MADRID, España.- La aprobación de la llamada “ley mordaza” que endurece las sanciones a los ciudadanos que alteren el orden público y ofrece mayor blindaje a la Policía, generó en España protestas generalizadas.
Las organizaciones humanitarias y los partidos de Oposición que votaron en bloque contra la reforma, consideran que la normativa impulsada por el gobernante Partido Popular (PP) tiene un carácter retrógrado y restringe las libertades de los españoles.
A pesar de que la ley de Seguridad Ciudadana fue suavizada en su trámite parlamentario por el PP ante las críticas de la Oposición en su conjunto, la nueva normativa convierte en faltas graves las concentraciones populares que perturben el orden público y castiga severamente cualquier desafío a la autoridad, entre otras medidas.
“La ley de seguridad ciudadana amplía los poderes policiales sin establecer mecanismos de supervisión y rendición de cuentas”, señaló a REFORMA Virginia López, responsable de política interior de Amnistía Internacional (AI).
La organización humanitaria, al igual que otras agrupaciones civiles, manifestaron su preocupación por los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes antimotines en el transcurso de las manifestaciones, algo que la ley busca legitimar.
También alertaron de crecientes restricciones al derecho de reunión.
“La ley ataca la libertad de expresión, de información y de reunión, al ampliar los delitos, tanto de terrorismo como de desórdenes públicos, y sigue sin tipificar de manera adecuada los crímenes de derecho internacional como la tortura”, agregó la portavoz de AI.
La conocida popularmente como “ley mordaza” fue aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 26 de marzo con los votos del PP (181) y el rechazo de la Oposición en su conjunto (140).
La nueva reglamentación que refuerza el control policial sobre las protestas populares, establece fuertes multas por alterar drásticamente la seguridad ciudadana.
Las sanciones más graves pueden llegar a los 600 mil euros en el caso de manifestaciones prohibidas ante infraestructuras críticas del país, como las centrales nucleares.
Los desórdenes públicos frente a instituciones como el Parlamento pueden ser sancionados con 30 mil euros de multa.
La resistencia y desobediencia grave a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones serán penalizadas a partir de ahora con penas de tres meses a un año de cárcel.
Participar en una manifestación no autorizada puede implicar el pago de 600 euros de sanción, la misma multa que será impuesta a quienes traten desconsideradamente a los agentes.
También se sancionará a los que usen imágenes grabadas de los policías que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, lo que limita la labor de los fotógrafos de prensa y los usuarios de redes sociales a la hora de difundir imágenes de las manifestaciones y posibles abusos policiales.
La nueva ley, que entrará en vigor el 1 de julio de 2015, castiga también a las personas que traten de impedir por la fuerza un desahucio, que pueden ser multadas con 30 mil euros, y permite la identificación y los cacheos de ciudadanos cuando la Policía lo considere razonable para prevenir un delito.
El Gobierno de Mariano Rajoy impulsó el endurecimiento de la legislación que regula el orden público luego de que se multiplicaran las manifestaciones de protesta en las calles españolas por la grave crisis que estalló en 2008.
En los últimos años, organizaciones civiles de izquierda como Coordinadora 25S han exhortado en reiteradas ocasiones a los ciudadanos a rodear el edificio del Congreso de los Diputados en protesta por las políticas de recortes.
Varias de las manifestaciones se saldaron en un ambiente de extrema tensión con decenas de detenidos y enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía que empleó un uso excesivo de la fuerza para disolver las concentraciones, según denunciaron colectivos sociales y partidos de Oposición.
La nueva ley tiene entre otros objetivos impedir la actuación de los grupos más radicales, sobre todo en las cercanías de las instituciones del Estado.
“Mejora (la ley) las condiciones de la seguridad ciudadana, con respeto a la libertad y a la seguridad jurídica. Cuando se aplique la ley se verá que queda garantizada la libertad”, señaló el Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz.
Sin embargo, los partidos de Oposición en bloque, desde la izquierda socialista y comunista hasta la derecha nacionalista catalana y vasca, pasando por los ecologistas, califican la normativa de innecesaria y punitiva, que acerca a España a un Estado policial.
Los partidos de Oposición presentaron más de 2 mil enmiendas al articulado durante los 16 meses que duró el peregrinaje parlamentario de las nuevas normativas en el Congreso de los Diputados y el Senado.
La mayoría absoluta de la que goza el PP en la cámara legislativa permitió a la formación gobernante aprobar el polémico paquete de medidas que castigan con más severidad los delitos contra la autoridad y los desórdenes públicos en España.