CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) aplicó 14 multas a negocios que venden pollo en la ciudad, a dirigentes ejidales y al secretario de Obras Públicas, Manolo Rodríguez Morales, por violar la ley de Protección al Medio Ambiente.
En total son 14 las sanciones, y la que llama la atención es la aplicada al funcionario estatal, quien tiene parentesco familiar con el delegado de la Profepa.
Un documento de la dependencia emitido a través de Transparencia, señala que las 14 empresas e instituciones sancionadas y obligadas al pago de una multa están ubicadas en 10 municipios del Estado, en tanto que es Victoria, la capital, donde más empresas infractoras hay.
En Altamira, la empresa Absormex fue multada con 14,020 pesos por acreditarse una serie de irregularidades de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
En Victoria los expendios de pollos Los Compadres, Pollo Medina, Pollos La Carreta, La Purísima y Frutería la Esperanza fueron multados por no cumplir la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
En Miquihuana, Humberto Garza, en Soto La Marina el Presidente del Comité Ejidal de El Saladito; en El Mante la empresa ROCAFOS, en Cruillas el Propietario de UMA e Milagro.
En Miquihuana, el Secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Manuel Rodríguez Morales fue multado con 14 mil pesos. De acuerdo con la Profepa, la comisión de ilícitos ambientales en las materias de forestal, impacto ambiental, recursos marinos, vida silvestre y zona federal marítimo y terrestre, pueden constituir la imposición de sanciones que abarcan desde lo administrativo hasta lo penal.
En total, las multas impuestas en este año suman 169 mil 291 pesos
Las violaciones a los preceptos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), sus reglamentos y las disposiciones que de ella emanen son sancionadas con multa o clausura temporal, o definitiva cuando el sancionado no haya cumplimiento de las medidas correctivas o de urgente aplicación ordenadas; en casos de reincidencia cuando las infracciones generen efectos negativos al ambiente.
De acuerdo con la dependencia, cuando se trate de desobediencia reiterada, en tres o más ocasiones se aplica el arresto administrativo hasta por 36 horas, el decomiso de los instrumentos, ejemplares, productos o subproductos directamente relacionados y la suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones.
En el caso de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, las infracciones son sancionadas administrativamente por la SEMARNAT.
