12 julio, 2026

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Rusia prepara niños ucranianos como sus futuros soldados

Organismos denuncian violaciones graves al derecho internacional, a los derechos humanos y probables crímenes de lesa humanidad y de guerra
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Staff

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Un nuevo informe reveló que 20 mil 610 niños ucranianos deportados a Rusia y aproximadamente 1.6 millones de menores que viven en territorios ocupados por las fuerzas rusas son sometidos a un adoctrinamiento militar, bajo una política de Estado que busca borrar su identidad ucraniana y convertirlos en soldados de la Federación Rusa.

De acuerdo con el informe, elaborado por una comisión de expertos independientes bajo el Mecanismo de Moscú de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), hay evidencias de violaciones graves al derecho internacional y a los derechos humanos, así como posibles crímenes de lesa humanidad y de guerra.
El pasado 14 de mayo, 41 miembros de los 57 que integran la OSCE —fundada en 1975, actualmente es la organización de seguridad regional más grande del mundo— solicitaron enviar a una comisión independiente a investigar la militarización y el adoctrinamiento de niños ucranianos por parte de Rusia.

Tres expertos fueron designados a la misión: el profesor Hervé Ascensio, la doctora Elīna Šteinerte y el profesor Stefan Wolff. Los especialistas contaron con la cooperación de Ucrania durante la investigación, lo que les permitió visitar el país y tener acceso a información pertinente; sin embargo, Rusia no cooperó.

En el informe, publicado el 9 de julio de 2026, los expertos afirmaron que “Rusia ha construido un sistema organizado para borrar la identidad nacional de los niños ucranianos mediante una política sostenida de adoctrinamiento y militarización”.
Subrayaron que estas prácticas no son hechos aislados; integran “legislación, educación, política juvenil, ciudadanía y estructuras militares” en un aparato edificado por el Kremlin para extirpar la identidad nacional de los niños ucranianos y “prepararlos para servir a la Federación de Rusia”.

El documento se publica tras un reporte previo emitido en mayo de 2023 que abordó la deportación ilegal y el traslado forzoso de niños ucranianos. En el nuevo documento se informó que 20 mil 610 menores han sido deportados a Rusia.

Entre ellos, más de cuatro mil están huérfanos o han sido privados de cuidado parental mediante acciones para impedir la reunificación familiar. Además, sólo dos mil 274 menores han retornado a Ucrania.

De acuerdo con los investigadores, el sistema de adoctrinamiento militar afecta tanto a las niñas y los niños deportados por la fuerza a Rusia como a quienes permanecen bajo control ruso en las regiones ocupadas de Crimea, Donetsk, Luhansk, Jersón y Zaporiyia. Las estimaciones sugieren que aproximadamente 1.6 millones de niños en edad escolar permanecen en territorios bajo control ruso.

Crimea fue anexionada ilegalmente por Rusia en 2014, mientras que el resto de los territorios bajo ocupación rusa fueron invadidos a partir del 24 de febrero de 2022, cuando inició el conflicto bélico reciente más intenso entre ambas naciones.

Actualmente Rusia controla una quinta parte del territorio de Ucrania, aunque reportes del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos (CSIS) de Washington indican que el frente apenas se ha modificado en los últimos cuatro años, lo que indica “una guerra de desgaste”, caracterizada por un alto índice de bajas, un gasto masivo de material y un movimiento limitado en las líneas del frente.

El informe documenta una ruta progresiva de adoctrinamiento y militarización:
• A partir de los seis años: propaganda obligatoria.
• A partir de los 13 años: entrenamiento militar.
• A partir de los 16 años: notificaciones previas al servicio militar.
• A partir de los 18 años: conscripción.

De acuerdo con el reporte, el sistema se ha implementado mediante la educación y la ciudadanía obligatoria. En los salones de clases denuncian que se ha sustituido por completo el currículo ucraniano, se ha eliminado el idioma ucraniano de los estudios y se abordan libros de historia con narrativa oficial rusa.

Asimismo, se ha creado el programa «Razgovory o Vazhnom» («Conversaciones sobre lo importante») que se imparte todos los lunes por la mañana en todos los grados desde preescolar. El programa busca formar «valores espirituales y morales de acuerdo con la Estrategia de Seguridad Nacional» con narrativas a favor de la guerra.

Las lecciones incluyen el izado de la bandera y el himno nacional ruso y se pretende persuadir a los niños en los territorios ocupados de que son «pueblo ruso» y que los «soldados rusos son héroes», para borrar la identidad nacional ucraniana y reemplazarla por una identidad civil rusa.

Además se ha creado la materia «Fundamentos de Seguridad y Defensa de la Patria» obligatoria para los grados 8 a 11 desde 2024, que incluye formación en manejo de armas, operación de drones y medicina táctica.

Mientras tanto, se han formado centros de entrenamiento en armas y drones para adolescentes de 14 a 18 años y “Yunarmiya”, una organización juvenil militar-patriótica, cuya membresía facilita el ingreso a universidades militares.

El informe documenta que el sistema se sostiene mediante mecanismos de coerción como amenazas de retirar la patria potestad; visitas casa por casa realizadas por funcionarios escolares y fuerzas de seguridad; despidos, hostigamiento y detenciones de docentes; prohibición del idioma ucraniano en espacios públicos; investigaciones contra niños por publicaciones en redes sociales, y ciudadanía rusa obligatoria para acceder a servicios básicos, como salud.

«El informe de la misión de expertos del Mecanismo de Moscú de la OSCE es el primero en establecer a nivel internacional que las acciones de Rusia contra la niñez ucraniana no son crímenes aislados ni violaciones incidentales, sino una política de Estado deliberada”, consideró Andrii Sybiha, ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania.

El papel de las empresas y organizaciones religiosas

Además de señalar las acciones implementadas por el gobierno ruso a través del sistema educativo y la obligatoriedad de la ciudadanía, el informe de la OSCE también expone el papel de las empresas rusas y la Iglesia Ortodoxa, a las que señala como cómplices de las violaciones a los derechos humanos de las infancias ucranianas.

De acuerdo con investigaciones de Yale, entre 2022 y 2025, Gazprom y Rosneft —los dos conglomerados energéticos estatales más grandes de Rusia— financiaron y facilitaron el transporte o la reeducación de aproximadamente dos mil 158 niños ucranianos provenientes de territorios ocupados.

Al respecto se indica que, en 2023, las subsidiarias de Gazprom coordinaron una campaña que proporcionó más de mil cupones (vouchers) para que niños ucranianos asistieran a campamentos de reeducación y el sindicato de Rosneft patrocinó de forma similar a niños de Donetsk, Luhansk y Zaporiyia.

A ello se suma que documentaron que Gazprom ha permitido que se realicen actividades de entrenamiento militar, como tiro con rifle, lanzamiento de granadas y otras dentro de sus instalaciones.

Por otra parte, el informe de la OSCE califica a la Iglesia Ortodoxa Rusa (IOR) como un pilar de los esfuerzos de adoctrinamiento, al legitimar la invasión como una «guerra sagrada” y presenta la militarización como un deber moral.

Además, la IOR opera centros (como el Centro Educativo Ortodoxo de San Sergio en la región de Moscú) para albergar a niños ucranianos bajo el pretexto de «rehabilitarlos poco a poco».

Por lo anterior, los expertos destacaron que el sistema de adoctrinamiento no es sólo un esfuerzo gubernamental, sino que involucra a toda la estructura del Estado ruso.

“La militarización, el adoctrinamiento, la asimilación forzada y la deportación sirven a un solo objetivo: destruir la identidad de toda una generación”, concluyó el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania.

Mientras la guerra entre Ucrania y Rusia continúa estancada en el frente, diversas organizaciones han resaltado el impacto del conflicto armado sobre la población civil, desde las víctimas de los ataques aéreos, hasta los miles de niños y niñas separados de sus padres y obligados a recibir una educación que los incita a la violencia. Bajo esta óptica, el informe concluye que cualquier negociación de paz en la región debe tener en el centro el bienestar de los menores afectados.

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