Gobernadores inconformes por la reducción al ramo 23 van contra AMLO
Súper delegados querrían regular la aplicación de los recursos federales
El Presidente reculó ante los universitarios por temer a las movilizaciones
Para escarmiento del ministro rebelde, la SCTJ la presidiría un aliado
Hasta enero empezarán a filtrarse nombres de aspirantes a diputados
El recorte a la partida Provisiones Salariales y Económicas –más conocida como Ramo 23–, del Presupuesto de Egresos de la Federación, provocó la inconformidad de un grupo de gobernadores por considerar que resultarían afectados los programas locales no etiquetados.
Para el 2018, la asignación de este fondo alcanzó 156 mil 463 millones de pesos, manejados a discrecionalidad. Y bajo el supuesto que se ‘usaron en asuntos electoreros’, el secretario de Hacienda y Crédito Público (Carlos Manuel Urzúa Salinas) acatando la instrucción del jefe del Ejecutivo federal (Andrés Manuel López Obrador), disminuyó la cifra para el 2019, quedando en 112 mil 997 millones. Es decir, hubo un descenso en términos reales del 31 por ciento, equivalente a 43 mil 467 millones de pesos.
Ello ha provocado una nueva controversia entre los mandatarios con el Presidente Constitucional. Hasta el grado que los gobernadores han pedido revisar el Pacto Federal de Coordinación Fiscal, por advertir que esa nueva disminución de recursos privilegia la centralización de estos, a fin de evitar la ejecución de acciones estatales y municipales con alto impacto social.
La mengua del Ramo 23, así como la postura de los mandatarios y la respuesta de la Federación, desde hace meses estuvo anunciada.
Así que no me extraña que hasta hoy siete gobernadores externen sus críticas de manera pública y cuatro de ellos sugieran formar un bloque para renegociar el asunto.
Estos son:
1) Martín Orozco Sandoval (Aguascalientes): “Nos fue como en feria al repartirse el presupuesto, pues afecta al estado en materia de educación y salud, agua, campo y mantenimiento de carreteras”;
2) Carlos Mendoza Davis (Baja California Sur): “Lamento que BCS no haya sido incluido en la zona libre, para obtener beneficios de reducción al IVA e ISR; y como una entidad donde debe duplicarse el salario mínimo”;
3) Alejandro Moreno Cárdenas (Campeche): “Convocaremos a una reunión de la Conago y al titular de la SHyCP, para que atienda las demandas de las entidades federativas en relación al presupuesto 2019”;
4) Javier Corral Jurado (Chihuahua): “Hay que unirnos y dar la batalla desde ahora, porque esto es el principio de todo lo que vendrá. No sólo el federalismo será vulnerado, sino la democracia misma. Hay que luchar por un nuevo acuerdo de coordinación fiscal o des-coordinarnos”.
Y pidió directamente a su homólogo de Jalisco conformar un frente de batalla que defienda los recursos fiscales para los estados afectados, pues la centralización amenaza a todos”;
5) Enrique Alfaro Ramírez (Jalisco): “El Presupuesto de Egresos se centraliza en los intereses del Gobierno federal, ignorando las necesidades que surgen desde lo local”;
6) Silvano Aureoles Conejo (Michoacán): “Hay un ajuste severo en muchas áreas de atención general a sectores de la población, y se enfoca fundamentalmente a atender prioridades del Gobierno federal”; y
7) Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas): “El paquete económico presentado por la SHyCP no atiende las distintas necesidades regionales. Los proyectos prioritarios para Tamaulipas no tendrán recursos federales. El dinero de la Nación no es de la Federación. Urge convocar a los estados al diálogo fiscal”.
Lo más tangible
De ahí, supongo, habrá necesidad de que el mandatario nacional abra un diálogo y negocie el reclamo de los gobernadores, como lo hiciera con las universidades, porque una reducción tan drástica obviamente provocará incertidumbre –sobre todo en las entidades con dificultad recaudatoria–, ya que durante años los estados se apoyaron en dichos recursos para liquidar pendientes salariales y de infraestructura. Aunque igual hubo desviaciones, por falta de reglas claras para su operación.
Pero lo cierto es que se afecta a los estados con menor liquidez.
Ante las instituciones de educación superior, reculó tras disminuirles el presupuesto hasta en un 6.2 por ciento –equivalentes a mil 713.8 millones de pesos–, ante la amenaza de que tomaran las calles en contra suya y de ahí que haya ofrecido que recibirían el mismo monto del ‘18, más aumento correspondiente al índice inflacionario.
Por otra parte, ‘El Peje’ nada hizo para recortarle al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el alto presupuesto autoimpuesto meses atrás, lo que me hace suponer que es uno de los organismos privilegiados.
Pero en cambio, sí, le redujo presupuestos a:
a) Los institutos Nacional Electoral (INE), Nacional para la Evaluación Educativa, Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;
b) Las Comisiones Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y Federal de Competencia Económica; y
c) La cultura, hasta en un 7.6 por ciento, entre otros organismos.
Todos los jerarcas de esos, por cierto, han promovido amparos ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para proteger al menos su alto salario, pero seguramente con la llegada del nuevo ministro presidente, fracasarán en su objetivo.
De cualquier forma la controversia con los gobernadores debe zanjarla el tabasqueño mediante el diálogo, si acaso tiene voluntad para establecer, como tanto lo cacarea el transformador del régimen republicano.
Y más porque hay la sospecha de que el nuevo monto del Ramo 23 lo querrían regular también los súper delegados.
En fin, la moneda está en el aire.
Ministro al cadalso
Allá en diciembre de 1994, el entonces Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, impuso una reforma constitucional para reducir de 26 a 11 el número de ministros del Poder Judicial de la Federación, dado que varios de ellos se opusieron a convalidar sus medidas draconianas.
Y quizás la historia se repita, en caso de que Alberto Pérez Dayán sea respaldado por sus homólogos al enfrentar un juicio político –bajo el cargo de violentar la Carta Magna, porque en controversias de constitucionalidad no procede la suspensión–, promovido en su contra por el grupo legislativo de Morena en la Cámara baja –Ulises Murguía Soto ésta vez aparece como promotor–, por haber ‘congelado’ la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Hace una semana, en este mismo espacio, en el portal ‘HoyTamaulipas’ (del buen amigo Marco Esquivel) y en la ‘Mesa de Análisis’ de laportadamx –que comparto con Clemente Castro González, Carlos López Arriaga y Azahel Jaramillo Hernández–, le comenté que esta suspensión judicial no procedería porque en el pleno ejercicio del poder, un Presidente manda y, si se equivoca vuelve a mandar.
Tan así lo han entendido los jerarcas del Poder Judicial que durante el periodo de entrevistas para elegir al relevo del ministro presidente de la Corte (Luis María Aguilar Morales) en el Senado de la República, convalidaron la desacreditación de Pérez Dayán (impuesto por Felipe de Jesús Calderón Hinojosa), como se advierte con el pronunciamiento de Juan Luis Alcántara Carrancá, quien aparece en el escenario relevista sin haber sido considerado entre los nominados.
Él asegura que Alberto se equivocó.
Y desde luego incomoda a sus homólogos –Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea–, al aparecer de botepronto en la palestra sucesoria.
Lid estructural
En la primera semana del 2019 empezaran a filtrarse los nombres de los precandidatos al congreso local. Pero solo por parte de los tres partidos políticos con registro oficial (PAN, PRI y MORENA), aunque la mentada ‘chiquillada’ pretende vender su respaldo al mejor postor. Y obviamente de míseras migajas, porque también es miserable su presencia política en Tamaulipas.
Y esto lo confirma su excusión del reparto de cerca de 170 millones de pesos que suman las prebendas autorizadas para esa contienda.
Sin embargo no crea usted que hay muchos tiradores de peso completo, en ninguno de los tres membretes, que muestren interés en alcanzar las candidaturas en juego, por tratarse de un proceso que atañe más a las estructuras que al electorado en general.
Sobre todo por el gasto que una campaña de tal envergadura representa, pues a diferencia de otras contiendas no se prevé la recuperación monetaria, aun y cuando el aspirante resultase triunfador.
Por otro lado, hay que reconocer que Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Regeneración Nacional, le apuestan entre si al descredito de sus pares y al aceitamiento de su maquinaria para conseguir los votos suficientes, pues bien saben que en juego están la gobernabilidad del estado y el crecimiento del artífice de la cuarta transformación.
Desde luego esto solo le interesa en parte difundirlo públicamente a Morena -a falta de cuadros-, porque va en pos del voto popular que en su mayoría sin ser razonado sigue vendiendo la marca del tabasqueño, mientras el membretes albiceleste repetiría la operación practicada en 2016 y 2018, para ganar la jefatura del poder ejecutivo estatal y cerca de tres decenas de ayuntamientos, respectivamente.
Como sea el tricolor espera un desgaste de ambos en los próximos meses, pero sin ofrecer, todavía, un listado de prospectos viables al arrastre de electores.
Hasta hoy la contienda más cerrada se vislumbra en los 2 distritos electorales de Victoria -uno en poder del PAN (Teresa Aguilar Gutiérrez) y el otro del PRI (Carlos Morris Torre)-, pues el actual subsecretario de ingresos del Gobierno estatal, Arturo Soto Alemán sostiene que le gustaría medirse nuevamente en las urnas (recuérdese que cuenta con un amplio capital político-electoral), y eso obliga a que la oposición convenza a grillos cuajados -sean militantes propios o externos-, aunque el PRI tendría menos problemas si acaso Alejandro Etiene
Llano decidiera buscar la candidatura uninominal.
En fin, hay que esperar el inicio de año para empezar a hacer apuestas.
Cuentas irregulares
No entiendo por qué la Auditoría Superior del Estado ha demorado tanto en llevar a juicio a quienes saquearon las arcas públicas en beneficio personal, cuando han sido los mismos funcionarios gubernamentales quienes han señalado con índice de fuego un cúmulo de ilícitos. Tanto o más que los diputados locales –de extracción albiceleste–, que, mediáticamente, se muestran dispuestos a llevar al patíbulo a tantos malhechores.
Sobre todo por el mar de documentos que aparecieron en todas las áreas para sustentar acusaciones –por prácticas contrarias al ejercicio público–, bajo un marco legal, como espera la sociedad, que, con su voto, contribuyó a la alternancia.
Ésa que de ningún modo plantea una cacería de brujas, pero sí una actitud congruente entre el decir y el hacer, por parte de quien es, ahora, fiduciario del poder.
Mucho se comenta sobre el latrocinio indiscriminado con: obras que no existen; una abultada nómina, al pagarle jugosos salarios a gente sin desquitar los emolumentos; desviación de recursos, mediante el rollo del sistema de viáticos y becas; la asignación vertical de contratos, siendo la ley muy clara en cuanto a las licitaciones para adquirir equipo, mobiliario y enseres de papelería y limpieza; la renta o venta de bienes inmuebles; así como en el mantenimiento de la infraestructura (léase oficinas), y del parque vehicular, entre otros ilícitos
menos graves a los que serían:
a) El extravío de cientos o tal vez miles de millones de pesos;
b) La preferente asignación de los apoyos de programas sociales en beneficio exclusivo de amigos, compadres, caprichos y parentelas de los otrora influyentes jerarcas gubernamentales; y
c) El saqueo millonario mediante el pago de facturas a empresas sin haber brindado servicios –se les llama fantasmas–, que aparecieron con las auditorías practicadas.
La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas consiga la forma, el método y los procedimientos a seguir para requerir información sobre las finanzas y su consecuente aceptación u observaciones, antes, durante o posterior al análisis de la Auditoría Superior del Estado, apoyada por una comisión legislativa.
Ahí se establece claramente que, aún vencido el término para que las administraciones gubernamental y municipales anteriores rindieran cuentas claras, de encontrarse irregularidades puede aún procederse vía penal por las infracciones cometidas.
Más cuando los ilícitos resultan gravosos, como sería en este caso.
Tal vez por eso el gobierno del cambio no ha actuado, todavía, para enjuiciar a los saqueadores.
De cualquier forma, la Auditoría Superior del Estado entregó ya sus observaciones al Congreso y éste no aprobó 110 cuentas públicas.
¿Eso significa que por fin empezarían a caer los peces gordos?