En medio de la tormenta desatada por el encarcelamiento de Eugenio Hernández Flores, los jerarcas estatales del PRI tratan de darse ánimos, como recomienda el dicho de que al mal tiempo hay que darle buena cara.
Ayer, mientras circulaba la noticia de la solicitud de extradición del ex gobernador del Estado a los Estados Unidos, Sergio Guajardo Maldonado dio a conocer la lista de los siete presuntos aspirantes a candidatos a senador, que encabeza el ex candidato a gobernador, Baltasar Hinojosa Ochoa.
La relación incluye, asimismo, al diputado Alejandro Etienne Llano, al coordinador de los diputados federales priístas tamaulipecos, Édgar Melhem Salinas, a la legisladora de Nuevo Laredo, Yaleel Abdala Carmona, a Enrique Cárdenas del Avellano, a la tampiqueña Paloma Guillén Vicente y a la maderense Montserrat Arcos Velázquez.
Aunque a ciencia cierta no se tiene idea quiénes serán al final de cuentas los elegidos, salta a la vista que los únicos que tienen peso político para obtener la postulación y brincar del palacio legislativo de San Lázaro al de Reforma y Sullivan son Balta, Melhem y Mercedes del Carmen.
Los demás son de relleno.
Pasado mañana viernes, por cierto, el alto mando nacional del tricolor formalizará el trámite de aprobación del disfraz que impondrá al dedazo en la elección del candidato presidencial, así como el reglamento para la postulación de los abanderados a diputado federal, senado, ocho gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de México.
La decisión se tomará durante los trabajos de la 41 sesión ordinaria del Consejo Político Nacional que tendrá lugar ese día en la sede nacional de la capital del país.
Las novedades del proceso son que la mitad de los candidatos tendrán que ser hombres y la mitad mujeres y que en las planillas de aspirantes regidores habrán de otorgarse varias posiciones a jóvenes.
Sin embargo, la noticia que acaparó la atención de los miembros de la clase política no fue la del proceso selectivo priísta, sino la detención y liberación de dos conocidos servidores públicos tampiqueños, el ex director de Obras Públicas durante la gestión de Gustavo Torres Salinas, José Fernández Espíndola, y el subdirector de Planeación Urbana, Eduardo Camacho Oropeza.
Las acusaciones, usurpación de funciones y encubrimiento en el otorgamiento de permisos de construcción en beneficio de conocida empresa constructora. Como se trata de delitos no graves, los dos ex servidores públicos obtuvieron la libertad bajo fianza para enfrentar el proceso judicial en libertad.
Sean peras o sean manzanas, la detención de los aludidos provocó una nueva acalambrada entre ex funcionarios de gobierno que tienen cola que les pisen, ya que saben que, tras la detención de Geño, la advertencia de que los que la hicieron la pagarían lanzada el primer día de octubre del año pasado, fecha en la que el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca asumió el cargo, no fue retórica sino que va en serio.
Al que, por otra parte, exhibieron públicamente fue al coordinador de senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón.
¿La causa?, que el domingo pasado utilizó un helicóptero oficial para echarse una cascarita de golf, aunque el político yucateco justifica que recurrió a la aeronave para asistir primero a una reunión de trabajo con el presidente Enrique Peña Nieto, en la que se trataron el caso de la renuncia de Raúl Cervantes a la PGR y otro relacionado con la agenda legislativa, y que luego jugaron para relajarse.
Versión que, por supuesto, nadie le creyó.
El 31 de marzo del 2015 otro funcionario de gobierno, el director de la Conagu, David Korenfeld, fue sorprendido haciendo lo mismo pero para llevar a su familia de vacaciones en una nave de la fuerza aérea, escándalo a consecuencia del cual se vio precisado a renunciar al cargo. Sin embargo, como Gamba no es un funcionario de designación sino de elección y separarlo de la responsabilidad política que tiene signada es de más alto rango sería más complicada, seguramente el legislador seguirá en el puesto.
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