CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- El Poder Legislativo Federal avaló la reforma que permitirá al Presidente de la República la creación de “super comisiones” que se encargarán de investigar y fiscalizar casos trascendentales para el país como la Masacre de San Fernando o la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Estos grupos interdisciplinarios estarán compuestos por funcionarios o ex funcionarios, especialistas y representantes de la sociedad civil.
La nueva figura propuesta por Morena está inscrita en el dictamen aprobado de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y ha causado polémica entre la oposición, pues aseguran que con las atribuciones que se da a las nuevas comisiones se invaden las áreas de acción de otras dependencias de todos los niveles.
Desde hace meses, el futuro Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, había planteado la creación de comisiones de la verdad para “casos especiales”.
Y la actual senadora y futura Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, adelantó con claridad que los primeros temas que tratarán serán el de San Fernando y Ayotzinapa.
La adecuación al artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, señala que el presidente de la República “para el mejor despacho de los asuntos a su cargo, podrá constituir comisiones intersecretariales, consultivas y presidenciales a través de decretos”.
Las comisiones presidenciales, “se constituyen como grupos de trabajo especial para cumplir con las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes que deberán servir como base para la toma de decisiones o el objeto que determine su decreto de creación”.
Es decir, Andrés Manuel López Obrador podrá emitir decretos para crear las comisiones y encomendarles la investigación de los casos de mayor importancia para el país.
En el caso de la masacre de 72 migrantes ocurrida en San Fernando en agosto del 2010, a la fecha hay 11 detenidos, pero ni un sólo sentenciado.
Las organizaciones no gubernamentales han insistido en que no se ha realizado una investigación integral de Estado que arroje certeza sobre lo que ocurrió, y logre castigar a todos lo involucrados, incluidas las autoridades que habrían estado coludidas, o habrían sido omisas en la indagatoria y en la protección de las víctimas.
“Hasta la fecha no sabemos realmente cuál es la verdad, no hay una investigación real del Estado para saber hasta qué punto pudo haber complicidades de las autoridades”, ha dicho Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático.
El año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos rectificó el estatus del caso para determinar que hubo “violaciones graves a los derechos humanos”.
“El aspecto cualitativo se tuvo por cumplido al estimarse en esta nueva valoración que el entorno en el cual acontecieron los hechos coincidía con un patrón de eventos criminales que se suscitaron entre 2008 a 2011 en territorio mexicano, y particularmente en San Fernando, Tamaulipas”, señaló la Comisión.
Tras la matanza, fueron detenidos 17 policías municipales acusados de cooperar con el crimen organizado, pero las organizaciones de víctimas han insistido en que funcionarios de seguridad de mayor rango de aquella época, también tendrían que responder por lo ocurrido en el 2010.
el dato
Según la reforma, el presidente podría crear tres tipos de comisiones:
– Comisiones intersecretariales:
Serán aquellas creadas por el Presidente de la República para el despacho de asuntos en que deban intervenir varias Secretarías de Estado. Estarán integradas por los Secretarios de Estado o aquellos funcionarios de la Administración Pública Federal.
-Comisiones consultivas:
Conformadas por profesionales, especialistas o representantes de la sociedad civil, de reconocida capacidad o experiencia, designados por el Presidente de la República con la finalidad de resolver una consulta determinada o emitir una opinión sobre algún tema.
-Comisiones presidenciales:
Podrán ser conformadas por integradas por personajes como las de las dos anteriores, así com servidores públicos y ex servidores de otros poderes y órdenes de gobierno; cumplirán con las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes.
