En Tamaulipas, en 2022, una pareja de mujeres que tuvo que enfrentar más de un año y medio de trámites, amparos, negativas y actos de discriminación logró que sus hijos fueran registrados con los apellidos de ambas madres.
Si bien, un juez federal había reconocido su derecho, el personal de la Primera Oficialía del Registro Civil, con sede en Tampico, se negó reiteradamente a cumplir la resolución. Durante ese tiempo, la familia tuvo que registrar a los menores como si fueran hijos de una sola madre para garantizarles acceso a servicios de salud, educación y otros derechos básicos.
En casos semejantes, la violación de sus derechos humanos no solo afecta a las personas adultas, las personas más afectadas son las niñas o niños a quienes se les niega el derecho que tiene toda persona a que el Estado reconozca legalmente quiénes son sus madres, padres o personas que ejercen la parentalidad respecto de ella, conocido como derecho a la filiación.
Así como el derecho a la identidad, reconocido en el artículo 4° de la Constitución y en diversos tratados internacionales de derechos humanos. Un derecho que abre la puerta para ejercer otros derechos como el derecho a la salud, el derecho a la educación y el acceso a programas sociales, entre otros.
Este caso refleja una realidad que enfrentan muchas familias homoparentales y lesbomaternales en México. Cuando la ley o las autoridades no reconocen de manera inmediata a ambas madres o ambos padres, quienes terminan pagando las consecuencias son las niñas y los niños.
Por ello resulta relevante la iniciativa presentada recientemente por la diputada Guillermina Magaly Deandar Robinson ante el Congreso de Tamaulipas, mediante la cual se propone reformar diversas disposiciones del Código Civil para garantizar que todas las familias puedan registrar a sus hijas e hijos sin importar la orientación sexual de quienes las integran. La propuesta reconoce que el Estado no debe imponer un modelo único de familia y que todas las formas de organización familiar merecen la misma protección jurídica.
Su función es proteger a todas las personas por igual y remover todos los obstáculos para que la orientación sexual o la identidad de género de las personas no sea utilizada como un argumento para restringir derechos familiares de niñas y niños para que sean reconocidos legalmente por quienes les brindan amor, cuidado y protección desde su primer día de vida.
En una sociedad democrática y plural, el papel del derecho no es decidir qué familias son válidas y cuáles no. Eso lo tienen muy claro la diputada Magaly Deandar quien tiene en su haber diversas iniciativas y reformas aprobadas que evidencian su alto compromiso con la lucha contra la discriminación y en favor de la igualdad.
Una iniciativa que cerraría la puerta a visiones obtusas que, en nombre de una concepción excluyente de la familia, terminan dejando sin nombre, sin identidad plena, sin certeza jurídica y sin igualdad de derechos a niñas y niños que no deberían cargar con las consecuencias de los prejuicios que no les pertenecen.
¿Usted qué opina?
