El poder se vuelve visible cuando entra en tensión. Es en los momentos de crisis cuando una sociedad descubre la fortaleza de sus instituciones, la solidez de su soberanía y la legitimidad de quienes ejercen la autoridad. Los acontecimientos recientes que han puesto a Sinaloa y Chihuahua en el centro de la discusión nacional han reactivado una de las preguntas fundamentales de la teoría política: ¿dónde reside realmente el poder?
La importancia de esta pregunta trasciende a los actores involucrados. Los nombres y las coyunturas son circunstanciales. Lo verdaderamente relevante es lo que estos episodios revelan sobre el funcionamiento del Estado mexicano y la relación entre autoridad, soberanía y legitimidad.
En Leviatán (1651), Thomas Hobbes sostuvo que la estabilidad política depende de la existencia de una autoridad capaz de garantizar el orden, hacer cumplir la ley y preservar la seguridad. Para él, la gobernabilidad no descansa únicamente en normas o procedimientos, sino en la certeza colectiva de que existe una institución con capacidad efectiva para ejercer autoridad sobre el conjunto de la sociedad.
Desde esta perspectiva, los acontecimientos que hoy ocupan la agenda pública pueden interpretarse como expresiones de una tensión más profunda vinculada a la soberanía estatal.
El caso de Sinaloa abre un debate sobre la autonomía del poder público frente a organizaciones criminales capaces de disputar la influencia, el control territorial y la capacidad operativa. Más allá de las responsabilidades individuales que correspondan a las autoridades determinar, la discusión pone sobre la mesa una cuestión estructural: la capacidad del Estado para preservar la independencia de sus instituciones frente a poderes paralelos.
Por su parte, la controversia surgida en Chihuahua gira en torno a los límites de la cooperación internacional y a las implicaciones que la participación de agentes extranjeros en tareas vinculadas con la seguridad e inteligencia tiene para la soberanía nacional. Se trata de un debate que trasciende lo operativo y alcanza el núcleo mismo de la autoridad estatal.
Aunque distintos, ambos casos convergen en una misma interrogante: la localización efectiva del poder.
La teoría política moderna ha insistido en que la estabilidad de un sistema depende de la claridad con la que se identifica quién ejerce la autoridad última para tomar decisiones. Cuando los grupos criminales desafían al Estado, se ejerce presión interna sobre la autoridad. Cuando actores externos participan en ámbitos estratégicos de seguridad, se ejerce presión sobre la soberanía. En ambos escenarios, se pone a prueba la fortaleza institucional del Estado.
Max Weber definió al Estado como la organización que ejerce con éxito el monopolio legítimo de la fuerza en un territorio. La palabra clave es legitimidad. Los Estados modernos no gobiernan únicamente por su capacidad coercitiva; lo hacen porque la ciudadanía reconoce la autoridad de sus instituciones y confía en que la ley constituye el marco común de la vida pública.
Por ello, la confianza pública es un activo estratégico. La estabilidad política depende tanto de la capacidad de ejercer autoridad como de la de mantener la credibilidad. Un Estado fuerte es aquel que transmite certeza sobre quién toma las decisiones, bajo qué reglas se ejerce el poder y cuáles son los límites que ninguna fuerza paralela puede rebasar.
La discusión que hoy vive México debe entenderse desde esta dimensión estructural. Más allá de personas, partidos o coyunturas, lo que está en juego es la percepción pública sobre la fortaleza de las instituciones encargadas de garantizar la soberanía, la legalidad y el orden constitucional.
La pregunta que Hobbes formuló hace casi cuatro siglos sigue vigente porque toca el núcleo de toda organización política: la relación entre autoridad y legitimidad. Cuando una sociedad tiene claridad sobre dónde reside el poder legítimo, las instituciones se fortalecen. Cuando esa claridad se debilita, la incertidumbre comienza a ocupar su lugar.
Y toda disputa por la soberanía termina siendo, en el fondo, una disputa por la confianza en el Estado.
