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Transparencia a medias

/ 09 de febrero, 2019 / Homero Hinojosa

La buena noticia esta semana: Según el presidente Andrés Manuel López Obrador todos los funcionarios de primer nivel e integrantes de su gabinete entregaron ya en días pasados su declaración patrimonial de bienes.

La mala noticia: La mayoría hizo su declaración a medias, omitiendo información importante y, en algunos casos, generando incluso un gran escándalo, como ha sucedido con la misma secretaria de Gobernación.

Olga Sánchez Cordero fue expuesta por Reforma por no haber declarado un penthouse en Houston por un valor de 11 millones de pesos aproximadamente. La funcionaria, incluso, cuestionó el rigor periodístico del periodista José Díaz Briseño de ese diario por no “haberla consultado para conocer su versión” y culpó a la Secretaría de la Función Pública por haber omitido este dato.

Son realmente contados los funcionarios que hicieron transparentes sus bienes, ya que aunque admiten tener propiedades o cuentas bancarias no aclaran el valor de los mismos. ¿Qué acaso la SFP no debe ser estricta en cuanto a tener bien precisada y completa esta información? Resulta prioritario investigar y aclarar por qué existe este tipo de consideraciones y excepciones.

Y es que la exigencia de transparentar todo, todo, todo viene desde el mismo Presidente quien advirtió que TODOS deben someterse a esta política y que dichas informaciones estarán publicadas en la página oficial de la SFP para ser consultada por cualquier ciudadano mexicano.

“Todos los funcionarios ya presentaron su declaración y la información se hace trasparente”, dijo López Obrador en una de sus tantas presentaciones ante los medios.

El caso de Sánchez Cordero no terminó en el reclamo a Fernando Martínez García, quien es el titular de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la SFP.

En una entrevista a Reforma publicada este viernes, Martínez García negó que su dependencia haya omitido difundir el dato del Penthouse texano y le devolvió la pelotita a Sánchez Cordero aclarando que “depende de la forma en que (Sánchez Cordero) haya declarado dicho bien”.

“Podría ser que lo declaró a nombre de otra persona o que no se haya declarado. Si lo registró a nombre de su esposo, no aparece”, dijo a Reforma.

Esta situación particular y los bienes declarados de manera incompleta por muchos funcionarios sienta un precedente importante para el nuevo gobierno sobre la responsabilidad y Ética que deberán mostrar sus representantes en lo que resta del sexenio.

Los mexicanos ya están cansados de ver cómo los políticos y burócratas en nuestro país se ofenden cuando son cuestionados sobre sus riquezas y sus bienes en general. No han faltado muchos que han argumentado razones de “seguridad” para omitir dicha información trascendente.

Olvidan estos representantes del ciudadano y servidores de la sociedad que son figuras públicas y, como tales, se deben atener al escrutinio popular y la fiscalización de la Prensa, sobre todo en lo que concierne a manejo del dinero y sus patrimonios personales.

Lo ocurrido esta semana pone de nuevo en la mesa el tema de la transparencia en el Gobierno, algo que no debe ser manejado parcialmente sino ejecutarse como una política firme, a fondo, “se toque a quien se toque” (hasta el mismo Presidente ha llenado todos los requisitos en su declaración patrimonial).

La política gubernamental en temas como transparencia, corrupción y nepotismo no puede seguir conduciéndose a medias tintas, dejando abiertos recovecos por donde el funcionario pueda operar y resguardar datos sobre sus bienes personales.

Permitirlo dejaría abierto un margen para seguir “pecando” de obra y omisión, más aún si no existe un criterio serio de reprimendas, multas o castigos.