CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Las políticas federales en materia de seguridad pública, las cuales desde 2010 han sido modificadas, aumentadas y reenfocadas, han obligado a Tamaulipas a una inversión de más de 820 pesos anuales por habitante en seguridad pública, para desaparecer las policías municipales, formar una nueva policía estatal, limpiar las corporaciones de seguridad y procuración de justicia, instituir órganos de acreditación y control y llevar a la vigilancia policíaca a un estándar internacional.
Este gasto se realiza con subejercicios anuales de casi un 50 por ciento en promedio, reenfoques en las prioridades, atrasos de la Secretaría de Hacienda en la ministración de los fondos, excesos de trabas y requisitos para retirar los fondos, además de fallas en la misma operación de la burocracia estatal.
Estos fondos para la seguridad no provienen de fondos federales ni se limitan a vehículos, uniformes, gasolina, viáticos, equipo de protección, armamento, equipo de radiocomunicación y podrían superar los tres mil 100 millones de pesos anuales en promedio contando el gasto de las dependencias encargadas del ramo.
En 2010 se denunciaron en Tamaulipas 5.4 delitos por hora, cifra que ha bajado cuatro décimas de punto y pero la cifra de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en delitos como homicidio, este año podrían ser del orden de 17, ya por debajo de la meta de 20 homicidios por 100 mil habitantes.
Una revisión a la aplicación de los recursos por parte del Gobierno de Tamaulipas y una estimación del gasto que realizan en la entidad las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) Marina Armada de México (Semar) Gobernación (Segob) y de Seguridad Pública (SSP) muestran un gasto continuado, cuyos fondos ni se entregan a tiempo ni se gastan en el mismo ejercicio.
Para recibir los diversos fondos y subsidios para seguridad pública, el erario de Tamaulipas debe pagar primero un 25 por ciento de lo que es la inversión total, por ejemplo, de los 369 millones del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para el 2015, 71.4 millones de pesos deben ser aportados por el estado y ese pago es requisito para recibir los fondos.
De los 254 millones de pesos que por concepto del Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios (Subsemun) que recibe Tamaulipas, un 25 por ciento, unos 51 millones de pesos, deben ser aportados por el Estado y los municipios antes de recibir cada una de las dos ministraciones.
También Tamaulipas recibirá 80 millones de pesos este año del Subsidio para la Policía Acreditable, pero para ello ha debido año con año cumplir la meta anual de reclutamiento, capacitación y evaluación de confianza, la cual en 2014 fue de mil 132 nuevos policías acreditados o policías que ya pasaron una evaluación y fueron reexaminados y reevaluados.
El 80 por ciento del Subsemun los recibe el Gobierno Estatal debido a que es el que presta el servicio de seguridad pública en los municipios, pero pese a que hay altos índices delincuenciales en al menos 23 de los 43 municipios, la Federación sigue considerando para este subsidio solamente a Altamira, Ciudad Madero, El Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Tampico, Valle Hermoso y Victoria.
En la entidad otros municipios como los de la Frontera Ribereña, Guerrero, Díaz Ordaz, Mier, Camargo y Miguel Alemán, además de Abasolo, Hidalgo, Jiménez, Padilla, San Fernando y Soto La Marina, tienen altos índices de delitos violentos y de robos.
En dichos municipios es el estado el que debe sufragar por entero el costo de la vigilancia preventiva, que se realiza con unos dos mil policías de Fuerza Tamaulipas y dos mil 790 soldados del Ejército Mexicano, que prestan el servicio de policía preventiva, a estos últimos, el Gobierno de Tamaulipas les paga los viáticos, combustible, uniformes y les otorga un bono de dos mil pesos mensuales.
Tamaulipas ha recibido de la Secretaría de Gobernación en los últimos años, un promedio de 23 millones de pesos como Socorro de Ley para los reos del fuero federal, de 50 a 52 pesos diarios para alimentación, higiene y servicios de salud por reo, por lo que la entidad debe aportar al menos 40 pesos diarios más por reo federal recluido en prisiones estatales, unos 18 millones de pesos anuales.
Los gastos que se derivan del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, se reparte para diversos programas dentro del Sistema Estatal de Seguridad Pública y de la Secretaría de Seguridad Pública, en áreas como Fuerza Tamaulipas, el Sistema Penitenciario, el Centro de Control de Confianza, la Red Nacional de Telecomunicaciones, el Registro Público Vehicular, el Servicio de llamadas de Emergencia, el Sistema Nacional de Información y el proceso de reclutamiento, capacitación y evaluación de los nuevos policías.
MUCHOS GASTOS
Solamente en el reporte del uso de recursos federales para primer trimestre de este 2015 se detallan compras de vehículos por 532 millones de pesos, pero los fondos corresponden a cinco ejercicios diferentes, 2009, 2011, 2012, 2013 y 2014, del FASP.
Para el “equipamiento de instancias de seguridad” en el informe de uso de recursos federales del cuatro trimestre del 2014 se anota un inversión en proceso por 138 millones de pesos, para “Equipamiento de Instancias de Seguridad”, otras de 175 millones para “Equipamiento para Seguridad Pública, Procuraduría, C3 y Supremo Tribunal De Justicia” y 152 millones de pesos en obras dentro de los centros penitenciarios.
También en proceso se anota una inversión para “Equipamiento de la Red Nacional, Adquisición De Equipo de Transporte, Adquisición y Mantenimiento a Videovigilancia” por casi 80 millones de pesos.
Para el Centro de Evaluación en Control de Confianza se muestra en el primer trimestre del año una edificación con un costo proyectado en casi 46 millones de pesos, cuyo adelanto no ha sido reportado contablemente porque el reporte de uso de fondos federales para el segundo trimestre de este año, que debería haberse publicado a final de julio en el Periódico Oficial del Estado, aún no se ha dado a conocer.
Retrasos en las ministraciones, la lentitud de la tramitología para licitar o realizar los contratos o adquisiciones y el mismo burocratismo estatal, derivan que para enero de este el reporte sobre la aplicación del “Recurso del FASP del año vigente ejercido por la entidad federativa”, cuya meta era del 100 por ciento, se había ejercido solamente al 49.42 por ciento.
Los gastos que deben realizarse con los recursos para seguridad pública van desde armas y municiones, camionetas, hasta comida para reos, papel, material impreso e información digital, material eléctrico y electrónico, vestuario y uniformes, prendas de seguridad y protección personal, equipo de protección y productos textiles como camisetas, camisas, gorras.
También hay una aportación de dos millones de pesos de la Secretaría de Gobernación para la Evaluación de los Distintos Programas o Acciones.
En total la inversión anual promedio, que mezcla recursos de varios ejercicios, debido a las obras en proceso, retrasos en las ministraciones y en la entrega de bienes o edificaciones, suma unos 770 millones de pesos de recursos federal de los diversos fondos y unos mil millones de pesos de recursos fiscales estatales.
Si a estos gastos se le suma el gasto corriente de las corporaciones de seguridad y procuración de justicia, la suma aumenta en dos mil millones de pesos más.
También prendas de protección para corporaciones de seguridad pública y nacional, refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información, refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información, arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo; servicios legales, de contabilidad, auditoría; servicios de capacitación, seguro para bienes patrimoniales.
Además, instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información, muebles de oficina y estantería muebles de oficina y estantería; equipo de cómputo y de tecnologías de la información, equipos de administración, aparatos audiovisuales, cámaras fotográficas y de video.
También sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial; equipo de comunicación y telecomunicación; software y licencias informáticas; herramientas; servicios de telecomunicación y satelitales; aparatos de radiocomunicación, maquinaria y equipo industrial, equipo de laboratorio.
Todo lo anterior forma parte de lo que se paga con un 75 por ciento de recursos federales y un 20 por ciento de recursos estatales y cinco por ciento de recursos municipales, pero hay gastos que corren al cien por ciento por parte del erario estatal, como los 370 millones de pesos que se otorgan como bono a soldados y marinos que desde sus corporaciones trabajan en tareas de vigilancia.
