El pasado 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, la cual da cumplimiento a uno de los compromisos del Pacto por México y materializa la medida #9 para fortalecer el Estado de Derecho que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció en el mes de noviembre del año pasado.
La reforma incorpora puntos que todas las fuerzas políticas del país propusieron para combatir este fenómeno.
Se establece la procedencia del procedimiento de extinción de dominio para el delito de enriquecimiento ilícito y se modifica el régimen de vigilancia del ejercicio del gasto público para establecer obligatoriamente a los órganos de interno de control en los 3 Poderes y en los 3 órdenes de gobierno.
Se faculta al Congreso de la Unión para expedir la ley general que establezca el Sistema Nacional Anticorrupción y la que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual estará facultado para conocer de las controversias entre la administración pública federal y los particulares así como para imponer las sanciones a los servidores públicos y particulares que participen en actos de responsabilidad administrativa.
A su vez, se incorpora la obligación para las entidades federativas de instituir Tribunales de Justicia Administrativa con las mismas facultades señaladas que el federal pero aterrizado a los propios estados.
Esta reforma constituye, como ya lo señalé, el cumplimiento de uno de los compromisos asumidos por el presidente Peña Nieto para fortalecer el Estado de Derecho en nuestro país.
Especialmente, cobra relevancia la prioridad que esta reforma implica en materia de justicia administrativa, pues este tipo de órganos jurisdiccionales son fundamentales para acercar a los ciudadanos con sus autoridades y propiciar que éstas se rijan estrictamente bajo la ley, y para que en caso de incumplimiento se cuente con un mecanismo que permita hacer valer el Derecho.
En Victoria, Tamaulipas, desde el mes de febrero de 2015 contamos con un Tribunal de Justicia Administrativa, el cual precisamente tiene como función resolver los conflictos entre la autoridad municipal y los ciudadanos, destacando el procedimiento sumario en el que en menos de 15 días el gobernado tendrá una respuesta sobre la legalidad o ilegalidad del acto impugnado.
Fomentar la impugnación de los actos de autoridad es sano para un sistema democrático, pues en primer término se incentiva la participación de los ciudadanos en lo general y, en segundo plano pero igual de importante, se genera mayor certidumbre a la sociedad en cuanto a las consecuencias de sus acciones y al cumplimiento de la ley por parte de las autoridades.
¿Qué opinan al respecto? ¿Conocen ya el Tribunal de Justicia Administrativa de Victoria? Los invito a opinar a través de Twitter, Facebook y el apartado de comentarios de mi blog.
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