El lunes, el principal operador panista de la transición, César Verástegui Ostos, comentó brevemente el plan de descentralización del próximo gobierno tamaulipeco. De los puntos que adelantó, sorprende el cambio del Instituto de Atención a Víctimas del Delito (IAVD) a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) estatal.
El Instituto se fundó en el gobierno de Egidio Torre Cantú, bajo la tutela directa de la Subsecretaría de Derechos Humanos; a su vez, ésta rinde cuentas al titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG). La estructura fue asimilada de la Secretaría de Gobernación (Segob), área de donde depende la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Dicho eje administrativo se planteó para facilitar una atención transversal a los ciudadanos víctimas de la delincuencia.
De acuerdo a los estatutos del IAVD, las actividades del Instituto de Atención a Víctimas del Delito se dividen en cuatro rubros: asesoría jurídica, atención médica y psicológica, ayuda asistencial inmediata y apoyos sociales. La ubicación de Instituto en la General de Gobierno ayuda a la gestión con las secretarías de Finanzas, Salud, Desarrollo Social, del Trabajo, Desarrollo Económico, Seguridad Pública, la Dirección Jurídica y la Procuraduría General de Justicia.
En política, comúnmente, el secretario general es la mano derecha del gobernador en turno, quien opera entre las secretarías de peso, algo así como un vicegobernador. Por ello, en cuestión de organigrama es más fácil que cualquier funcionario de nivel alto o medio atienda al titular de la Secretaría General de Gobierno que al de Sedesol.
Bosquejado esta pretensión de cambio me vuelve a saltar la pregunta: ¿qué harán con la Subsecretaría de Derechos Humanos?. Al quitarle el IAVD solamente se quedará con 4 áreas de peso: el Instituto Tamaulipeco para el Migrantes y las direcciones de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, de Promoción de Derechos Humanos y Enlace con Organismos y de Asuntos Agrarios.
Sin saber más detalles, la mudanza del Instituto de Atención a Víctimas del Delito parece una forma de quitarle responsabilidades a la Secretaría General de Gobierno (SGG), y de convertir la atención a víctimas del delito en un mecanismo de dádivas y apoyos simples. Ojalá me equivoque y sea un movimiento en falso. Ojalá el equipo de transición rectifique o, por lo menos, soporte legalmente y con base en la realidad el cambio administrativo.
Para el 2 de octubre
Apenas tome protesta el gobernador electo, Francisco García Cabeza de Vaca, Tamaulipas saltará una vez más a la agenda nacional por la violencia. El 2 de octubre, el Colegio de México (Colmex) presentará un informe preliminar sobre la masacre de San Fernando. El nuevo gobierno no podrá ignorar las observaciones y las recomendaciones de los académicos.
En la Ciudad de México, los integrantes del Seminario Violencia y Paz expondrán las primeras respuestas acerca de las asesinatos multitudinarios en Allende, Coahuila, y en territorio tamaulipeco. La investigación, respaldada por el Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima (CEAV) del gobierno federal, revisará los hechos para explicar cuáles fueron las acciones u omisiones del estado.
El primer evento de campaña de García Cabeza de Vaca fue precisamente en San Fernando; municipio conocido a nivel mundial como el escenario de los asesinatos de 265 ciudadanos mexicanos y extranjeros. “A toda la gente que se levanta pidiendo a Dios por sus desaparecidos, le decimos que haremos un gobierno de justicia y que le dé tranquilidad a los tamaulipecos”, dijo el panista en el acto de campaña del pasado 3 de abril.
El 3 de octubre, el gabinete de derechos humanos, seguridad y justicia de Cabeza de Vaca deberá escuchar y comenzar a trabajar en el caso que simboliza el nivel de impunidad, omisión y la corrupción del gobierno mexicano. Si deciden ignorarlo será una mala señal nacional e internacional.
Atender el informe abre la posibilidad de vincularse con los investigadores Sergio Aguayo, Delia Sánchez, Manuel Pérez Aguirre y Jacobo Dayán, quienes elaboran el proyecto. Pero, además, también abriría el diálogo con la comisión que soporta la investigación, conformada por los académicos Javier Sicilia, Mariclaire Acosta, Rubén Aguilar y Juan Villoro.
La respuesta a dicho que el informe también pasa por el dilema: ¿quién para titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos? ¿Nombrarán a la ex diputada por Reynosa, Omeheira López Reyna?
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