Una de las frases más importantes de Marx como filósofo (no como padre del comunismo) es la que también inspiraría al académico estadounidense Marshal Berman a escribir su libro, clásico para entender al modernismo y sus fallas: “Todo lo sólido se desvanece en el aire”.
La frase es demoledora y cualquiera de sus interpretaciones, siempre terminará en una condena de la razón de ser al menos de este planeta y es la constante erosión de lo que parece firme e indestructible, al final habrá un facto que lo termine deteriorando.
En el plano de las instituciones, la frase además de ser demoledora es preocupante e inspira a un constante replanteamiento de su verdadera función, en la vida, en la sociedad, en un país, en el mundo, en la humanidad en sí. Desde lo básico como lo es la familia, hasta organizaciones de mundiales como la ONU, esa constante de lo inconstante que llega a ser la humanidad, obliga a sus integrantes y a la sociedad a modificar o a exigir modificaciones de lo que ya se da como una realidad imperante.
¿Quién hubiera pensado por ejemplo en la primera mitad del siglo XX que las tecnologías superarían muchas de las cosas establecidas de la humanidad tan simples como lo son las relaciones humanas?
¿Quién hubiera pensado en plena Edad Media que el concepto de familia dejaría de ser tan ambiguo y se centraría en el principio primordial de lo humano que es la felicidad?
¿O quién hubiera pensado en el Tamaulipas de los 60s, los 80s, incluso de los 90s, que entrado el Siglo XXI la realidad superaría hasta la más turbia conciencia sobre la sangre derramada en cada rincón del estado?
Bajo esa misma realidad, es que una institución tan primordial como la Seguridad Pública desapareció en la práctica y sólo quedó como un instrumento de uso presupuestario. En los seis años de Egidio Torre Cantú, el proyecto de policía resultó en un rotundo fracaso como institución, y sirvió más como una caja chica predilecta para el desvío de recursos para otros fines.
Si Eugenio Hernández Flores vivió un negro episodio en el ocaso de su gobierno con la masacre de los 72 inmigrantes de San Fernando, a Egidio le tocaría vivir otro más doloroso y más intrigante: la localización de 14 fosas clandestinas con más de 120 cuerpos.
La gravedad del problema aumentó cuando en las investigaciones, se llegó a la conclusión de que en gran parte de las desapariciones de las personas que después aparecerían en las fosas, participó de manera o indirecta la Policía Municipal de San Fernando.
Se evidenciaba que la Policía, la encargada de proteger a la ciudadanía, era una aliada más de la delincuencia organizada.
A partir de abril de 2011 las cosas cambiaron, se disolvieron los cuerpos policiacos tanto municipales como la Policía Estatal. Y lo poco que quedaba de la Policía Ministerial se fue delegando conforme pasó el tiempo hasta llegar a un punto cero.
El proyecto de mando policiaco inició desde cero. No se podía confiar en ninguno de los policías que hasta ese momento se encontraban en funciones, les quitaron sus uniformes, los desarmaron y en el mejor de los caso su función se limitó a cuidar las instalaciones gubernamentales.
Para apaciguar las severas críticas en su contra, el gobierno de Egidio Torre de la mano del entonces presidente Felipe Calderón, emprendieron el proyecto de la Policía Estatal Acreditable.
La Policía Militar llegó por un periodo a realizar las labores de vigilancia con poco más de dos mil elementos a disposición. En esa etapa, entre 2011 y 2013, se registró gran parte de los homicidios, secuestros y desapariciones que aún padece Tamaulipas.
En un periodo de dos años el estado quedó sin policía alguna, hasta que se graduó la primera generación de la Policía Estatal Acreditable. Alrededor de mil elementos colaboraban con la milicia en los operativos de Seguridad Pública.
Fueron dos años de incertidumbre, sobre una policía que simplemente no cumplía con la suficiente evaluación y sin un nivel de confianza aceptable para realizar las labores de Seguridad Pública. En contraste, la presencia de las Fuerzas Federales aumentó a niveles nunca antes visto.
En los primeros meses de 2013, por ejemplo, la presencia de las Fuerzas Federales en el estado se contaba en más de 11 mil elementos de los cuales cuatro mil 500 se encargaban de cuidar a Ciudad Victoria.
En esa misma fecha, el Gobierno del estado presumía que su Policía Estatal Acreditable llegaba a los tres mil elementos.
Sería en 2014, cuando el sur de Tamaulipas sufrió en 2014 su peor crisis de seguridad tras la captura de Javier Garza Medrano, alias el K-14, que los ojos del país y del mundo se concentrarían en Tamaulipas.
El recién llegado gobierno de Enrique Peña Nieto vio la necesidad de sumar los esfuerzos con el gobierno estatal y así crear vía la Secretaría de Gobernación el Grupo de Coordinación Tamaulipas.
En el nuevo modelo de Seguridad Pública, se renovaba el proyecto de la Policía Estatal Acreditable por el de Fuerza Tamaulipas. Militares procedentes del Campo Militar No. 1 llegaron a tomar el control de la Seguridad Pública estatal. Los policías estatales, en su mayoría ex militares, ahora trabajaban en conjunto con elementos de la milicia y la Fuerza Naval.
Para finales de 2014 Egidio Torre Cantú presumía una policía bien capacitada, el apoyo total de la Federación, y una drástica reducción en la incidencia delictiva.
Además de los buenos sueldos, prestaciones de Ley y la apertura de nuevos Centros de Seguridad Pública y Academias de entrenamiento en las que se destinó una fuerte suma de dinero.
Pero lo que no explicaba Torre Cantú es que la verdadera fuerza de su policía consistía en la concentración de militares que sirvieron apoyo desde un inicio, y que en 21 de los 43 municipios de Tamaulipas no se contaba con policía alguna.
Además, la llegada del General Arturo Gutiérrez al control de la Seguridad Pública estatal apagó el incendio provocado por las pugnas de poder entre dos líderes de la delincuencia organizada en Victoria, que le costó la vida al teniente Salvador de Haro en una emboscada que se llevó a cabo en el Libramiento
Naciones Unidas.
Gutiérrez logró organizar de la mejor manera posible a la policía de la mano del polémico coronel Pablo Castellanos.
El desvío de dinero destinado a los salarios de los policías vía Armando Núñez, entonces Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, provocó en 2015 el rompimiento de las relaciones entre Egidio Torre Cantú y su Secretario de Seguridad Pública.
En el momento más ríspido de dicha relación, Egidio Torre dejó de recibir al general, al grado de ni siquiera tomar su llamada telefónica.
El resto es historia: Arturo Gutiérrez renunció, la Federación inició la retirada de la milicia, el evidente endeudamiento de Seguridad Pública colapsó al gobierno y los niveles de violencia, principalmente en Ciudad Victoria llegaron a niveles inimaginables.
¿Fue la corrupción de Torre Cantú y Núñez Montelongo? ¿Fue el retiro del apoyo Federal? ¿Fue el poco interés de la población en formar parte de la Fuerza Tamaulipas?
La respuesta se apega a la idea de un coronel de la milicia local y se apega a la realidad no sólo de los mandos únicos, también de la Policía Federal.
La pobre infraestructura y fortaleza institucional de las Fuerzas Civiles impiden lidiar con otros problemas como la corrupción o la poca capacitación de su burocracia. Si un policía estatal o federal no se siente lo suficientemente seguro y protegido por su institución para no ser tentados por el crimen, quiere decir que dicha institución está destinada al fracaso.
La implementación de programas imitados de otros modelos y la falta de atención a sus elementos harán que cualquier modelo se vea afectado por la infiltración directa de los criminales.
Todo lo sólido se desvanece en el aire, es el principio de la erosión y de la constante transformación de la materia.
Pero si no se suman los suficientes elementos para que una institución como la Seguridad Pública tengan la suficiente fortaleza para enfrentar cualquier tipo de adversidad, su funcionalidad y credibilidad ante cualquier ventisca se desmoronará como la más fina arena.
Y ese es el principal reto que tiene el nuevo gobierno encabezado por Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
