A nueve años del asesinato de Rodolfo Torre Cantú poco han cambiado los escenarios en torno a su caso, el homicidio político más grave de la historia reciente de Tamaulipas.
En la conmemoración del noveno aniversario de su muerte, el priísmo celebró una ceremonia en la que además de recordarlo exigieron que se esclarezca su caso.
Pero no mucho más.
En el famoso kilómetro 7 de la carretera Victoria-Soto la Marina, donde el comando armado detuvo la caravana en la que viajaba el entonces candidato, y lo ejecutó a él y a otras cuatro personas, entre ellas el diputado Enrique Blackmore Smer, la hierba ha crecido y se ha apoderado de las cruces que lo recuerdan y donde todavía, algunos fieles seguidores le llevan flores.
El homenaje anual que le realizó ayer el priísmo es reflejo de la situación que vive ese partido; sin entusiasmo y sin recursos, hay poco para decir.
Eso sí, el cariño de mucha gente para con el doctor parece intacto a juzgar por las muestras de apoyo que inundaron las redes sociales, donde cientos de usuarios lo recordaron como un amigo más que como un político.
Y claro, también pidieron que se haga justicia en un caso por el que no hay un sólo detenido y cuyos avances judiciales son prácticamente nulos.
Desde que el 29 de junio, 24 horas después del homicidio, la entonces Procuraduría General de la República se hizo cargo de la investigación, más de 300 personas declararon. En esa lista están absolutamente todos quienes tenían alguna cercanía política o personal con Torre Cantú, su familia, sus compañeros; pero también sus contendientes, nadie escapó a los citatorios, que finalmente no arrojaron gran cosa: ni un sospechoso señalado por la Fiscalía.
Muchos años después, los funcionarios de la PGR que llegaron a Tamaulipas, narraron a EXPRESO su experiencia: “Llegamos 2 horas después del asesinato al lugar de los hechos. Los cuerpos ya habían sido levantados y los heridos también. Un escolta tenía 7 balazos en la espalda, y sobrevivió. Fue tal vez, el único que aportó más evidencias, pero no sirvieron de mucho”.
En ese momento la indagatoria todavía estaba en manos de la Procuraduría local que se apresuró a levantar los cuerpos antes de lo que se hubiera previsto, porque el calor superaba los 34 grados en la capital.
Curiosamente el clima jugó otra mala pasada, un par de días después: el 30 de junio impactó en la región el huracán Alex que terminó por “lavar” las evidencias que pudieran haber quedado en la carretera donde ocurrió todo.
Otro hecho frustrante ocurrió poco después: la policía de Güemez aseguró una camioneta Suburban verde en una brecha, que pudiera haber participado en el atentado.
Pero los policías municipales y militares, en su afán por encontrar pruebas, la contaminaron y dejaron a los fiscales especializados sin materia para trabajar.
Lo más difícil para los investigadores fue encontrarse con muy pocas pistas para seguir: no había testigos, las cámaras de los inmuebles cercanos no captaron mucho más que lo que se mostró por aquellos días en un video: nada de placas, mucho menos la identidad de los tripulantes.
En suma no tenían nada, más que la certeza de que el crimen fue cometido por profesionales, un factor que alentó la versión todavía muy extendida de que este fue realizado por personal con entrenamiento de la Marina.
“Les cerraron el paso con una especie de media luna sobre la carretera, los bajaron a todos y los ejecutaron. Fue un trabajo perfecto hecho en segundos. Ningún improvisado hace esto. Hicieron los disparos necesarios: no gastaron tiros de más”, narró uno de los fiscales.
El escolta que sobrevivió a los siete balazos sirvió para que los investigadores armaran la narrativa.
Pero hasta la fecha no se sabe quienes eran los profesionales, ni mucho menos quién les ordenó matar al candidato que muy seguramente dentro de pocos días se convertiría en gobernador.
Mucho se discutió en los medios sobre la falta de seguridad con la que acostumbraba andar Rodolfo: camioneta blindada solo para viajar por la Ribereña, en el resto de la entidad se movía hasta con los vidrios abajo.
Todos conocían sus movimientos y los de sus escoltas. Tampoco esas pistas arrojaron una hipótesis fuerte en torno a los responsables y el móvil de su asesinato.
A pesar de la presión política que emprendió el PRI sobre la PGR y la presidencia de la República para que se aclarara el caso, poco ocurrió.
La lentitud en torno a la investigación no mejoró cuando llegó Marisela Morales a la Procuraduría.
En aquel entonces, se auditó el expediente, seis agentes del Ministerio Público lo revisaron letra por letra.
A partir de entonces, el expediente pasó de mano en mano sin ningún resultado evidente.
Quienes lo revisaron por última vez aseguran que estaba alterado, incluso tenía arrancadas varias fojas. Dicha carpeta ha pasado por la ex SIEDO, Averiguaciones Previas, y otras subdivisiones de la PGR.
En septiembre del 2012 se filtró que un grupo criminal fue el autor del asesinato de Rodolfo Torre, pero nada se probó al respecto.
Desde aquel lejano 2010, la Procuraduría ya pasó a manos del PRI y ahora de Morena, pero nada en el gobierno federal hace indicar que el caso pudiera ser revivido para arrojar resultados.
A nueve años, el asesinato de Rodolfo parece cada vez más lejos de su esclarecimiento.
