Perry fue acusado en agosto pasado por un gran jurado del Condado de Travis en Austin de cargos de “abuso de capacidad oficial” y “coerción de un servidor público”.
Los cargos se desprenden de los esfuerzos del entonces gobernador para obligar a la procuradora del condado de Travis, la demócrata Rosemary Lehmberg, a renunciar a su cargo tras ser detenida por conducir en estado de ebriedad.
Lehmberg fue arrestada por agentes del sheriff del Condado de Travis con una botella de vodka abierta en la parte delantera de su automóvil.
La procuradora se declaró culpable y cumplió una sentencia de 45 días de cárcel, pero se negó a renunciar a su cargo.
La acusación contra Perry se centra en el veto que el entonces gobernador decretó en junio de 2013 para bloquear la entrega de 7.5 millones de dólares aprobados por la legislatura estatal para financiar una unidad de integridad pública dirigida por Lehmberg.
Esta es la segunda ocasión en que el juez Richardson niega a los abogados defensores de Perry una petición para desechar el caso.
Richardson dijo este martes que en este punto del proceso, la ley estatal no le permite decidir si ésta está siendo aplicada en forma anticonstitucional contra Perry, como argumentan sus abogados.
“Para ponerlo de una forma simple, las manos de la Corte están atadas”, escribió Richardson al negar la petición de los abogados del exgobernador. El equipo de defensa de Perry informó que apelará la decisión del juez.