Reducirían participaciones federales a Tamaulipas, hasta por 500 mdp
Las leyes son ultrajadas, ante falta de conciencia cívica en Tamaulipas
Por un malentendido de la legalidad, osamos violar, diariamente, la ley
La injusticia social es el parámetro para medir realmente al mandatario
La reducción presupuestal que Enrique Peña Nieto propuso a la Cámara de Diputados –hasta por 239 mil 700 millones de pesos, para el ejercicio 2017–, afectaría las participaciones federales de Tamaulipas, si acaso la iniciativa fuera aprobada (tal cual la presentó el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña).
Esto significa que el Estado dejaría de recibir aproximadamente 500 millones de pesos (1.7 por ciento) en relación al 2016, cuando la remesa fue de 47 mil 700 millones sólo en teoría –para ubicarse en 47 mil 200 el año próximo–, pues en la práctica hubo recortes afectando directamente a los 43 municipios, y en consecuencia a los programas asistenciales de las comunidades todavía marginadas.
De ahí la necesidad que (hoy) tiene el Gobernador electo, Francisco Javier García Cabeza de Vaca de cabildear, personalmente, entre los 15 diputados federales tamaulipecos (sean o no afines a su proyecto), para convencerlos defender los recursos que por su misma aportación al país amerita Tamaulipas, bajo el entendido de que nuestra entidad genera, al menos, el 14 por ciento del ingreso nacional por cobro de impuestos.
Ignoro si hasta la fecha el mandatario entrante se ha reunido fuera o en el Palacio Legislativo de San Lázaro con los diputados, a fin de fijarse entre él y los representantes populares un acuerdo sustantivo que asuma la defensa presupuestal.
Y hasta eso, repito, sin tintes partidistas.
En esto mucho tiene qué ver la voluntad de los 10 diputados priistas (Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Edgardo Melhem Salinas, Esdras Romero Vega, Luis Alejandro Guevara Cobos, María Esther Guadalupe Camargo Félix, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Miguel Ángel González Salum, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia y Yahleel Abdala Carmona), dos los albicelestes (César Augusto Rendón García y Elva Lidia Valles Olvera) el panalista (Mariano Lara Salazar), Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (MC) y el de Encuentro Social (Abdíes Pineda Morín).
Obviamente esas negociaciones serían ríspidas, pero necesarias en la práctica política, así que el proyecto presidencial de reducirle recursos a Tamaulipas aún está en veremos, hasta en tanto no haya acuerdos.
Discusión cameral
Hasta la víspera, en el Palacio Legislativo de San Lázaro se tornó mayor el desacuerdo entre los operadores del señor de Los Pinos y la mayoría de las fracciones parlamentarias, merced al proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2017.
Pero el pleito también pega fuerte en las instituciones.
De ahí que los actores principales de esta escaramuza se apresten a desacreditarse mutuamente de cara a la sociedad que hoy es presa de la confusión, pues en el fondo más que pelear por los intereses del pueblo ambas partes procuran salir lo menos lastimados por la temprana carrera sexenal.
Y esto no es cuento, sino la esencia del conflicto.
Por tanto, el problema central que se ha vuelto crónico y pone en riesgo el proyecto económico del país, lo podemos ubicar en una riña política, pero disfrazada.
No obstante en el Gobierno Federal, que también acostumbra practicar un doble juego, afirma que los valores de la democracia, el respeto a la ley y el orden, son el fundamento de una sana convivencia política, con todos los desafíos y las incertidumbres que puede entrañar. Y que siempre ha procurado los principios democráticos.
Como fuere, Peña Nieto y compañía se preparan a dar la batalla legal mediante la impugnación al presupuesto que pudiera acordar la mayoría del pleno cameral, si acaso le fuera adverso el veredicto de los diputados.
En este sentido, entonces, al señor de Los Pinos todavía le quedan dos vías para sacar avante su proyecto:
1) La figura legal del veto, que según constitucionalistas, ahora no procede, en tanto que éste se aplica sólo cuando se trate de una resolución que haya tomado el Congreso de la Unión… y no es el caso; o
2) La controversia constitucional, que tendría que promoverla el mismo jefe del Ejecutivo federal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ahondando así la lucha entre poderes, pero sin posibilidades de salir airoso del pleito, a menos que los magistrados atentaran contra la Carta Magna que tanto dicen defender.
De este modo hoy nos encontramos ante la encrucijada de refrendar el Estado de Derecho o de arrastrar al país hacia escenarios nada deseables.
En fin, antes del día 15 del mes próximo el Presupuesto de Egresos del 2017 debe quedar aprobado.
Legalidad ultrajada
Existe en nuestro país una extensa y sólida estructura jurídica que norma la conducta entre todos los mexicanos a través de instituciones diversas.
Pero lamentablemente todavía se adolece de cultura para acatar y respetar las leyes.
Inmediatamente entra en vigor un nuevo ordenamiento, se incumple pese a tener conciencia de estar actuando al margen de la ley; y, que en razón de ello, podría venir una sanción.
Advierte un principio jurídico que la ignorancia del precepto no exime de la culpa al infractor, por lo que nadie se salva de verse envuelto en problemas legales, en un momento dado, si como frecuentemente ocurre soslayamos nuestras obligaciones como personas y ciudadanos.
Lo peor del caso es que como ‘buenos mexicanos’ tenemos especialización en retorcer leyes y reglamentos; o en encontrarles las interpretaciones que más nos favorezcan.
Otra salida es recurrir al ‘influyentismo’ o de plano al cohecho, a fin de no ser alcanzados por el brazo de la justicia ante un ilícito cometido.
En el colmo del cinismo, hemos oído hasta la saciedad la ordinaria frase que se sostiene que las leyes se hicieron para violarlas; y a fuerza de tanto escuchar el absurdo algo se queda en el colectivo social, como si fuera motivo de orgullo.
De ahí que las autoridades todas, hoy quieran inculcar de manera sistemática valores cívicos a los niños, adolescentes y adultos, porque tarde se han dado cuenta de que la problemática corroe el tejido social y no encuentran la forma de que la ley se respete.
La descomposición
En honor a la verdad, lejos estamos de alcanzar el ideal propuesto por los tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal–, toda vez que el mal es profundo.
Contribuyen a la descomposición las marcadas diferencias de clase, injusticias y falta de oportunidades para importantes segmentos sociales que, en definitiva, no ven por ninguna parte la famosa y pregonada equidad; menos el respeto a sus elementales derechos.
Digamos a la salud, el trabajo y la educación.
Claro que el camino para el respeto a la legalidad no es la revuelta o la desobediencia pública ante tanta marginación y desigualdad, pero sí la exigencia de que la autoridad cumpla lo establecido en la ley y predique con el ejemplo.
Ocurre que en reiteradas ocasiones los encargados de aplicar la ley ignoran éstas, tanto o más que las organizaciones civiles y los partidos políticos.
Es aquí, entonces, cuando surge la necesidad de recomendarle a las autoridades que abreven en la sentencia de que el juez, por su casa empieza.
Ya ve Usted que hay cuñados y hermanos, compadres, socios y hasta asesores que cotidianamente quebrantan el marco legal y nadie dice ni hace nada pa’ meterlos en cintura.
¿Ocurriría lo mismo a partir del uno de octubre próximo?
Sucesión adelantada
Las mediciones más serias respecto al posicionamiento político-electoral con rumbo a la contienda presidencial del 2018, ubican al ‘Peje’ –Andrés Manuel López Obrador–, como favorito. Muy por encima de quienes hoy aparecen como punta de lanza del membrete albiceleste; y por supuesto del Revolucionario Institucional.
Hay entre el tabasqueño y los otros aspirantes a la Presidencia, una enorme diferencia de simpatía. A grado tal que sus opositores animarían un juego conjunto en su contra para impedirle instalarse en la residencia oficial de Los Pinos.
Esto significa que, al rescate del tricolor, abone Acción Nacional con la cesión de posiciones electorales, en el 2017 –además de los recursos que meta Enrique Peña Nieto–, queriendo frenar al autor del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Obviamente ésa complicidad –acuerdo nacionalista, le llamarían los involucrados en el complot–, pretenden disfrazarla bajo la argucia que al PRI la sociedad la ha castigado por sus excesos –como lo comprueban los resultados de las contiendas más recientes–, y favorecido al PAN en aras de reactivar un desarrollo sustentable y sostenido.
Empero, debe analizarse el desarrollo de Morena, desde su invento, para mejor entender que en tan sólo dos años (días más/menos), cuenta con presencia en el Congreso de la Unión (35 diputados federales). Y su estampa en el país se expande cotidianamente.
Por una simple razón:
Andrés Manuel es un auténtico líder social.
Hay, no obstante, quienes cuestionen su liderazgo –otrora ejercido en los partidos tricolor (en Tabasco) y de la Revolución Democrática, en el ámbito nacional–, pero en su etapa dirigente rindió el mejor resultado, a grado tal que calló en los hechos tanta habladuría.
Lo mismo dio resultados positivos en su gobierno, allá en la Ciudad de México, con la infraestructura levantada y el inicio de obras que están hoy concluidas y hacen competir a la capital del país con las ciudades más importantes del concierto nacional.
Encuestas
La percepción ciudadana discrepa de las estadísticas que ofrecen las empresas encuestadoras en relación al posicionamiento de los aspirantes a la Presidencia de la República.
Sobre todo porque éstas, según se sospecha, podrían alterar sus resultados a capricho de los clientes ocasionales, con el fin de inducir el resultado a favor o en contra de actores predeterminados.
Nunca antes, como en la sucesión adelantada, la mercadotecnia se hubo involucrado tanto en una justa tempranera –incluso ni en 2006 o el 2012–, y menos los aspirantes a la jefatura del Poder Ejecutivo Federal le dieron tanta importancia a los parámetros con que ahora se miden los escenarios.
Pero hoy también son ellos, los pretendientes, quienes se encargan de desacreditar los sondeos de opinión.
Y más cuando aparecen con menos puntos porcentuales que uno o más de sus pares.
La danza de corporativos es otra de las causas que estimula la incredulidad del pueblo ante las cifras divulgadas.
Y con justa razón, pues cada mes se publican al menos una decena de encuestas.
Lo que ocurre en esta ocasión es que la percepción ciudadana difiere en mucho de la medición practicada en segmentos poblacionales.
Usted bien puede comprobar esta apreciación, si acaso se diera tiempo para preguntar en familia, entre amigos o conocidos, qué opinan al respecto en torno a la sucesión adelantada.
Y seguramente confirmará que ‘El Peje’ se mantiene a la cabeza.
Inseguridad lacerante
Junto al desempleo y la pobreza, es la inseguridad pública uno de los problemas que más lastiman a la sociedad. El cáncer penetra hasta los rincones más apartados de la geografía estatal, evidenciando un fracaso estrepitoso en la materia por parte del Gobierno Federal, como evidencian las cifras oficiales y extraoficiales.
Es un rubro que en lo inmediato debe atender el mandatario entrante.
Sobre todo porque paso a paso, el hampa ha sentado sus reales y defiende ‘a sangre y fuego’ los territorios ‘conquistados’, mientras la Procuraduría General de la República (PGR) –responsable directa de perseguir los ilícitos–, hasta la fecha no logra encontrar la fórmula para atenuar, al menos, ese lastre que atenta contra individuos y familias tanto en su patrimonio como en su integridad física y moral.
Ciudades y comunidades otrora pacíficas, han pasado a constituirse en espacios de alto riesgo donde sólo impera la ‘ley de la selva’, sin que exista poder humano capaz de restablecer el orden.
Por el contrario, es harto palpable el fracaso de las estrategias del régimen presidencial implementadas para frenar los índices delictivos, como bien lo demuestran los acontecimientos que en Tamaulipas tienen lugar de manera cotidiana; y eso permite suponer que se cometen en un marco de impunidad, constituyendo, además, uno de los principales ingredientes que permiten su propagación, ante la falta de una estrategia adecuada para enfrentarlos.
En reiteradas ocasiones se ha comprobado que el hampa teje relaciones y logra penetrar las esferas encargadas de combatirla, lo que ha sido demostrado cuando se logra detener a facinerosos de alto rango, quienes muchas veces son servidores públicos en activo, lo fueron o sostienen relaciones de complicidad con los mandos encargados de la seguridad pública.
Es más, en el pasado reciente resultaba común enterarse de cómo delincuentes disfrazados de policías, mediante estipendio, lograban colarse a las mejores ‘plazas’ –este mal quizá aún se practica– a fin de estar cerca de los ‘patrones’ y poder servirles adecuadamente en la comisión de sus fechorías.
Secuestros, violaciones, robos, tráfico y venta de estupefacientes, así como viles y cobardes asesinatos, forman parte de una larga lista de modalidades criminales que llenan a diario los espacios y tiempos de los medios de comunicación masiva y siguen al alza.
Todo ello daña la credibilidad hacia las instituciones federales encargadas de la seguridad, hasta el grado de que la población agraviada ya está harta de su incapacidad, ineptitud e ineficiencia.
Sólo cifras alegres y pretextos escuchamos por doquier por parte de los encargados de combatir el crimen, que, desafortunadamente, avanza a pasos firmes en nuestro país sin que logren detenerlo las autoridades responsables en la materia.
Entonces, hay que animar la participación de la ciudadanía a fin de que entre al quite y enjuicie a los malos servidores públicos, a la vez que determine el camino a seguir.
De ninguna manera es sano continuar inmersos en el círculo vicioso donde empieza a borrarse la distinción entre maleantes y policías.
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