSSET, además de una solicitud formal del trabajador explicando su situación médica.
También deben anexarse recetas médicas, órdenes de estudios clínicos, resumen médico, comprobantes de nómina recientes, identificación oficial, vigencia de servicios médicos y documentos bancarios para posibles reembolsos.
Uno de los puntos que más llama la atención es que el convenio contempla expresamente la posibilidad de cubrir gastos en instituciones privadas cuando no existan condiciones para brindar atención dentro del sistema estatal, ya sea por falta de especialistas, saturación hospitalaria, ausencia de equipo médico o tiempos prolongados de espera.
En otras palabras, si un trabajador estatal requiere una cirugía urgente, un estudio especializado o tratamiento médico que el Estado no pueda proporcionar en ese momento, existe la posibilidad de que sea canalizado o respaldado económicamente para atenderse en un hospital privado.
Sin embargo, el acceso al beneficio no resulta automático. El proceso administrativo es estricto y gran parte de las solicitudes pueden detenerse por errores en facturación o expedientes incompletos.
De acuerdo con los lineamientos, las facturas médicas deben cumplir todos los requisitos fiscales establecidos por el Servicio de Administración Tributaria y el Código Fiscal de la Federación. Incluso se especifica que los CFDI deben emitirse a nombre de “Servicios de Salud de Tamaulipas”, utilizando el RFC SST970123DE3 y el uso fiscal “G03 Gastos en general”. Régimen fiscal del receptor de comprobante. (603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS)-Código postal del domicilio fiscal del receptor del comprobante (C.P.87000, FRANCISCO I. MADERO 414, ZONA CENTRO, CD VICTORIA, TAMAULIPAS)),
Además, las facturas deben incluir sellos digitales, folios fiscales, descripción detallada del servicio médico, forma de pago, impuestos desglosados y datos completos de certificación electrónica.
Trabajadores consultados señalaron que muchos empleados del Estado se enteran de este beneficio únicamente cuando atraviesan emergencias médicas complejas o mediante recomendaciones internas entre sindicatos y compañeros de trabajo.
La existencia de este esquema también deja al descubierto una problemática constante dentro del sistema público de salud: la insuficiencia hospitalaria en determinadas áreas médicas. Frente a ello, el Estado estableció mecanismos para apoyarse en infraestructura privada y evitar que los trabajadores queden sin atención.
Para docentes estatales, empleados sindicalizados y personal administrativo, el convenio representa una herramienta importante que podría marcar diferencia en situaciones médicas delicadas, especialmente cuando los tiempos de espera o la falta de recursos ponen en riesgo la salud del paciente.
Pese a ello, la difusión pública sobre este derecho continúa siendo limitada y gran parte de los trabajadores desconoce que el IPSSET puede intervenir para facilitar atención privada bajo determinadas circunstancias y procedimientos oficiales.
