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Expreso-La Razón
Las estadísticas oficiales ubican a Tamaulipas por debajo de la media nacional en incidencia de extorsión. Pero detrás de esas cifras existe un fenómeno que especialistas, cámaras empresariales y las propias encuestas de victimización coinciden en señalar: la mayoría de los casos de extorsión en el estado nunca llega a una carpeta de investigación.
El tema vuelve a cobrar relevancia en el contexto de lo ocurrido en Matamoros esta semana, cuando la empresa Sabritas sufrió un incendio que arrasó con todo su parque vehicular, sin que a la fecha se haya descartado ninguna hipótesis sobre el origen del fuego.
De acuerdo con el diagnóstico 2025 de la Fiscalía General de Justicia del Estado, elaborado con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tamaulipas registra una tasa de 3.01 extorsiones por cada 100 mil habitantes, por debajo del promedio nacional.
En febrero, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Willy Zúñiga, atribuyó una reducción de entre 10% y 25% al monitoreo en tiempo real y a la conexión de más de mil negocios al sistema de videovigilancia C5, particularmente en la zona norte del estado.
Esa lectura, sin embargo, contrasta con la que ofrecen las mediciones centradas en la denuncia efectiva. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, documentó que a nivel nacional solo 9.6% de los delitos cometidos en 2024 fue denunciado, una caída respecto al 10.4% registrado en 2023.
La cifra negra —el conjunto de delitos que no se denuncian o que, habiéndose denunciado, no derivan en una carpeta de investigación— alcanzó 93.2% del total.
El fenómeno se agudiza en el caso específico de la extorsión. El Índice de Extorsión de Coparmex, presentado por la confederación patronal el 11 de mayo pasado, calculó que durante el primer trimestre de 2026 se iniciaron 2 mil 915 carpetas de investigación por este delito en todo el país, mientras que 97% de los casos —aproximadamente 94 mil 251 hechos— no fueron denunciados.
El índice atribuye ese subregistro no solo al temor a represalias del crimen organizado, sino también a la desconfianza en las autoridades estatales y municipales y a la percepción de que las denuncias no producen resultados.
En Tamaulipas, la situación se documenta con particular intensidad en los municipios fronterizos, donde múltiples actividades económicas padecen del cobro de extorsión.
El costo de no denunciar
Especialistas en seguridad han señalado de forma reiterada que la baja incidencia estadística de Tamaulipas no equivale a la ausencia del delito. La advertencia se repite en distintos análisis: los números bajos pueden estar asociados a una cifra negra persistente por temor a denunciar, más que a una disminución real de los hechos.
Esa lectura encuentra respaldo en el comportamiento del propio sistema de justicia.
El reporte especial de incidencia delictiva de Integralia Consultores, con corte a agosto de 2025, documentó que a nivel nacional, aun cuando se abrió carpeta de investigación en 70.5% de las denuncias presentadas, 79.9% de esas carpetas no tuvo conclusión, y apenas 0.8% del total de delitos estimados terminó con una sentencia. El mismo reporte señaló que la extorsión, junto con el fraude y el robo o asalto en calle o transporte público, concentra cerca de la mitad de los delitos cometidos en el país.
La consecuencia de ese engranaje —pocas denuncias, pocas carpetas concluidas, sentencias mínimas— es que la extorsión se sostiene como un delito de bajo riesgo para quien lo comete y de bajo incentivo para quien lo padece, en la medida en que la probabilidad de que una denuncia derive en una sanción es estadísticamente marginal.
Aunque la mayoría de los casos no llega a una carpeta de investigación, sus efectos económicos han sido documentados por consultoras especializadas. Eduardo Guerrero, fundador de Lantia Intelligence, advirtió en junio pasado que en Tamaulipas, junto con Sinaloa, Baja California y Guanajuato, se han registrado casos de negocios que dejaron de operar y de desarrollos inmobiliarios suspendidos durante su construcción por amenazas y cobros ilegales.
Según el consultor, las empresas afectadas enfrentan lo que definió como un «impuesto criminal», que oscila entre 10% y 20% de sus ingresos.
Ese impacto ha llevado a un cambio en el marco legal del estado. Desde el 10 de diciembre de 2025, Tamaulipas cuenta con la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, publicada mediante el Decreto 66-904, con la que la entidad homologó su legislación al marco nacional en la materia. El sector empresarial reconoció el avance normativo, aunque urgió fortalecer las capacidades operativas e institucionales necesarias para que la ley se traduzca en resultados, en un contexto donde persiste la percepción de que la extorsión no se denuncia porque no se resuelve.
La respuesta institucional se ha reforzado en el terreno de la coordinación con el sector privado. En febrero de este año, el gobierno estatal, autoridades municipales de Matamoros y comerciantes anunciaron un plan conjunto contra la extorsión y el cobro de piso, luego de detectar bandas delictivas que se hacían pasar por funcionarios municipales, con documentación falsa, para exigir pagos a comercios establecidos.
Más recientemente, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la alcaldesa de Tampico y los presidentes de las siete cámaras de comercio del estado firmaron un pacto contra la extorsión, formalizado en los municipios de Tampico y Reynosa.
Señales contrastantes
El Observatorio Ciudadano Tamaulipas, con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reportó que entre mayo de 2025 y abril de 2026 la extorsión fue uno de los ocho delitos, de un total de doce prioritarios, que registraron incremento en Ciudad Victoria, junto con el robo con violencia, el robo de vehículos y el robo a negocios.
El director del organismo, Antonio Centeno, precisó que, si bien la capital del estado mantiene indicadores mejores que el promedio nacional en algunos rubros, persisten retos importantes relacionados con este tipo de delitos patrimoniales.
Un episodio reciente ilustra la dificultad para distinguir entre la incidencia registrada y la real.
El 29 de julio, un incendio consumió 57 camiones de una empresa refresquera en Matamoros. Entre las líneas de investigación que las autoridades mantienen abiertas está la posibilidad de que el siniestro esté relacionado con un caso de cobro de piso, aunque a la fecha no se había confirmado el origen del fuego.
El caso se suma a un patrón ya documentado en el sector transporte: empresarios tamaulipecos han denunciado de manera reiterada cobros irregulares por parte de agentes de tránsito en municipios de Nuevo León, en operaciones que afectan la logística de sus negocios y que, en su mayoría, tampoco se traducen en denuncias formales ante la autoridad correspondiente.
La brecha entre percepción, victimización real y registro administrativo es parte del problema que documentan las mediciones especializadas. Mientras la ENVIPE 2025 ubicó a Tamaulipas con la segunda tasa más baja del país en víctimas de delito en general —16,537 por cada 100 mil habitantes, frente a un promedio nacional de 24,135—, ese dato corresponde a la victimización delictiva agregada y no aísla el comportamiento específico de la extorsión, cuyo subregistro, de acuerdo con las mediciones especializadas de Coparmex, es sustancialmente mayor al del resto de los delitos patrimoniales.
Doce años: apenas 98 sentencias
Los datos oficiales de procuración de justicia confirman, en el caso específico de Tamaulipas, la magnitud de la brecha entre denuncia y sanción. De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT), entre 2010 y 2014 se abrieron mil 043 averiguaciones previas por el delito de extorsión en el estado, encabezadas por Victoria con 221 casos, seguida de Nuevo Laredo con 192, Tampico con 148 y Ciudad Madero con cifras cercanas a las 100.
Entre 2015 y 2025, la cifra de carpetas de investigación integradas por este delito ascendió a mil 400, con los primeros cinco lugares de denuncia concentrados en Victoria, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y Tampico. A partir de 2017, la Fiscalía comenzó a clasificar el delito por modalidades: la extorsión telefónica, orientada a solicitar dinero directamente a la víctima, se consolidó como la más recurrente, con cerca de mil denuncias acumuladas hasta 2025. El cobro de piso se ubicó como la segunda modalidad más identificada, seguida de la extorsión para solicitar dinero por otras vías, aunque ninguno de estos subtipos superó las 100 denuncias en la última década.
En los primeros cuatro meses de 2026 se reportaron 17 denuncias por extorsión consumada y 12 más por tentativa, mientras que 2025 cerró con 115 denuncias del delito.
De las carpetas integradas en los últimos diez años, solo 140 fueron judicializadas, es decir, llevadas ante un órgano jurisdiccional. El año con mayor judicialización fue 2018, con 21 carpetas turnadas; en 2022 y 2024 los órganos jurisdiccionales aceptaron 18 asuntos cada año, y en 2019 se judicializaron 17 más.
El resultado final del proceso —la sentencia— concentra la brecha más amplia de todo el sistema. En la última década, tribunales de enjuiciamiento sentenciaron a apenas 98 personas por el delito de extorsión en Tamaulipas, tres de ellas durante 2026. El año con más sentencias fue 2017, con 41 personas condenadas; le siguió 2018, con 16; 2020, con 13; 2021, con 14, y 2022, con 10. En contraste, 2019 registró el resultado más bajo del periodo, con una sola sentencia dictada.
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