Gobierno del estado no tiene para cubrir gasto corriente de tres meses
Los salarios, las compensaciones y los aguinaldos, serían su prioridad
El INE cobra multa al tricolor; y lo pone en aprietos para pagar sueldos
La inseguridad pública, es un rubro que el Presidente no sabe atender
Uno de los problemas que impiden el desarrollo administrativo del nuevo régimen, es la falta de dinero para cubrir el gasto corriente de los últimos tres meses del año, donde se contemplan salarios, compensaciones y el aguinaldo.
De ahí que la sustitución de personal en los mandos medios esté en veremos, todavía, dificultando así trámites y servicios, mientras aumenta la zozobra entre la burocracia por la amenaza de despidos y cancelación de plazas.
Y eso que al gobierno de Egidio Torre Cantú le fue asignado para el ejercicio 2016 el presupuesto más alto en la historia de Tamaulipas.
Hablamos de 43 mil 652 millones 521 mil pesos, de los que al gasto corriente correspondieron 39 mil 170 millones 417 mil; y de esa cantidad tan sólo para el pago de servicios personales se programaron 19 mil 563 millones 708 mil pesos.
Esto en una planeación a 12 meses. Y no a nueve, como lo arguyen para justificarse los emisarios del pasado cuando se les inquiere por qué al régimen sucesorio heredaron tan grave pasivo; aparte de la millonaria deuda pública, que acaricia los 20 mil millones de pesos; créditos que no pagaron a proveedores, contratistas ni prestadores de servicios; y, por si fuera poco, la renta de inmuebles y vehículos, agua potable, electricidad, alcantarillado y
drenaje.
Hasta donde me han informado, para cubrir tan sólo emolumentos y servicios el régimen ocupa alrededor de siete mil 500 millones de pesos, pero en su haber no hay más de un mil 700, por lo que resulta necesario recortar más el gasto en todas las áreas, incluyendo los apoyos sociales y evitando la contratación de nuevo personal (al menos por el momento), so pena de que el problema se torne más crítico.
Sobre todo porque las participaciones federales del cuarto trimestre, a decir de especialistas, ya fueron entregadas en su mayoría y otras que no, resultan insuficientes para cubrir la demanda pues deben aplicarse a programas de seguridad.
Por eso no me extraña que se haya detenido el nombramiento de la mediana burocracia, que habrá de sustituir al copioso equipo contratado por Egidio Torre Cantú –asignándole jugosas compensaciones que iban desde los 35 hasta los casi 200 mil pesos, mensuales–, no porque fuera capaz y eficiente, sino por parentesco, amistad o compromiso.
Y esto lo saben a la perfección los servidores públicos de bajo perfil que durante más de cinco años fueron marginados, aún cuando en ellos descansaba el quehacer operativo del régimen de tan tristes recuerdos.
Lamentablemente son quienes más han padecido el desprecio de la jerarquía llegada a las dependencias oficiales, tachándolos de «aviadores» y otros epítetos, sin considerar que su presencia en el gobierno es como trabajadores, en su amplia mayoría, y no por su militancia partidista.
Tan es así que, un gran número de votos emitidos por la burocracia, hizo posible el cambio aquí en Tamaulipas y no porque simpatizaran con el membrete albiceleste, sino por el hartazgo hacia el régimen plutócrata que más daño ha hecho al estado, según estiman quienes gustan de los análisis objetivos.
En fin, no le extrañe si en esta quincena las compensaciones se les reducen a los empleados o definitivamente se les cancelan, hasta nuevo aviso, por falta de dinero; ni por la tardanza de nombramientos (del nivel dirección y jefaturas de departamento).
Lentitud priista
La renovación del Comité Directivo Estatal (CDE) del tricolor ha dilatado, en principio, porque su improvisado guía ideológico –de corte nacional–, Enrique Ochoa Reza, no ha marcado una línea para que se manifieste la «cargada».
Mientras tanto se acude al cuento de refrescar los consejos políticos municipales, a fin de nutrir el estatal (estimado en más de 600 militantes) que, en estricto apego a los estatutos, sería quien elija al nuevo dirigente tamaulipeco.
¡Bah!. Como si la nomenclatura ignorase que su majestad, «el dedo», es quien aún determina de qué lado masca la iguana.
En este escenario relevista, aparece Luis Alejandro Guevara Cobos, en primer lugar por ser quizá el único personaje contestatario al régimen de la alternancia; y enseguida Edgardo Melhem Salinas, aunque éste ha pretextado «analizar su participación por el quehacer legislativo que tiene al momento».
El hijo de Amira Gricelda Gómez Tueme –Carlos Solís Gómez–, por su parte, se auto descartó –¡albricias! dirían los priistas de carrera–, así que acudiría al relevo una estampa emblemática de la base, so pena de, ante una nueva imposición, abandonar la trinchera.
Y tan bien lo sabe la encargada del CDE priista, Aída Zulema Flores Peña, que tarde se le hace para entregar el mando.
Mientras ello acontece la sede priista luce abandonada y con graves problemas económicos. No hay recursos para cubrir salarios ni pagar los servicios de energía eléctrica, agua potable, limpieza, telefónicos u otros contratados con empresas particulares.
Incluso al tricolor, el Instituto Nacional Electoral (INE) ya le aplicó un primer descuento en sus prerrogativas mensuales, del 50 por ciento, por la multa que le impuso en el pasado proceso comicial –ésta, fue superior a los siete millones de pesos–, causándole estragos para cubrir sueldos, servicios y operatividad.
Municipios afectados
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Fism) es una importante fuente de ingresos para las localidades que registran alta marginación, pero el Gobierno federal ha retardado la entrega de los recursos y, lo que es peor, recortarlos en perjuicio de miles de pobladores que por ley
(y/o justicia social) debieran ser beneficiados.
Sobre todo cuando los municipios contemplados en el programa son altamente vulnerables ante las inclemencias del tiempo y hay muchos en donde la pobreza se acentúa ante la falta de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas; urbanización municipal, electrificación rural y en las colonias pobres; infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural.
Acudo a las asignaturas porque son las que contempla el Fism(un), y las que precisamente más desatiende la Federación… salvo cuando hay elecciones en puerta.
En el caso concreto de Tamaulipas, reiteradamente se le ha negado esa participación a los municipios con alta marginación –que, por cierto, aparecen en el padrón oficial de localidades candidatas a la ayuda–, por lo que es necesario insistir en que la conculcación de ese dinero ofende y lastima no sólo a los adultos de la tercera edad, mujeres y niños, sino también a los estudiantes y trabajadores del campo, que cansados ya están de mendigar una ayuda federal que no llega.
Consciente de eso, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca podría activar programas estatales compensatorios para ir al rescate de todos y cada uno de los municipios que se han visto afectados.
Y más porque el Gobierno Federal aplicaría un nuevo recorte a ese programa de apoyos para realizar obras de desarrollo social.
Como ejemplo de la mala aplicación presupuestaria por parte de la Federación, basta recordar que el año anterior los recursos recurrentes enviados al estado para el campo fueron del orden de 470 millones de pesos, mientras que en el ejercicio actual sólo han llegado 275 millones.
A eso obedece que cada día el pueblo le crea menos al Presidente.
Agresión sistemática
Hace días, aquí en este mismo espacio, le comenté que por salud del propio sistema político mexicano la Cámara de Diputados obligada está a reconsiderar el proyecto de presupuesto de egresos, enviado por Enrique Peña Nieto, para no recortarle miles de millones de pesos a quienes más lo requieren.
Máxime cuando la resta de recursos los contempla el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2017, y que para el grueso de los 2 mil 438 ayuntamientos de la República Mexicana significan un importante soporte para enfrentar la crisis económica sin necesidad de recurrir al endeudamiento.
Sin embargo, las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) no han dado visos de querer enmendar la iniciativa, y, por el contrario, avivarían la crisis avalando incrementos a la canasta básica, aun cuando en su acometida (contra el pueblo) aticen el fuego de la hoguera que ya alcanza al señor de Los Pinos.
Por si fuera poco los incrementos a los precios de la leche y combustibles; los abusos en las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); la despiadada persecución que contra los empresarios realizan el Sistema Tributario, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Infonavit, cuando menos, animan el descontento hacia el Gobierno Federal, cuyos jerarcas torpemente siguen agrediendo a los contribuyentes como si ello resarciera el repudio en su contra.
Lo peor del caso es que hay dos rumores que empiezan a cobrar fuerza –sobre todo cuando se dice que cuando el río suena, es que agua lleva–, refiriendo la posibilidad de que el nuevo secretario de Hacienda sea sacrificado como chivo expiatorio y el Gobierno Federal disponga de los recursos de los trabajadores
que tanto han ahorrado para su retiro, para otra vez destinarlos a disfrazar la creciente inflacionaria.
Esto significa que el señor de Los Pinos pudiera dejar con un palmo de narices a quienes reclaman los recursos que, a su libre arbitrio, dispuso recortar.
La elucubración no es descabellada –como podría suponerse–, y menos cuando hay voces autorizadas que a Peña Nieto le recomiendan evitar encuentros con los gobernadores, disque para evitar mayor presión por parte de éstos y los presidentes municipales.
De cualquier forma unos y otros –los mandatarios de las entidades federativas y los ediles–, en un justo reclamo, piden que la Federación no les ningunee las participaciones a que tienen derecho.
Y hacen bien, ya que de los miles de millones de dólares que Peña Nieto ha pedido prestados al Fondo Monetario Internacional (FMI), ni un solo centavo ingresó a las arcas de los ayuntamientos, como tampoco los recursos autorizados por el Poder Legislativo.
Inseguridad lacerante
Junto al desempleo y la pobreza, es la inseguridad pública uno de los problemas que más lastiman a la sociedad.
Paso a paso, el hampa ha sentado sus reales y defiende ‘a sangre y fuego’ los territorios ‘conquistados’, mientras la Procuraduría General de la República (PGR) –responsable directa de perseguir los ilícitos–, hasta la fecha no logra encontrar la fórmula para atenuar, al menos, ese lastre, que atenta contra individuos y familias tanto en su patrimonio como en su integridad física y moral.
Ciudades y comunidades otrora pacíficas, han pasado a constituirse en espacios de alto riesgo donde sólo impera la ‘ley de la selva’, sin que exista poder humano capaz de restablecer el orden.
Por el contrario, es harto palpable el fracaso de las estrategias del régimen peñista implementadas para frenar los índices delictivos, como bien lo demuestran los acontecimientos que tienen lugar de manera cotidiana; y eso permite suponer que se cometen en un marco de impunidad, constituyendo, además, uno de los principales ingredientes que permiten su propagación.
En reiteradas ocasiones se ha comprobado que el hampa teje relaciones y logra penetrar las esferas encargadas de combatirla, lo que ha sido demostrado cuando se logra detener a facinerosos de alto rango, quienes muchas veces son servidores públicos en activo, lo fueron o sostienen relaciones de complicidad con los mandos encargados de la seguridad pública.
Es más, en el pasado reciente resultaba común enterarse de cómo delincuentes disfrazados de policías, mediante estipendio, lograban colarse a las mejores ‘plazas’ –este mal quizá aún se practica– a fin de estar cerca de los ‘patrones’ y poder servirles adecuadamente.
Secuestros, violaciones, robos, tráfico y venta de estupefacientes, así como viles y cobardes asesinatos, forman parte de una larga lista de modalidades criminales que llenan a diario los espacios y tiempos de los medios de comunicación masiva y siguen al alza.
Todo ello daña la credibilidad hacia las instituciones federales encargadas de la seguridad, hasta el grado de que la población agraviada ya está harta.
Sólo cifras alegres y pretextos escuchamos por doquier por parte de los encargados de combatir el crimen, que, desafortunadamente, avanza a pasos firmes en nuestro país sin que logren detenerlo las autoridades responsables en la materia.
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