CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- La Procuraduría General de Justicia del Estado se encuentra en proceso de extinción. Y con ella, la era oscura de los “presuntos culpables”.
A corto plazo, su relevo, la Fiscalía General, se prepara para sepultar una histórica cadena de irregularidades en esa área, entre las cuales se incluyen la sumisión al Poder Ejecutivo, manipulaciones políticas de la ley y los coloquialmente llamados “cochupos”.
Es un paso natural que se ha convertido, dentro de la evolución seguida por el nuevo sistema penal acusatorio, en un tema obligado para los candidatos a la siguiente administración estatal, quienes ofrecen ese golpe de timón en la materia. Lo cual hasta ahora es sólo un paquete de buenas intenciones.
Para los expertos en derecho, el cambio implica un reto, al requerir una inversión extraordinaria para capacitar a sus responsables y elegir a los profesionales que, con auténtica autonomía en sus funciones, se van a desempeñar en este sistema.
Para el Doctor en Derecho, Rolando Barraza Pérez, presidente del Círculo Académico de Juristas A.C. en Victoria, el país debe reinventarse en muchos renglones de la vida cotidiana, y así como se pretende hacer en la política, se está haciendo en lo jurídico.
Expone un panorama que justifica la necesidad de ese giro: “Hoy día”, asienta, “ la credibilidad en los órganos de justicia se ha debilitado a causa de la corrupción y la impunidad”.
Ante esa realidad destacó que en el nuevo sistema los juicios serán abiertos ante un público y no hay manera de hacer “cochupos”. “El ser humano y en especial los mexicanos siempre buscamos opciones extralegales, pero en este nuevo sistema que vamos a emprender a partir de junio, todo va a ser más transparente”, dijo.
Una línea de real transformación del sistema penal es la capacitación en la función de la fiscalía como en el ámbito del Poder Judicial del Estado, para que sólo los mejores abogados hagan la labor de juez.
Agregó que el papel de la ciudadanía es muy importante, la cual hasta ahora no se ha visto que esté interesada en conocer cómo va a funcionar el nuevo sistema penal acusatorio, lo cual es reflejo del descrédito hacia los órganos de justicia.
Al respecto, Barraza Pérez dijo que todas las personas deben sentir la obligación de empaparse de cuál va a ser la función de la fiscalía y del Poder Judicial.
“Y es que los cambios van a ser significativos, pues si hoy se hace la referencia al procurador como aquel que busca que se haga justicia, la nueva figura de fiscal implica que sea éste quien acuse y deba probar”, indicó.
Al abundar en el tema, destaca que el fiscal es quien se encarga de integrar un expediente para llevarlo ante un juez, eso conlleva a que ahora ya no va a procurar justicia para atender una denuncia sino que va a ser la que acuse, porque precisamente el sistema se llama acusatorio oral, por eso viene el nombre de Fiscalía General, porque es el jefe de todos los fiscales, ese es el sentido, que lo
que lo que va a cambiar, agregó, es la operatividad del “cómo hacerlo”, porque ahora el nuevo sistema penal acusatorio se va a manejar con carpetas de investigación y no con expedientes.
“Se va a llevar a cabo un proceso más garantista y humanista”, adelantó, “para privilegiar la presunción de inocencia, porque la obligación del fiscal será demostrar que dentro de la carpeta de investigación, tenga elementos para solicitarle al juez que someta a proceso a la persona. Eso conlleva que ahora el fiscal estará apoyado por una policía investigadora y científica”.
TERMINAN LOS “PRESUNTOS CULPABLES”
Presumiblemente con el nuevo modelo se va a reducir el llenado de cárceles con la figura de los “presuntos culpables”, porque se debe recordar que se tiene en funciones varias corporaciones haciendo labor de policía, controladas por un mando único, las cuales llevarán a cabo detenciones que deben de ser calificadas por un juez de garantía, autoridad que debe determinar si esa detención fue posterioemente ante el juez.
“Creo que se van a despresurizar –en lo que se refiere a su población– los centros de ejecución de sanciones, porque básicamente el nuevo sistema es una garantía, de evitar el ‘detener por detener’ sino que se deberá actuar bajo un auténtico principio de inocencia y se deberá probar que una persona es responsable de la comisión de un delito de tipo penal”, argumentó.
Esa despresurización de las cárceles, dijo el especialista jurídico, estará abonada por el juicio abreviado, además de que ya se cuenta con la mediación que disminuye el internamiento en centros de ejecuciones.
Recordó además que se ha estado creando una policía auxiliar del Ministerio Público, la que es considerada por los litigantes como positiva, por las funciones que debe desempeñar, “ya no detienen por sólo detener a una persona señalada como responsable de una conducta”.
Agregó que esto le sirve más al Ministerio Público porque sus titulares son los ojos y oídos que van al lugar donde encuentran testigos y testimonios que le pueden informar sobre los hechos, para que forme su carpeta y tenga un motivo sustentado de llevar a un indiciado ante el juez.
“Algunas cosas ya están operando y si el candidato que triunfe asigna ese adjetivo de Fiscal en lugar de Procurador, va a hacer lo correcto”, asintió.
JUICIOS VIDEOGRABADOS
“Una de las premisas fundamentales del proceso penal acusatorio es la de la transparencia; lo cual significa que no debe realizarse en la oscuridad. Para que las carpetas de investigación y la cadena de custodia tengas validez tienen que estar soportadas en una videograbación”, dijo el abogado Ubaldo Ramos Delgado.
Además, a los litigantes se les debe permitir grabar la audiencia, pues no basta con el material oficial porque puede ser editado a conveniencia de la autoridad, cuya credibilidad está minada por la imperante cultura de corrupción gestada durante años.
“La prohibición establece que ni celular ni cámaras en las audiencias, pero eso se acabó con la resolución reciente de la Corte que dice que todo debido procedimiento debe apoyarse en una videograbación hecha por el abogado o el imputado”, anunció.
Consideró necesario que toda la sociedad esté vigilante de este nuevo proceso para evitar que la corrupción continúe inmersa, aunque no es optimista. A su parecer, el nuevo sistema penal acusatorio no tendrá ningún efecto favorable en el corto plazo.
En su visión, tendrían que pasar por lo menos dos generaciones para que las nuevas formaciones de los operadores jurídicos sean creadas con respeto a los principios de justicia, ya que hoy, asegura, todo el sistema está muy viciado.
“Regularmente los catedráticos de las escuelas de Derecho son servidores públicos, dejan el juzgado para dar clases, no hay garantías de que estén los más aptos tanto en los juzgados como en las unidades de investigación y de manejo de apoyo en los centros del sistema penal acusatorio”, expresó.
SIN RECURSOS, NI EFICIENCIA NI COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Cambiarle de nombre o incluso modificar el propio proceso, aportará en nada si los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de Tamaulipas no se ponen de acuerdo para invertir en mejores salarios y capacitación de alto nivel para las personas encargadas de procurar e impartir justicia.
Esto es lo que opinó el presidente de la Academia Nacional de Jurisprudenciales de la Confederación Nacional de Abogados, Alfonso Moreno Castillo, al señalar que todo recae en un factor determinante, que es el económico.
A la par de que en su percepción los salarios son muy bajos, denunció que hay personal que se encarga de un gran volumen de trabajo sin la especialización que se requiere, porque las contrataciones están detenidas. Así, lamentó, un psicólogo es un “todólogo”; cuando le piden que sea un perito forense y haga pruebas dactiloscópicas, de grafología y demás actividades similares, sin estar preparado para ello.
“Un verdadero cambio dependerá en gran medida en que los tres poderes trabajen de común acurdo en generar un modelo que pueda dar beneficios, pero para esto todavía van a pasar dos o tres gobernadores para que se compruebe si funciona o que definitivamente no funcionó”.
RESISTENCIA Y SOBERBIA
Insistió en que darle viabilidad a la implementación de los juicios orales en Tamaulipas, dependerá en gran medida del esfuerzo que haga el gobierno del estado para establecer este nuevo programa, mejorando los cursos de capacitación en general, tanto de los abogados como de los funcionarios de la administración y procuración de justicia.
Y es que, reconoció, todavía hay muchos fiscales que se resisten a las nuevas reglas y luego hay funcionarios que se esforzaron por estudiar pero suelen ser soberbios porque sienten que saben más, lo
que en nada abona al respeto entre las instituciones y las partes de juicio.
También argumentó que una de las premisas fundamentales del proceso penal acusatorio es la transparencia; es decir, no debe realizarse en la oscuridad y el hecho de que a los abogados no se les permita grabar los juicios propicia desconfianza, además de que atenta contra el derecho a una verdadera, eficaz y legítima defensa.
En cuanto a la cadena de custodia, detalló que hay muchísimo que aprender en Tamaulipas, donde se supone que la policía es científica pero les falta capacitación para poder realizar una verdadera investigación de buen nivel que puedan llevarle al Ministerio Público elementos de prueba, pues resulta que todo lo mandan en entrevistas.
Y puntualiza:
“Volvemos a lo económico; mientras no le inviertan a la capacitación y contratación de más personal, los logros van a ser mínimos. Hay plazas como Tampico donde hay un solo perito psicólogo que intenta atender miles de averiguaciones previas y no es difícil imaginar con qué resultados”.
