CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Como un presagio de la relación que mantendría con Tamaulipas, tuvieron que pasar casi diez meses desde que asumió la presidencia en el 2012, para que Enrique Peña Nieto visitara por primera vez la entidad.
En realidad fue una emergencia la que lo trajo: el embate del huracán Ingrid a la zona sur, en septiembre del 2013. Antes ya había cancelado una gira en Reynosa programada para el mes de junio.
Así de inconsistente fue la presencia del gobierno federal en el estado. El mandatario que hoy deja su cargo, se va con una larga lista de pendientes: de los más de diez compromisos que firmó ante notario para Tamaulipas, apenas cumplió cabalmente con tres, los demás están a medias, y algunos nunca se iniciaron.
Durante su administración, la estrategia de seguridad más pareció un repliegue de las fuerzas federales que dejó a su suerte a las autoridades estatales con la dura tarea de combatir al crimen organizado.
Los resultados están a la vista: los índices de homicidios no se redujeron; por el contrario, en algunas ciudades del estado se han roto récords de ejecuciones.
La economía tampoco gozó de cabal salud durante su mandato, incluso algunas actividades que representaban bonanza para la entidad, padecieron crisis históricas que aún hoy no logran superar.
Es el caso de la producción agropecuaria, que sufrió graves recortes presupuestales y adeudos que mandaron a la lona a los campesinos de Tamaulipas.
En conjunto, las medidas económicas adoptadas por el gobierno federal no contribuyeron al desarrollo de las familias tamaulipecas; incluso crecieron los índices de carencias sociales.
Lucha contra inseguridad
Tras la grave crisis de violencia desatada en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, durante su campaña Enrique Peña Nieto se vendió como la solución a la ola de secuestros y homicidios que asolaba a buena parte del país, en particular Tamaulipas.
Pero con el capital político que obtuvo del Pacto por México, la apuesta peñatietista fue más mediática que operativa: sacaron del discurso el tema de la violencia como si eso ayudara a desaparecerla.
Cometieron un grave error, pues el sexenio termina con un promedio mensual de 2 mil 500 homicidios dolosos en todo el país. Más de 125 mil asesinados hasta septiembre del 2018.
Para el estado, que atravesaba una crisis histórica de inseguridad, no hubo ninguna estrategia diferenciada sino hasta el 2014, cuando la Secretaría de Gobernación anunció que desplegaría una gran ofensiva contra la delincuencia en Tamaulipas.
Pero tampoco ocurrió gran cosa. Hasta septiembre del 2018, el último de Peña Nieto al frente del país, con escasa presencia de fuerzas federales en la entidad, ya sumaban 692 homicidios, la mayoría en Victoria con 67, y después en Reynosa con 53 casos.
La estrategia anunciada por Osorio Chong planteó tres ejes: 1) desarticular en su composición y operación a las organizaciones
delictivas que operan en la entidad; 2) sellar las rutas de tráfico ilícito de personas, sustancias, armas y dinero, y 3) garantizar instituciones locales de seguridad “suficientes, eficientes y confiables”.
De los tres objetivos, sólo el último ha empezado a cumplirse tras la llegada de la alternancia al poder en el 2016.
‘Cosechan’ pérdidas
Los últimos tres años del gobierno de Peña Nieto fueron una pesadilla para el campo. La crisis financiera que se agudizó en el 2015 provocó recortes presupuestales que impactaron gravemente a la producción agropecuaria.
Se estima que del 2016 al 2018, los campesinos de Tamaulipas dejaron de recibir más de mil millones de pesos en programas de apoyo que fueron modificados por el gobierno federal. Tan sólo el Proagro productivo fue recortado en más de la mitad, lo que afectó a más de 70 mil productores. También mutilaron programas como Diesel subsidiado, entre otros.
“Anteriormente, Tamaulipas ocupaba uno de los primeros lugares en inversión de este programa de Proagro, el cual recibía un presupuesto anual de casi mil 700 millones de pesos, en beneficio de más de 70 mil productores que sembraban en los dos ciclos agrícolas”, explicó recientemente el secretario de Desarrollo Rural del estado, Ariel Longoria.
A esto se suma el retraso en el pago de programas e incentivos a los productores del sorgo que encabezan airadas protestas desde el 2016, reclamando más de 600 millones de pesos que retrasó la Sagarpa.
Rezago económico
Aunque las cifras generales de pobreza se mantuvieron estables en Tamaulipas durante la administración de Peña Nieto; según el Coneval entre el 2012 y el 2016 se incrementó el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales del 26.9% al 28.6%, lo mismo que la población considerada vulnerable por tener bajos ingresos que pasó del 9.4% al 10.1%.
El indicador más grave es el de carencias por acceso a la alimentación, es decir aquellas familias que batallan para conseguir la comida necesaria para nutrirse adecuadamente.
Esta cifra pasó del 13.6% en 2010 al 19.2% en el 2016. Las estadísticas del 2018 todavía no se dan a conocer. Lo anterior se explica porque en prácticamente todas las áreas, el gobierno de Peña Nieto le quedó a deber a Tamaulipas.
Incluso en el área energética, donde la riqueza natural de Tamaulipas lo puso en un lugar de privilegio para la atracción de inversiones privadas, la crisis que vive Pemex tuvo sus consecuencias en zonas como Reynosa, la Cuenca de Burgos y la zona sur, donde la Refinería Francisco I. Madero está virtualmente paralizada.
Tanto ahí como en la frontera, miles de trabajadores de la industria energética, tanto pública como privada, han perdido sus empleos, y compañías enteras han cerrado.
El puerto de Matamoros, presumido como el proyecto de infraestructura más importante del sexenio para Tamaulipas, quedó en un buen deseo. Si bien la obra está muy avanzada, su operatividad no está garantizada; por el contrario, Pemex ya anunció que no planea en el corto plazo utilizar esa terminal marítima y las empresas privadas no han concretado ninguna inversión significativa.
Como ese compromiso de Peña Nieto, muchos otros quedaron en el olvido. De ese tamaño es la deuda del mandatario con el estado.
