MÉXICO, D.F.- Tras realizar 15 foros, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) entregará al Presidente Enrique Peña Nieto 20 propuestas para mejorar la justicia cotidiana en el País.
El 27 de noviembre del 2014, como parte de su decálogo en seguridad luego de la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, el Mandatario pidió a esta institución consultar a ciudadanos, organizaciones y expertos.
En el Museo de Antropología, a las 12:00 horas, se planteará al Jefe de Ejecutivo un plan de acción que contemple pedir a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) desarrollar una política nacional en la materia, cuya efectividad sea medida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Que la Cofemer, la Comisión Nacional de Tribunales y la Conferencia Nacional de Gobernadores generen un plan para acelerar la implementación de la oralidad en materia mercantil.
Establecer una Defensoría del Emprendedor para las Mipymes y acciones para trabajadoras domésticas; así como fortalecer los programas coordinados por el Instituto Nacional de Migración (INM) y las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Relaciones Exteriores (SRE), para garantizar la reinserción de los migrantes en sus comunidades.
“Crear un mecanismo de coordinación nacional para impartidores de justicia y mejorar las condiciones de operación de los sistemas de justicia federal y estatales”, informó la Presidencia de la República.
“Llevar a cabo medidas para reducir la marginación jurídica (condición de la persona que no cuenta con documentos oficiales, como acta de estado civil, títulos de propiedad o testamento, entre otros)”.
También desarrollar y distribuir manuales de protocolos de actuación para las autoridades escolares que permitan canalizar los conflictos más graves y frecuentes.
Implementar modelos de justicia de barandilla, conocidas como infracciones administrativas, y de jueces itinerantes, para que pequeñas comunidades tengan mecanismos de resolución de conflictos.
Además, considerar incorporar el modelo de Policía de proximidad, que resuelva conflictos sencillos e identifique riesgos, frente al modelo de Mando Único, es decir, detalla en un documento la Presidencia, diferenciado y no en todo el País.
Se pide al Ejecutivo federal convocar a una instancia de diálogo y concertación que diseñe, proponga y evalúe la política pública de acceso a la justicia.
“Crear centros de asistencia jurídica temprana que orienten, canalicen y apoyen con información a quienes enfrentan un conflicto específico”, agrega.
“Revisar el modelo de justicia familiar. Considerar la creación de una instancia encargada de coordinar los temas de justicia, al interior de la Administración Pública Federal y en las entidades federativas”.
Las autoridades informan que 9 de cada 10 asuntos iniciados en las entidades federativas, corresponden a justicia cotidiana.
Del total de las denuncias, 87 por ciento son en el rubro familiar, mercantil o civil, y el 13 por ciento restante en lo penal.
En los 15 foros que organizó el CIDE participaron 425 académicos, funcionarios e integrantes de la sociedad civil; se recopilaron 485 testimonios y se recibieron 600 propuestas.
El documento que el CIDE entregará a Peña Nieto incluye 217 propuestas, pero 20 de ellas son para un plan inmediato.