Por. Josué Sánchez Nieto
Se rumora que pronto estaría llegando al Congreso del Estado una propuesta de reforma electoral en Tamaulipas.
Habrá que estar atentos, ya que todo apunta a que podría tratarse de una armonización con la reciente reforma federal en materia electoral, respaldada en su momento por esta misma Legislatura en un proceso acelerado que dejó cuestionamientos importantes sobre la profundidad del debate legislativo y el análisis de sus implicaciones reales.
Y hay que decirlo con objetividad: existen elementos dentro de este tipo de reformas a los que difícilmente alguien podría oponerse desde una lógica democrática.
La eliminación de la reelección, por ejemplo, representa una discusión válida; lo que en algún momento fue presentado como una herramienta para fortalecer la continuidad institucional, poco a poco comenzó a mostrar riesgos importantes relacionados con la concentración de poder y la consolidación de estructuras políticas permanentes.
La prohibición del nepotismo también atiende una demanda histórica de la ciudadanía. Durante décadas hemos observado cómo determinados grupos políticos y familiares han construido redes de permanencia en distintos espacios de gobierno y, en Tamaulipas, tampoco hemos sido ajenos a estas dinámicas.
La reducción de privilegios, ajustes presupuestales y disminución de recursos públicos destinados a ciertos órganos también suelen generar aceptación social en un contexto donde existe un reclamo legítimo por una mayor eficiencia institucional.
Sin embargo, una reforma electoral no puede, ni debe medirse únicamente por cuánto dinero ahorra o cuántos espacios elimina; también debe evaluarse por sus efectos sobre la representación democrática.
La reducción del número de regidurías y diputaciones, así como el incremento del umbral para acceder a posiciones de representación proporcional del 3% al 5%, podría generar efectos importantes para partidos y grupos políticos minoritarios.
Y aquí conviene recordar algo fundamental: las minorías también representan intereses de personas.
La democracia no consiste únicamente en permitir que las mayorías gobiernen; también implica garantizar que las voces minoritarias tengan la posibilidad de participar, ser escuchadas y formar parte de los procesos democráticos.
Recordemos que los espacios de representación proporcional no surgieron para beneficiar partidos políticos; surgieron para evitar que sectores completos de la sociedad quedaran excluidos de la toma de decisiones públicas.
Además, existe un aspecto que la historia política reciente obliga a recordar: quienes hoy ocupan posiciones de mayoría alguna vez fueron oposición y también fueron minoría política… bajo condiciones restrictivas como las que ahora se plantean, resulta válido preguntarse si habrían tenido las mismas posibilidades de crecimiento, representación y eventual acceso al poder.
Existe además otro tema que durante años ha permanecido pendiente en Tamaulipas y que nuevamente parece quedar fuera de la discusión: la homologación de la elección de gobernador con la elección federal; lo que implicaría materialmente una gubernatura de 2 años.
Recientemente un personaje del gobierno estatal señaló que una medida así podría afectar el desarrollo del estado y “atascar” el desarrollo del estado por 2 años…
Aquí resulta válido preguntarse si esa es realmente la principal razón para mantener una discusión pendiente desde hace tantos años o si existen otros intereses adicionales que han contribuido a retrasar esta importante decisión de fondo…
En fin, en los próximos días seguramente conoceremos el contenido real de esta eventual reforma electoral y el tratamiento que nuestros diputados locales le den…
Ojalá que el debate permita construir acuerdos de altura y decisiones que respondan al interés colectivo de las y los tamaulipecos, entendiendo que las reglas electorales deben diseñarse pensando en fortalecer la democracia y no únicamente en las necesidades de quienes circunstancialmente y de momento ejercen el poder.
