Los debates respecto a la autonomía y derechos sociales y culturales de los pueblos indígenas han ocultado desde hace tiempo, a través de las más diversas modalidades, el tema central de la territorialidad de esas comunidades originarias. Los indígenas de México han perdido la propiedad de sus asentamientos y la depredación de los recursos naturales que conforman su hábitat. A pesar de los esfuerzos de esos grupos y de quienes han decidido protegerlos para preservar los rasgos culturales que otorgan identidad única a cada grupo étnico; el acoso, la marginación y el despojo han sido el signo histórico predominante.
Paradójicamente, los más ricos en recursos naturales son los más pobres del país. La tesis antropológica del mestizaje social como solución al carácter pluriétnico del país -que surgió del evolucionismo liberal del siglo XIX- no ha contribuido a la cohesión de la sociedad nacional, sino que ha arrinconado a los pueblos originarios bajo inadmisible discriminación y los ha privado del uso y disfrute de su patrimonio natural.
La población indígena, estimada en 18 millones de personas, habita el 20% del territorio nacional y contiene a poco más de 60 grupos que se han preservado por la fortaleza de sus raíces más que por las políticas “indigenistas”. Asimismo el 70% de los yacimientos petroleros y de las superficies donde se asientan las plantas hidroeléctricas y la industria minera se encuentran en entidades predominantemente indígenas.
La globalización neoliberal, su idolatría por los mercados y la entrega de nuestros recursos a los intereses extranjeros han sido particularmente destructivas para los pueblos indígenas con quienes se han ensañado mediante el despojo de sus territorios, sus arraigos y sus símbolos culturales. Durante menos de 5 sexenios se han entregado 97.5 millones de hectáreas a las empresas mineras; más de tres veces que los 27 millones que entregó el general Cárdenas a los campesinos. Es ese el sentido profundo y premonitorio del levantamiento armado de Chiapas, ocurrido el primero de enero de 1994, precisamente el día que entraba en vigor el TLCAN.
La firma de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, que el pasado 16 de febrero cumplieron 20 años, y la reforma constitucional del 2001 sobre derechos de los indígenas, si bien han permitido diversas modalidades de autonomías de los pueblos originales, no han detenido para nada el despojo de sus recursos naturales. Esto, de acuerdo a una interpretación abusiva del concepto “utilidad pública” y a una aplicación del artículo 27 constitucional contraria a los derechos humanos contenidos en instrumentos internacionales que el Estado mexicano está obligado a acatar.
La reciente reforma energética, que vació de todo sentido histórico la expropiación petrolera, dio comienzo a nuevos despojos de las tierras y los recursos naturales de los pueblos indígenas. Esta embestida es violatoria del Convenio 169 de la OIT, que hoy tiene jerarquía constitucional, y en la que se ordena al Estado “obtener el consentimiento previo e informado de los pueblos indígenas y comunidades nativas sobre el uso de los recursos naturales en sus territorios”.
Antes de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, habíamos presentado ya una reforma al artículo 27 constitucional para limitar las facultades omnímodas de las que el Ejecutivo goza para el aprovechamiento de los recursos naturales. Posteriormente se introdujo una iniciativa de “Ley General de Consulta a los Pueblos Indígenas” y dos proyectos de dictamen en el mismo sentido.
Desafortunadamente el equilibrio de fuerzas en las instancias legislativas, los poderes fácticos y la orientación ideológica predominante han congelado esos proyectos.
En los intercambios con los representantes de los pueblos indígenas de la CDMX, tendientes a la formulación del proyecto de Constitución, ha surgido este asunto de modo imperioso con el apoyo de las autoridades correspondientes.
Habremos de establecer procedimientos responsables de consulta a los pueblos interesados antes de emprender o autorizar cualquier acción de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.
También a participar de manera activa en la vida política, económica, social y cultural de la capital, a través de figuras de democracia directa y participativa. Sería la mejor manera de revertir una
tendencia ancestral y de reivindicar en serio los derechos de los pueblos originarios.
