La nueva Ley General contra el Feminicidio, que será homologada en todo México, incluye 19 nuevas agravantes y penas, de 50 a 70 años de prisión para los agresores. Por primera vez, reconoce a las mujeres periodistas y activistas como un grupo vulnerable por la labor que desempeñan, y establece esta condición como un elemento para elevar el castigo en los casos de feminicidio.
La inclusión de mujeres periodistas y activistas dentro de las 19 agravantes, responde a una realidad, que se colocó en la ley, al considerar que existen grupos de mujeres que enfrentan un mayor riesgo de ser víctimas de feminicidio debido a las actividades que realizan.
En el caso de las mujeres periodistas, su inclusión resulta necesaria porque enfrentan un doble riesgo: por ser mujeres y por ejercer una actividad periodística. La investigación y difusión de información, particularmente cuando se relaciona con temas de corrupción, violencia o abuso de poder, las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad.
En el caso de las mujeres activistas, se reconoce que sus luchas sociales pueden tocar intereses, al defender diversas causas y derechos, y que algunas han sido asesinadas precisamente por la labor que realizan; en Tamaulipas tenemos el caso Miriam Elizabeth Rodríguez, una madre buscadora, que logró encarcelar a los responsables de la muerte de su hija, y en el 2017, fue asesinada, un diez de mayo.
Por eso su inclusión dentro de las agravantes resulta necesaria. No porque la ley deba hacer una distinción entre la vida de unas mujeres y otras, sino porque debe reconocer las circunstancias específicas en las que ocurrieron los asesinatos; aunque esto no es un consuelo para el gremio periodístico femenino, frente a una vida perdida, sí puede contribuir a prevenir este tipo de violencia.
En el caso de las mujeres periodistas, existe una condición de riesgo que no puede ignorarse. Son mujeres, pero además ejercen una profesión que, en determinados contextos, puede exponerlas a amenazas, agresiones y ataques relacionados directamente con su trabajo. El problema hoy es que el reconocimiento legal no ha detenido la violencia.
Las periodistas y las activistas siguen siendo asesinadas. La ley puede establecer agravantes, aumentar las penas y reconocer que una víctima pertenecía a un grupo en situación de riesgo. Pero después del crimen, ese reconocimiento ya no protege a la mujer que fue asesinada. Por eso la discusión no debe terminar en la incorporación de nuevas agravantes al Código Penal. La pregunta también debe ser qué se está haciendo antes de que ocurra el feminicidio.
Además de las mujeres periodistas y activistas, la propuesta contempla como agravantes que la víctima sea menor de edad, esté embarazada, sea una persona adulta mayor, tenga alguna discapacidad, o se encuentre en una situación migratoria vulnerable. También considera el uso de sustancias químicas y que el agresor sea un funcionario público, aunque esta última agravante no necesariamente aplicaría en todos los casos.
Se plantea también la pérdida de derechos sucesorios y de la patria potestad. En este punto, la medida parece innecesaria: si el agresor es sentenciado y se encuentra en prisión, difícilmente podría ejercer el cuidado de sus hijas e hijos. La pérdida de la patria potestad, en estos casos, parece una consecuencia lógica de la sentencia, más que una agravante del delito.
Pero el problema de fondo permanece: las leyes, por sí solas, no disminuyen la incidencia delictiva. Se requiere una procuración de justicia sólida y honesta, así como un sistema judicial en el que no tengan cabida las influencias, ni las llamadas “palancas”, ni la cultura machista que persiste en algún apartado de las personas juzgadoras y procuradoras de justicia.
Los casos que llegan a la opinión pública muestran que el influyentismo no ha desaparecido por completo de las estructuras de justicia. El reciente caso del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez, acusado de violencia, que obtuvo su libertad pese a tratarse de un delito que se persigue de oficio, vuelve a poner el tema sobre la mesa. Y la pregunta es inevitable: ¿cuántos casos similares no llegan a ser públicos?
Porque una reforma puede aumentar las penas y sumar agravantes. Pero mientras la justicia siga dependiendo de quién es el acusado, de sus relaciones, o de su capacidad de influencia, ninguna modificación legal será suficiente.
