Por. Staff
Expreso-La Razón
TAMAULIPAS, MÉXICO.- La autoridad federal endureció la vigilancia sobre el transporte de hidrocarburos en Tamaulipas
La Comisión Nacional de Energía (CNE) inició recientemente el envío de requerimientos formales de información a los titulares de permisos de transporte de petrolíferos.
Los documentos, emitidos por la Unidad de Verificación del organismo, exigen a los permisionarios acreditar el cumplimiento de diversas obligaciones de monitoreo.
La medida representa un incremento en la presión regulatoria sobre un sector que en Tamaulipas maneja miles de millones de pesos y que ha sido señalado en distintas ocasiones como uno de los espacios de mayor permeabilidad al contrabando de combustible.
Los requerimientos establecen que se debe presentar el código QR emitido por la Comisión, los números económicos, las placas de circulación y las placas de identificación del recipiente, incluyendo números de serie, fechas de fabricación y marcas de fabricante.
Además de evidencia fotográfica certificada de la totalidad de las unidades autorizadas en el permiso correspondiente, imágenes que deben permitir verificar el balizado integral de cada vehículo.
Quien no entregue esta información dentro de un plazo de diez días, podrá ser objeto de multas que oscilan entre 17,214 y 344,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, es decir entre 2 millones de pesos y 40 millones de pesos.
El gobierno federal comenzó a implementar en el último trimestre de 2025 la obligatoriedad del código QR en todas las unidades de transporte de combustible que operan en el país.
Se trata de un mecanismo de trazabilidad que no existía desde la apertura del mercado de importación y distribución de combustibles había generado desde la reforma energética de 2013.
Hasta esa fecha, Pemex era el único actor autorizado para producir e importar gasolina en México. La reforma mantuvo la producción en manos de la empresa estatal pero abrió la importación y distribución a operadores privados, multiplicando el número de pipas, rutas y actores sin que existiera un sistema capaz de rastrear el origen del combustible en cada punto de la cadena.
El QR, según la autoridad, permite leer la información de cada unidad tanto de manera remota, a través del Centro de Monitoreo de la Secretaría de Energía, como en sitio durante operativos físicos. El sistema crea un registro en tiempo real de cada movimiento de combustible, vinculando la unidad vehicular, el permiso de transporte, el origen del producto y su destino declarado.
Tamaulipas: el segundo parque vehicular del país
El peso de Tamaulipas en el sector del transporte de petrolíferos es relevante. La entidad registra el segundo parque vehicular más grande por destino en el país, con 1,863 unidades inicialmente autorizadas para transportar combustible hacia su territorio. Existen 268 permisos de transporte autorizados para abastecer estaciones de servicio en Tamaulipas, 130 de ellos con razón social domiciliada en el estado. La inversión acumulada en el sector —pipas, terminales de almacenamiento, sistemas de medición, certificaciones y logística— asciende a 4,387 millones de pesos, cifra que coloca a la entidad en segundo lugar nacional.
Esas dimensiones explican la relevancia de los requerimientos que la Comisión Nacional de Energía ha comenzado a enviar. Tamaulipas no es un mercado periférico dentro del sistema de transporte de combustibles: es uno de sus nodos principales, con operadores que figuran entre los más grandes del país.
El empresario reynosense Javier Cantú Barragán, con 374 vehículos autorizados bajo su razón social, representa la segunda empresa transportista de combustible más grande de México. Transportes Internacionales Tamaulipecos, S.A. de C.V. (TITSA), con 186 unidades adicionales, también pertenece al mismo grupo familiar. Los Cantú Barragán son primos hermanos de Juan Armando Hinojosa Cantú, el contratista cuyas empresas figuraron en el centro del caso de la casa blanca durante la administración de Enrique Peña Nieto. Durante el sexenio de Francisco García Cabeza de Vaca, las empresas de los Cantú Barragán figuraron entre las más beneficiadas con contratos de obra pública en Tamaulipas.
Trareysa, S.A. de C.V., con 136 vehículos, forma parte del Grupo Burgos de Reynosa, propiedad de Jorge Alberto García Velasco, quien controla además decenas de estaciones de servicio en la región y opera una planta de almacenamiento en Reynosa con capacidad para millones de litros de gasolina y diésel. El grupo suministra combustible a más de 450 estaciones en todo el país y fue de los primeros en capitalizar la apertura del mercado de importación a partir de la reforma energética de 2013. En 2023 expandió su operación con la adquisición de una segunda planta en Cuauhtémoc, Chihuahua. Medios locales y nacionales han publicado reportes que vinculan a García Velasco con investigaciones federales sobre huachicol fiscal, aunque no se ha hecho pública información oficial al respecto.
En el sur del estado, el Grupo Garel —cuya marca comercial es Nexum— opera aproximadamente 83 estaciones de servicio bajo la franquicia de Pemex en Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro, con dominio especialmente marcado en la franja costera del sur tamaulipeco. El grupo también integra divisiones de transporte y almacenamiento de combustible, lo que le permite controlar varios eslabones de la cadena de distribución.
