A prácticamente 20 días de que concluya la actual administración estatal, hay quienes se ocupan de efectuar lo que en la jerga del quehacer público se ha dado en llamar “el recuento de los daños”.
Como sucede en todos los rincones del país, los que hoy se aprestan a saborear el festín de todo fin de sexenio, con certeza encontrarán un campo propicio para soltar sus gatos a retozar, en esa alegre práctica de jugar al error ajeno.
La objetividad debe privar en estas circunstancias. En un escenario general, Tamaulipas padece hoy los mismos problemas que aquejan a Nuevo León, a Jalisco, a Colima, a San Luis Potosí y en general a todos los estados de la República, incluida la Ciudad de México, pero también en contraparte conserva y hasta ha fortalecido –aunque como dice Enrique Peña, lo bueno se cuenta poco– rubros como el de la inversión, el empleo y la calidad de vida, cimentada ésta en el desarrollo de los servicios de salud y la estabilidad en la educación.
Aunque mejor que el promedio nacional, no es éste por supuesto, un balance para repicar campanas, porque en medio de los avances evidentes algunos problemas subsisten y hasta aumentaron, como sucede en el terreno de la procuración de justicia.
Los números en su frialdad, no admiten interpretaciones y son la mejor base de la realidad. Esa realidad que muestra que si alguna dependencia falló en la responsabilidad conferida por el gobernador Egidio Torre Cantú, pese a los esfuerzos permanentes del mandatario por mejorar este vital renglón, fue precisamente la Procuraduría General de Justicia. Es el gran lunar negro.
Y no me crea. Créale a las cifras que me permito citar a continuación:
Al año, conforme a las estadísticas de la misma PGJ, se denuncian más de 42 mil delitos en la Entidad, de los cuales la fiscalía estatal sólo ha resuelto uno de cada cuatro, es decir, el 25 por ciento.
Más grave aún que ese dato, es que por los errores, omisiones o cochupos en las averiguaciones previas, los jueces sólo han podido condenar a un infractor por cada 40 ilícitos denunciados y procesados, lo cual arroja otro saldo ingrato: Cada sentencia emitida sobre un caso penal del fuero común cuesta en promedio alrededor de medio millón de pesos.
La escasa aportación de la PGJ, lamentablemente al mando todavía ¡gulp! del pastor –perdón, abogado– Ismael Quintanilla Acosta, se refleja en otros números en el tema de la disminución del delito, en donde hasta Veracruz y su desastre criminal tiene una tasa positiva mayor que la nuestra. Conforme a datos del CIEISP, Tamaulipas registra de 2011 a 2015 una reducción del 22 por ciento en ese sentido, pero Nuevo León se anota un 33 por ciento, Veracruz un 39 por ciento y –qué envidia– un 70 por ciento San Luis Potosí.
Fuera del escenario de la delincuencia organizada, a la PGJ le va como en feria en las infracciones del fuero común: Más de 31 mil robos de vehículos denunciados en cinco años;
no menos de 21 mil robos en domicilios y casi 13 mil atracos a establecimientos comerciales son la evidencia. Todos los ilícitos, responsabilidad de la Procuraduría estatal.
¿En qué medida se le puede culpar de este panorama a Quintanilla?
No de todos los males es responsable desde luego, porque asumió la titularidad a mitad del sexenio. No, su gran pecado, por lo que debe calificársele como un total fracaso, es por recibir un grave rezago en esa área y en lugar de tratar de aminorarla y responder así a la confianza del Gobernador, se apoltronó en el cómodo sillón de la negligencia y dejó hacer y deshacer a un grupo de incondicionales, que hoy etiquetan a la PGJ tamaulipeca como una vergüenza.
Y bueno, habrá quienes defiendan a los lunares.
Ciertamente son atractivos y hasta bellos en el rostro o cuerpo de una mujer. Pero en una dependencia pública, como es el caso de la Procuraduría, son la señal de una descomposición alarmante.
Y don Ismael, es una penosa muestra…
Twitter: @LABERINTOS_HOY
