Por Staff
Expreso – La Razón
Las sanciones contra quienes tiren basura en calles, drenes y espacios públicos no solo buscarían frenar la contaminación en Tamaulipas, sino también generar recursos para mejorar la recolección de residuos en los municipios, planteó el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández.
Luego de que en el Congreso del Estado se impulsara una iniciativa para aplicar multas de hasta dos mil pesos, además de trabajo comunitario a quienes arrojen desechos en sitios prohibidos, el titular de SEDUMA consideró que el dinero recaudado podría regresar directamente a fortalecer los servicios de limpieza.
Explicó que esos recursos permitirían atender necesidades que actualmente enfrentan los ayuntamientos, principalmente en el mantenimiento y renovación de unidades recolectoras.
“Lo ideal sería que ese recurso se utilizara para mejorar el servicio de recolección o reparar los daños que se generan”, expresó.
Detalló que entre las acciones que podrían financiarse están la adquisición de nuevos camiones, reparaciones mecánicas y hasta la modernización tecnológica de las unidades encargadas de la limpieza urbana.
Becker Hernández señaló que este tipo de medidas también servirían para medir la respuesta de la ciudadanía ante sanciones relacionadas con conductas que afectan el entorno, al comparar el impacto con campañas aplicadas en otros rubros, como los operativos antialcohol.
“Que quien contamine pague, tiene mucho sentido”, sostuvo.
El funcionario estatal reconoció que todavía existen personas y empresas que continúan desechando basura en lugares prohibidos, incluso en zonas donde ya se han formado tiraderos clandestinos.
Ante ello, explicó que el Gobierno del Estado trabaja paralelamente en habilitar espacios adecuados para la disposición final de residuos de manejo especial, con el objetivo de ofrecer alternativas legales y reducir los focos de contaminación.
Además, hizo un llamado a los municipios para reforzar sus sistemas de recolección de basura, al recordar que se trata de una responsabilidad directa de los ayuntamientos.
“Los municipios se tienen que poner las pilas”.
