Uno de los temas torales a partir del próximo primero de octubre, fecha en que tomen posesión el nuevo gobierno del Estado y las nuevas administraciones municipales, será la forma de afrontar el problema de la inseguridad.
Uno de los planteamientos más socorridos es la posibilidad de crear, una vez más, la Policía Municipal. Esta propuesta tiene ciertas ventajas, pero también presenta una serie de desventajas y marcadas debilidades.
La primer gran desventaja es que va a contracorriente de la pretensión de conformar el Mando Único o, mejor dicho, Mando Mixto Policial, en los municipios del país que lo requieran con urgencia o que se encuentren en situación de emergencia.
Si bien esta es una iniciativa que presentó hace casi dos años el presidente Enrique Peña Nieto, es un planteamiento que se viene discutiendo desde el sexenio de Felipe Calderón (y que copia, en buena medida, el modelo policiaco que opera en Colombia, país sacudido por la violencia del narcotráfico en las décadas de los años ochentas y noventas).
De entrada, ir a contracorriente de una pretendida modificación estructural planteada por el Poder Ejecutivo y analizada por el Congreso de la Unión ya es un ‘detalle’ que no se puede pasar por alto. Y menos cuando fue, precisamente, en Tamaulipas donde comenzó la instrumentación del esquema de Mando Único en los primeros meses de 2011.
Si bien este modelo policiaco tampoco ha resuelto los problemas de fondo de la inseguridad, no hay duda -así lo demuestran las estadísticas- que los delitos de alto impacto registraron una notoria reducción en prácticamente toda la entidad. Eso indica la frialdad de los números.
Por supuesto, debido a los recientes hechos de violencia perpetrados en Ciudad Victoria, la capital del Estado registra un incremento singular que responde, como sucedió en el sur de Tamaulipas en abril y mayo de 2014, a duros conflictos entre grupos de la delincuencia organizada.
La desventaja del modelo del Mando Único radica en que los delitos como el robo domiciliario, el asalto a bancos y comercios, así como pleitos civiles (violencia intrafamiliar, broncas entre vecinos, etc.), no son plena o debidamente atendidos por la Policía Estatal (apoyados por las Fuerzas Federales), cuyo objetivo parece estar enfocado a los delitos de alto impacto.
A su vez, la creación de una nueva Policía Municipal representaría para los Ayuntamientos el problema de ‘administrar’ un rubro o una estructura que, en su momento, se salió de control ante el embate del crimen organizado.
Para decirlo con mayor claridad: las administraciones municipales arrastran un gran número de debilidades institucionales como para que se puedan hacer cargo, otra vez, de un cuerpo de policía.
Tan sólo para comenzar: casi todos los Ayuntamientos de Tamaulipas arrancarán su nuevo periodo de gobierno con un alud de deudas, sin olvidar que los presupuestos de los municipios son escasos.
Se reitera: las administraciones locales son muy débiles para afrontar el problema de la inseguridad. La construcción de su fortaleza debe pasar, en el futuro, por el incremento de sus partidas presupuestales, así como por una supervisión abierta a la sociedad civil de sus ingresos y egresos, a fin de cumplir con los nuevos esquemas de transparencia en el manejo de los recursos públicos.
La debilidad institucional de los municipios se entiende, bajo la perspectiva histórica, porque así convenía al viejo sistema político que gobernó el país durante 8 décadas del siglo veinte. Con los avances democráticos, los gobiernos locales tuvieron acceso a mayores partidas presupuestales directas, pero todavía son precarias sus condiciones económicas.
Un ejemplo de ello son los municipios del norte de Veracruz. Los presupuestos de Pueblo Viejo, Tampico Alto, Ozuluama y hasta Pánuco son de risa. Qué decir de Aldama, González y Soto La Marina en tierra tamaulipeca. Apenas pueden atender las demandas comunes -pero urgentes- de obras y servicios públicos.
Por tanto, se debe tener mucho cuidado en sugerir la creación de una nueva Policía Municipal si antes no se fortalece a los Ayuntamientos en el terreno político y económico, asunto que va para muy largo tiempo.
Para decirlo con mayor claridad: el problema de la inseguridad generada por la delincuencia organizada sólo puede ser atendida por el gobierno federal en colaboración plena con el gobierno estatal. Esta es una problemática que no se va a resolver hoy, ni mañana, ni con la llegada de un nuevo gobierno. Es un tema con múltiples raíces y vertientes.
En ese contexto, se requiere un análisis bastante serio, un diagnóstico a fondo, para atender cada uno de los delitos que se presente, entre ellos, los robos y asaltos, los que pueden ser resueltos con un área de la propia Policía Estatal que se enfoque a la prevención del delito, sin dejar de lado el departamento especializado que se encargue de la investigación de los crímenes que ya se cometieron.
Esperemos que el tema de la inseguridad pública se aborde con seriedad y responsabilidad a partir del primero de octubre, tanto en el escenario estatal, como en el local. Así sea.
