CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- La frontera entre Texas y Tamaulipas es la puerta principal del tráfico de armas de fuego a México, asegura la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos.
Por medio de operaciones secretas de largo aliento, la ATF comprobó que el 70 por ciento de las armas incautadas por el gobierno mexicano entraron por los puentes internacionales entre Texas y Tamaulipas. Este porcentaje representa 73 mil 684 piezas de varios calibres contabilizados entre 2009 y 2014.
Los modus operandi de los traficantes cambiaron a partir de la persecución de este delito. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos confirmó la nueva forma concertada por redes del Valle de Río Grande y la delincuencia organizada mexicana. Ahora, las contrabandistas adquieren las armas, las desarman y pasan parte por partes en lotes ocultos en vehículos. Esta operación dificulta la detección del contrabando e incide en las imputaciones y penas judiciales.
En el contexto de las manifestaciones en territorio norteamericano para reforzar el control de las armas, la periodista de Al Jazeera, Juliana Ruhfus, mostró lo peligroso y sencillo de comprar un rifle de asalto ak-47, iniciando la operación en la frontera tamaulipeca y concluyéndola del lado americano.
Hombres y mujeres mantienen una sólida, discreta y reforzada red de venta de armas. La estabilidad del negocio se encuentra en el holgado entramado legal estadounidense y la sangrienta batalla de los grupos delincuenciales que operan en la frontera mexicana, especialmente en la zona de Reynosa a Nuevo Laredo.
A partir de noviembre del año pasado, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, propuso a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) formar un frente contra el tráfico de armamento. El 15 de diciembre en una mesa de diálogo organizada por la Cámara de Comercio de McAllen, Texas, el reynosense solicitó a las autoridades y la sociedad civil texana impulsar el combate al contrabando de armas.
“Yo en lo particular soy cazador, me gustan las armas, es un derecho que se tiene en Estados Unidos. Yo en particular no estoy en contra de ésto, de lo que estoy en contra es que se comete un delito cuando cruzan (las armas) del otro lado. Es ahí donde hoy en día se ha generado violencia muy alta del otro lado de la frontera, porque lo grupos criminales ya encontraron un mecanismo para hacerse de recursos: cruzan la droga y está siendo pagada con armas”, explicó el mandatario.
Los portadores de munición sin terminar, gatillos y martillos, culatas, cachas de pistola, puños, tornillos y resortes son las partes más traficables. Ninguna de las piezas referidas se clasifican como armas de fuego bajo la ley de Control de Armas de Estados Unidos. Dicho articulado obliga a los fabricantes e importadores de armas de fuego identificar con un número de serie a la pieza completa. Los traficantes evaden la ley al mover las partes.
Combate limitado
Las autoridades estadounidenses de seguridad y justicia han detenido y han sentenciado a 3 mujeres y 12 hombres norteamericanos y mexicanos por el contrabando de armas a México en los recientes cuatro años.
De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas por su nombre en inglés), jueces federales dictaminaron dos cadenas perpetuas y 46 años con 3 meses de prisión, en conjunto por los 15 delincuentes, de 2014 a 2018. Las investigaciones no han dejado claro la magnitud del paso ilegal de pistolas y fusiles.
El primer caso de corporación de tráfico ocurrió en abril de 2015. Los jóvenes Emilio Villalobos-Alcala y José Eluid Lugo López fueron sentenciados a cadena perpetua por contrabandear cientos de rifles de asalto y droga. El fiscal federal del Distrito Oeste de Texas, Richard L. Dubrin, los encontró culpables de 4 ilícitos.
“Los hombres estuvieron involucrados en un esquema de contrabando de marihuana y armas de fuego a gran escala desde julio de 2011 hasta febrero de 2013. Armas de asalto, otras armas de fuego, municiones y revistas compradas en San Antonio fueron contrabandeadas a través de Eagle Pass, Texas dentro de compartimentos ocultos en automóviles y camiones”, detalló el Servicio de Inmigración.
En agosto de 2015, Rosa Melendez Jiménez, mexicana residente del sur de Texas, fue sentenciada a 6 años y medio en una prisión federal tras ser condenada por intentar exportar 6 mil cartuchos de munición y un rifle de asalto AK-47. Tan solo en el hogar de la mujer se hallaron 2 mil 500 rondas de munición de 7.62 x 39 mm.
El rastro que llevó a casa de Meléndez fue la detención de Pedro Ramírez-Aguirre. Los investigadores federales y del condado de Cameron vigilaron al hombre y lo capturaron en posesión de un vehículo con dos bolsas negras de lona que contenían un total de 2 mil 500 cartuchos de munición de 7.62 x 39 mm, mil cartuchos de munición calibre .223, un rifle de asalto AK-47, una revista de gran capacidad de .223 calber, dos revistas de 7.62 x 39 mm y equipo táctico.
Al año siguiente, la nuevolaredense Claudia Raquel Herrera Ibarra, de 35 años, y el texano Jonathan James Ruiz, de 24 años, fueron sentenciados por participar en el tráfico de fusiles, informó el fiscal federal de Distrito Sur de Texas, Kenneth Magidson. Vinculado con los dos sujetos está Omar Rolando Castillo, de 30 años.
Herrera Ibarra alegó que era una integrante de rango menos de un cártel mexicano. La jueza federal de distrito Mariana García Marmolejo señaló que la mujer contrató a James Ruiz y otras personas para comprar versiones civiles de rifles de asalto militar y pistolas entre el 13 de diciembre de 2015 y el 19 de marzo de 2016, en varias tiendas en Laredo.
Posteriormente, contrabandeó ilegalmente o contrató a otros para entregar las armas de fuego en México. Claudia Raquel pagó entre 150 y 160 dólares por fusil traficado. Ruiz aceptó el contrabando de 25 armas, dos menos de las que la mujer admitió. La mexicana fue arrestada en el estacionamiento de una tienda de artículos deportivos en el norte de Laredo después de recibir dos rifles AR-15 semiautomáticos de un agente encubierto a quien ella había contratado y pagado para comprar armas de fuego.
En diciembre de 2016, José Gertudis Partida, militar en retiro condecorado con la Estrella de Bronce, y Dimas Rodríguez fueron sentenciados a 70 y 30 meses, respectivamente, por traficar fusiles y municiones a células delincuenciales de Reynosa.
Una de las pruebas fue recabada el 2 de diciembre de 2015, cuando Partida le proporcionó a Rodríguez tres armas de fuego semiautomáticas. Dimas las vendió a un individuo que planeaba proporcionar las armas a los sicarios mexicanos. La magistrada estadounidense Micaela Álvarez señaló que el militar sabía que Rodríguez había sido condenado por el delito grave de posesión con la intención de entregar una sustancia controlada, y por lo tanto se le prohibió poseer armas de fuego.
Uno de los casos que comprueba el cambio de operación en el contrabando es el del regiomontano Alejandro Cavazos Torres, de 52 años. Agentes federales lo detuvieron cuando descargaba paquetes que contenían partes y accesorios de armas de fuego, en el estacionamiento de un hotel en Hidalgo el 14 de octubre de 2016.
Elementos de Seguridad Nacional vigilaron a Cavazos por algún tiempo, después de que enterarse que había comprado más de 100 dólares en componentes de armas de fuego como AR-15 en distribuidores en Internet. En en febrero aceptó su culpabilidad.
En octubre de 2017, un altamirense fue aprehendido cuando intentó ingresar armas de grueso calibre y municiones a México por el cruce internacional de Hidalgo. Las autoridades explicaron que el hombre conducía una camioneta Ford Explorer, de color blanco. Al pasar a una inspección secundaria encontraron dos rifles semiautomáticos, una Glock 17 (9 mm), aproximadamente 87 revistas de rifles y cerca de 3 mil 455 cartuchos útiles, ocultos dentro de la caja de bocina.
El conductor admitió haber viajado de México a Estados Unidos para conseguir armas, municiones y revistas de rifles, según la denuncia penal. En su declaración agregó que en varias ocasiones había logrado introducir armas y municiones a territorio mexicano, pues no era la primera vez que viajaba a la unión americana para comprar armamento.
El último caso ventilado por autoridades federales es considerado grave por el tipo de armamento.
Dulce Maria Rippstine y Juan Martín Segura-Olvera se declararon culpables de comprar y contrabandear un lanzador de granadas M203 y tres rifles semiautomáticos, anunció el abogado estadounidense, Ryan K. Patrick. En el ilícito también participaron Oscar Fredy García, de Reynosa, y Jorge Cortez-Trujillo, de Veracruz.
Los compradores negociaron la venta del armamento con agentes federales encubiertos que se hicieron pasar por traficantes de armas del mercado negro. De acuerdo con las declaraciones de la mujer, Jorge Cortez se identificó como un exmiitar que conocía los lanzagranadas y que ya había traficado armas anteriormente.