CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- En 2015, el rezago en el cobro del predial de los 43 municipios de Tamaulipas rebasó los 496 millones de pesos según la información de las propias administraciones.
Los bajos esfuerzos para recaudar, resultado de políticas fiscales discrecionales e ineficientes se han conjugado con desórdenes administrativos e insuficiencia tecnológica en perjuicio de los ciudadanos.
El costo de la baja recaudación municipal es pagado por la ciudadanía porque la mayoría de las ciudades carece de servicios públicos de calidad como consecuencia precisamente de la debilidad financiera de los Ayuntamientos y, para este año, tendrán que pagar para que cada municipio supere el rezago.
Casos como Nuevo Laredo que tiene el mayor rezago con 212 millones de pesos por cobrar de predial, Tampico con 91 millones o Victoria con 73 millones ejemplifican un círculo vicioso que amenaza las finanzas municipales.
En el extremo, están ayuntamientos como Xicoténcatl que reporta 0.0 pesos en el rezago del predial mientras que es el municipio que más depende del dinero federal con un 98% de sus ingresos.
La cantidad de dinero que no se cobró en años anteriores representa alrededor del 5 por ciento del total de los recursos que las tesorerías municipales prevén recibir por concepto de ingresos, de los cuales la mayor parte provienen de dinero federal estatal.
De acuerdo con información de las calificadoras financieras globales y las propias instancias del Gobierno Federal, la recaudación per cápita en los municipios de Tamaulipas por concepto de predial es de alrededor de 137 pesos por persona cuando la media nacional es de 200 pesos aproximadamente.
En contraparte, hay casos como el Distrito Federal cuyos ingresos propios representan el 40 por ciento.
La gente no paga el predial porque no ve reflejado su pago en mejores servicios públicos, seguridad o simplemente infraestructura básica en sus comunidades.
Esto crea un círculo vicioso porque la autoridad tampoco tiene dinero para éstas inversiones debido precisamente a que no recauda lo suficiente y depende de las participaciones federales.
En efecto, al tener garantizados más del 80 por ciento de sus recursos, los municipios locales no tienen incentivos para recaudar y asumir el costo político de cobrar impuestos propios.
El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, las tasas y tarifas fiscales del impuesto predial en México, se consideran débiles porque aún con una actualización de los valores catastrales (base del impuesto) no se lograría incrementar sustancialmente la recaudación. Comparándolas con tasas prediales de otros países se encuentran hasta 10 o 15 veces más abajo.
Ambos organismos estiman que además, el resultado recaudatorio de su aplicación se ve mermado sustancialmente por el sinnúmero de prerrogativas fiscales que las leyes locales establecen: exenciones, subsidios, descuentos, tasas preferenciales, “topes”, bonificaciones, etc.
Asimismo, su actualización y ajuste se condiciona por el grado de actualización o ajuste que anualmente observan los valores catastrales y la mayoría de las tesorerías presentan deficiencias técnicas en su diseño y estructura, lo cual favorece la interposición de recursos y amparos.
En el peor de los casos, estiman el INAFED y el INDETEC, su establecimiento en coordinación con la base (valor catastral) no responde a una clara política fiscal de financiamiento de los servicios públicos de infraestructura urbana que no son objeto directo de una contraprestación o derecho (limpia; calles, parques y jardines;
alumbrado público, etc.)
“Los ajustes y modificaciones a las tasas se plantean más con la intención de atenuar los efectos de una actualización de valores catastrales, que en respuesta a un análisis real de los recursos financieros que la entidad municipal requiere para solventar el costo de los servicios públicos a su cargo y de una distribución equitativa de la carga fiscal”.
Al carecer de los ingresos suficientes, las nuevas alcaldías tendrán una muy limitada capacidad para satisfacer las necesidades de sus gobernados y especialmente cumplir con sus responsabilidades.
