En la víspera de la toma de posesión, el subsecretario designado de derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, le entró al tema del papel, de los militares en asuntos de seguridad y con ello anticipó que habrá muchas manos en la estrategia lopezobradorista y no sólo Alfonso Durazo Montaño.
Luego de algunas agresiones verbales, desprecios sobre el papel castrense en la seguridad y confusiones sobre lo que se quiere, el nuevo gobierno lopezobradorista parece estar convencido que los militares serán indispensables. Lo que queda pendiente, sin embargo, es una ley especifica para regular esa participación.
Lo que adelanta el debate sobre los militares podría entenderse como que la estrategia de López Obrador tardará en consolidarse y quizá más en implementarse: el desarrollo regional será tardío sin gasto publico, la legalización de las drogas tardaría años en conseguirse y la profesionalización de las policías federales, estatales y municipales podría conseguirse en diez años.
Y las cifras de la violencia criminal siguen creciendo y rebasando las alcanzadas en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto.
La curva del aprendizaje del nuevo gobierno en materia de seguridad no sólo se prevé tardía, sino que se percibe confusa, con tropiezos en la competencia entre instituciones.
La designación del próximo secretario de la Defensa Nacional se está leyendo de manera equivocada: el general Luis Sandoval responde a la disciplina castrense y no implica una ruptura con los actuales mandos. Lo que debe preguntarse es si el nuevo jefe militar va a operar con un margen de maniobra en materia de seguridad pública-interior-nacional.
Los mandos en las fuerzas armadas no se evalúan por lealtades de grupo como los políticos civiles, sino por tareas asignadas.
En los últimos tiempos, quizá desde Cárdenas, ningún grupo militar ha significado confrontaciones con otro; inclusive, es equivocada la lectura de conflictos entre el mando de la Defensa y el del Estado Mayor Presidencial en 1968.
El problema el próximo sexenio radicaría en repetir las confrontaciones en la conducción de la política de seguridad por mezquindades políticas y burocráticas.
Barandilla
·El vacío en la política de seguridad en los últimos meses y el aviso de que probablemente se legalizarán las drogas ha aumentado la guerra entre cárteles.
·Silencio respecto a tres nombramientos clave en área de seguridad: jefe de la policía federal, jefe de la gendarmería y secretario de seguridad pública de Ciudad de México.
·La secretaria designada de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quiere quitarle al secretario designado de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño, el control de la estrategia de seguridad. O sea, quiere repetir el modelo de Peña Nieto.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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