Por. Nora Marianela García Rodríguez
Cada año, el poder en México convoca una ceremonia; no es un informe, es una renovación del contrato, y el gobernante se planta ante la multitud, enumera lo que hizo, conjura lo que viene y pide, sin decirlo con esas palabras, que el pueblo ratifique su mandato; ese domingo, Claudia Sheinbaum lo hizo desde el Monumento a la Revolución, con pantallas simultáneas en las 32 entidades, bajo el título “Honestidad, resultados, amor al pueblo y a la patria”, con una frase que concentra mejor que ninguna otra la tesis de su gobierno: “México no es piñata de nadie.”
La frase no es retórica sino doctrina; detrás de ella opera una concepción muy precisa del Estado: la idea de que existe una autoridad soberana cuya función primaria es proteger al cuerpo político de las amenazas externas, y que esa protección justifica, por sí sola, la lealtad de los gobernados; el orden antes que la libertad, la seguridad del colectivo antes que las disputas de los particulares; desde esa lógica, los cuestionamientos que llegan de fuera, ya sea de agencias extranjeras, de la ultraderecha estadounidense o de quienes festejan una acusación contra un gobernador mexicano, no son crítica legítima: son agresión al pacto, injerencia en el lenguaje de la presidenta.
El problema de construir un informe sobre ese eje es que la soberanía, presentada como valor supremo, puede volverse el argumento que clausura todos los demás; cuando la defensa de la patria ocupa el centro del relato, los datos que no cierran quedan en la periferia, el discurso se vuelve escudo y los números incómodos se vuelven traición; el segundo informe de Sheinbaum tiene esa tensión adentro, aunque no la nombra.
Los indicadores que presentó no son inventados: inversión extranjera directa de 23 mil 591 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, 10.4% por arriba del mismo periodo anterior; tasa de desempleo de 2.5%; abril con el empleo formal más alto de la historia; el peso como segunda moneda más apreciada frente al dólar en el mundo; balanza comercial positiva en el primer trimestre por primera vez en muchos años; inflación a la baja, con 24 artículos de la canasta básica más baratos en términos reales que en 2024; cifras que, en un contexto de aranceles y guerra en el Golfo Pérsico, representan una estabilidad que no debería subestimarse.
Pero la estabilidad no es lo mismo que el crecimiento, y aquí es donde el informe muestra su límite más serio: la economía mexicana crece poco, consume poco lo que produce adentro y acumula deuda a un ritmo que las principales calificadoras globales ya no están dispuestas a ignorar; Fitch y Moody’s tienen la nota soberana de México en la frontera del peligro, mientras Standard & Poor’s la mantiene en perspectiva negativa, y la dupla de los dos últimos sexenios duplicó la deuda histórica del país; lo que se heredó en posición privilegiada se ha deteriorado paso a paso, y el margen que resta antes de perder el grado de inversión se estrecha con cada trimestre.
Sheinbaum lo sabe, aunque no lo dijo en el informe: el dato más urgente de su agenda es cómo piensa revertir ese deterioro, y los analistas más serios fijan un plazo de otoño de 2027, antes del cual la presidenta necesita una señal inequívoca, no un discurso ni una promesa, sino una decisión que convenza a los mercados de que México no va al precipicio fiscal; las opciones están sobre la mesa: recorte sustancial de gasto, apertura del sector energético a inversión privada, infraestructura productiva real, correcciones a la reforma judicial; ninguna es ideológicamente cómoda para la 4T, aunque todas son fiscalmente necesarias.
Hay en esto una tensión que ningún informe puede resolver mediante la retórica; las instituciones no se sostienen solo por la legitimidad que les otorga el origen electoral, sino también por su capacidad de entregar resultados en el tiempo, y una mayoría histórica en las urnas no garantiza la viabilidad del Estado si las condiciones materiales de la población se deterioran; la confianza que construye el voto popular se erosiona desde abajo, no desde los editoriales de la oposición, sino desde la factura del mercado, desde la deuda que vence, desde la inversión que no llega porque el marco jurídico no genera certeza; el contrato social no se rompe solo por golpe o conspiración, se deshilacha también por el desgaste lento de las condiciones económicas.
La presidenta lo sabe, por eso su informe no es solo un recuento; es una demostración de autoridad, y los datos lo sostienen: el 49% de reducción en homicidios desde septiembre de 2024, los 54 mil 297 objetivos prioritarios detenidos, las 402.8 toneladas de droga incautadas, los 85 funcionarios públicos procesados, cumplen una función política precisa: probar que el Estado existe, que llega, que castiga; un gobierno que necesita demostrar eso es un gobierno que alguna vez tuvo que admitir que no era así, y la magnitud del dato revela, tanto como los logros, la profundidad del daño heredado, lo cual tiene algo genuino: la reducción sostenida de la violencia en un país que vivió décadas de masacre sistemática no es un indicador menor, sino la condición mínima para que cualquier otra política pública tenga piso.
Lo que el segundo informe revela, en su conjunto, no es un gobierno en crisis: es un gobierno que administra con destreza la herencia más sólida de la 4T, los programas sociales, la paz laboral, el salario mínimo real más alto en décadas, la jornada de 40 horas, el IMSS-Bienestar consolidado en 24 estados; pero que todavía no ha dado la señal que el ciclo económico exige; las reformas estructurales que podrían destrabar el crecimiento siguen aplazadas bajo el argumento de la soberanía o de la continuidad ideológica, y ese aplazamiento tiene costo: no solo en puntos de calificación crediticia, sino en empleos que no se generan, en inversión que se va a otros destinos, en infraestructura que no se construye.
La soberanía se defiende también con viabilidad fiscal; un Estado que no puede pagar su deuda deja de ser soberano de la única manera que duele de verdad: pierde capacidad de decidir, y México no es piñata de nadie, dice la presidenta, con razón; precisamente por eso, los 18 meses que le restan antes de que las calificadoras definan su veredicto final no deberían gastarse en guiones políticos, sino en decisiones.
