El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió ayer por la tarde, no solo reparar “el error” que quitaba presupuesto a las instituciones de educación superior, sino que ofreció “entregar a las universidades lo que les corresponde”.
Apenas se conoció la declaración de López Obrador, Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad especializado en presupuesto, hizo en redes sociales esta observación:
“1. El presupuesto de universidades en 2018 fue de 69 mmdp.
“2. La promesa fue mantener el mismo presupuesto, considerando inflación.
“3. Para que sea así, el presupuesto debería ser de 72 mmdp.
“4. El PPEF asignó 67 mmdp
“5. TENDRÁN QUE SALIR 4.3 MMDP DE ALGÚN LADO”.
El último punto hay que enfatizarlo, porque a la hora de la promesa presidencial de corregir el recorte a las universidades, en San Lázaro ya había sido aprobada en lo general la Ley de Ingresos.
Pero los errores se pagan. Y quizá el costo de este “error” (si es que en realidad fue un error y no un intento de sometimiento que tuvo que ser abortado), se vaya a tener que pagar no solo sumando la inflación a lo que las universidades recibieron el año pasado, sino con el dolor de cabeza que supondrá calmar a los universitarios, que ahora tienen más elementos para reclamar, citando a López Obrador, “lo que les corresponde”.
Y eso que les corresponde no solo es la inflación, sino incrementos presupuestales para ajustarse a la nueva realidad que les impondrá, tanto la reforma educativa de AMLO, como el crecimiento en la nómina de las universidades.
En torno a esto, un especialista que prefiere que su nombre se mantenga en el anonimato, preparó unas líneas generales sobre el contexto necesario para la discusión presupuestal de las instituciones públicas de educación superior (IES). Paso a citar algunos de sus considerandos:
“Una dificultad radica en que, en promedio, alrededor de 85 por ciento de su presupuesto se destina a la nómina. Durante 2018 pagaron aumentos salariales de alrededor de seis por ciento, con todos los conceptos integrados. A esta cifra hay que añadir un dos por ciento más por crecimiento de la planta docente, para atender a un número creciente de alumnos. Por lo tanto, en el presupuesto de origen de 2019 deberían disponer de un incremento de presupuesto de ocho por ciento sólo para cubrir el seis por ciento de aumento salarial más el dos por ciento de crecimiento en la planta docente.
“El 15 por ciento que no se destina a la nómina se vería reducido en diez puntos porcentuales”, agrega. Si se les recorta o no se les ajusta el presupuesto debidamente, “los gastos de operación e inversión de las universidades quedarían reducidos. No habría para pagar la luz o con qué cambiar los vidrios rotos, por no decir el pago del Internet o los materiales y equipamiento para talleres y laboratorios.
“Seguramente hay grasa que se podría cortar; pero esa está casi toda asociada a conquistas laborales que sería ilegal y, en la práctica, imposible eliminar, sobre todo si el horizonte de tiempo para el ajuste es tan corto como un año, sin apoyo político. Podría haber ahorros en la nómina de los rectores y altos funcionarios, pero serían montos ínfimos.
“El problema se agrava si se consideran dos elementos de la iniciativa de Reforma del Tercero Constitucional:
“La gratuidad de este nivel. Diversas universidades autónomas y otras IES públicas cobran colegiaturas que utilizan para gastos de operación, sobre todo el que está más estrechamente vinculado con el mejoramiento de la calidad en laboratorios, equipamiento, etcétera. Estas IES perderían subsidio público y, además, quedarían impedidas para cobrar cualquier cuota a sus estudiantes. Es una fórmula diseñada para la catástrofe.
“La obligatoriedad de la educación superior. En la iniciativa de Reforma del Tercero se pone a la educación superior en el mismo nivel que la educación básica o la media superior. El
Estado tutelaría igual el derecho a la educación de un niño en prescolar que el de un estudiante de licenciatura o aun de maestría o doctorado. Ningún país del mundo hace esto. Por lo tanto, no se podría negar un lugar a nadie. Las IES tendrían que aceptar a todos quienes solicitaran admisión. El efecto en las IES es inimaginable. Desde luego que la autonomía de las universidades quedaría borrada en la medida en que el derecho a la educación imperara sobre el derecho de esas universidades a disponer sus reglamentos para la admisión de estudiantes”.
El gobierno solito se metió en este brete, uno que no se resuelve solo sacando de nuevo el ábaco: López Obrador abrió la caja de Pandora de las universidades. Se necesita talento para mover ese avispero. ¡Suerte!
