Qué se puede decir del video hecho público este jueves, donde una mujer militar y un policía , torturan a una mujer en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, para obligarla a declarar.
Tirada en el piso de tierra, sin zapatos, esposada, cubierta su cara primero con un trapo y luego con una bolsa de plástico, la mujer es sometida a vejaciones por parte de los dos elementos de seguridad, mientras otro está grabando el interrogatorio.
Lo primero que salta a la vista, es el hecho de que sean dos mujeres las protagonistas de esta violación a los derechos humanos.
Tanto la militar como el policía la someten a presión física, y también sicológica, porque la primera hace sonar el arma como si fuera a disparar y se la pone en la cabeza.
Luego casi la asfixian con la bolsa de plástico. Y como no accede a darles información todavía le pregunta la militar:
¿Ya te acordaste?, ¿o quieres más bolsa, quieres agüita o quieres toques?”.
Dios nos libre de caer en manos de gente así, que se supone está para protegernos.
Bien dice el académico Sergio Agüayo, refiriéndose a los desaparecidos y sus familiares desesperados por encontrarlos:
“Qué historias tan desgarradoras y qué vulnerables somos quienes no formamos parte de las estructuras de poder”.
Asimismo ocurre con esta mujer, sea responsable o no de lo que la acusan. Ella como ciudadana tenía derecho a un juicio justo. A que sea la institución correspondiente la que dictamine su culpabilidad,
pero de ninguna manera se puede pretender que lo que diga bajo coacción tenga alguna validez legal.
La Secretaría de la Defensa Nacional asegura que ambos elementos, ya están bajo resguardo, ¿y luego?
Quedan dudas sobre quién autorizó la tortura, quién estaba grabando el hecho, quién filtró el video. Por qué lo filtraron.
La Sedena primero tendría que dar los nombres de ambos elementos, y el de la mujer violentada, ¿dónde está, en qué condiciones, está detenida, habrá reparación del daño ocasionado, si al final
descubrieron que no es culpable de nada?, ¿y el compromiso de la no repetición?.
Todas esas preguntas aún no las contesta la Sedena. Debería. Es el derecho de los mexicanos a saber qué pasa en estos casos, hasta sus últimas consecuencias.
De otra forma, seguirán y seguirán repitiendo las vejaciones, el trato discriminatorio, violento contra personas en posición vulnerable.
Como de hecho estamos prácticamente todos los mexicanos, menos los que pertenecen a las estructuras de poder, como dice el doctor Agüayo, el resto nos encontramos a merced de los delincuentes y de los militares, policías y marinos. Qué triste y desesperante.
En esta historia destaca la vergonzante actuación de la mujer militar, con lo que queda en evidencia que la bestialidad no es cuestión de género.
Como se ve, el maltrato lo ejerce cualquier individuo, ella o él, con el poder para humillar a un semejante y lo hacen sin miramientos, para eso están entrenados.
CAMBIAR EL “CHIP”
¿Se puede transformar las estructuras de poder sólo con una iniciativa en el Congreso local?
Habrá que verlo, por lo pronto la actual legislatura insta a los poderes ejecutivo y judicial, así como a los ayuntamientos de los 43 municipios a “impulsar ua cultura laboral e incluyente, igualitaria, sin discriminación hacia las mujeres”.
Pues habrá que ver primero si la aprueban, luego a que la obedezcan en los tres poderes, nada nos gustaría más que a partir de octubre el gabinete estatal esté integrado por mujeres y hombres en igual cantidad, y en el Poder Judicial haya más juezas y magistradas, en la legislatura 50-50 diputados y diputadas, en los ayuntamientos por lo menos 21 alcaldesas, con los cabildos integrados al 50-50.
Y que en la estructura administrativa veamos más mujeres en posiciones de poder y toma de decisiones.
A ver qué contestan los ocho aspirantes a la gubernatura de la propuesta del legislativo y a qué se comprometen para hacerla realidad.
LES DAN SU FICHA ROJA
Ante la presión de las redes sociales que se han convertido en el escaparate para denunciar violaciones a los derechos humanos ante la inutilidad de las instituciones, la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, emitió y difundió la ficha roja para tres de los cuatro jóvenes que participaron en el abuso sexual contra una menor de edad en Veracruz.
Los presuntos responsables que están prófugos son Enrique Capitaine, Jorge Cotaita y Diego Cruz, estos tres jóvenes tienen que ser presentados ante un juez, que sea quien determine su culpabilidad.
Las redes sociales no se pueden transformar en los jueces que definan la culpabilidad o inocencia de alguien, porque entonces ¿para qué tenemos los mexicanos un sistema de justicia que dirima estos temas tan graves?
Es necesario que el aparato de justicia funcione y que sean llevados a juicio imparcial y legal, respetando los derechos de todas las partes involucradas.
Correo electrónico:
derrotero@hotmail.com
Twitter: @derrotero_mx
