A dos años y medio de iniciar un nuevo proceso de fiscalización en Tamaulipas, la Auditoría Superior del Estado -ASE- admite: “Encontramos un gran desaseo en el manejo de los recursos públicos, en la cuestión administrativa”.
La consecuencia, adelanta el Auditor Jorge Espino Ascanio, es que vendrá una ‘cascada’ de sanciones.
“Habrá muchas sanciones administrativas, porque el grave problema con el que nos encontramos, es el problema administrativo, porque no se siguen las reglas o no se siguen las normas”.
Uno de los avances que se obtuvieron es que de 20 mil millones de pesos que fueron observados a ex alcaldes y al ex gobernador Egidio Torre Cantú, la ASE logró que se comprobaran 17 mil millones de pesos y en algunos casos hubo devoluciones.
Es decir, solo faltan por comprobar poco más de 3 mil millones de pesos del ejercicio fiscal del 2016.
Los recursos se han recuperado en un año y medio, donde se estaba comprobando el destino y el recorrido que tuvo el dinero público, después de ser rechazadas 110 Cuentas Públicas de ese año.
Ahora, en marcha está un proceso de fiscalización de los años 2017 y 2018 que pronto llegarán al pleno del Congreso.
Jorge Espino Ascanio, Auditor Superior del Estado, resume: “Hemos encontrado un desaseo Administrativo, por decirlo de alguna manera”.
Desde entonces, añade, se está corrigiendo y obligando a los entes públicos a emitir correctamente la presentación de las cuentas públicas y con ello, la comprobación de los gastos.
Aclara que las observaciones se dieron, no solo por un posible quebranto, fue porque en Tamaulipas, los Ayuntamientos no estaban integrando correctamente los expedientes administrativos.
“Sigue siendo una constante -el desaseo administrativo- por eso seguimos dando los cursos, traemos especialistas, siempre estamos dando cursos pero hay un grave problema como en el pasado, que, si bien invertimos en capacitación, llega el cambio de municipio y salen los funcionarios que ya aprendieron y entran los que no tienen experiencia en los procesos en materia de fiscalización”.
La actual legislatura y la Auditoría de Espino Ascanio, ha sido la primera en poner en la etapa jurídica de fiscalización, a más de 100 Cuentas Públicas de 42 Ayuntamientos y casi todos los organismos operadores de Agua Potable además de Institutos Municipales y el mismo Instituto del Deporte en Tamaulipas.
Un informe del Congreso del estado que, ayer cerró su periodo legislativo, es que de las cuentas fiscales del 2016, los Ayuntamientos que mantienen abiertos los proceso para cumplir con las observaciones son: Abasolo, Altamira, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Casas, Ciudad Madero, Cruillas, El Mante, Gómez Farías, González, Güemez, Guerrero, Díaz Ordaz, Jaumave, Jiménez, Llera.
Mainero, Matamoros, Méndez, Miquihuana, Nuevo Laredo, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, Palmillas, Reynosa, Río Bravo.
Así como San Carlos, San Fernando, San Nicolás, Soto La Marina, Tampico, Tula, Valle Hermoso y Ciudad Victoria. Todos corresponden a la cuenta pública del 2016.
En todos los casos fueron llamados ex Presidentes Municipales, ex tesoreros y Síndicos de los Ayuntamientos para responder a las observaciones que la ASE realizó.
En la lista también aparecieron los responsables de las Comapas entre ellos los de la zona Conurbada así como de los municipios de Cruillas; Güémez; Mainero; Méndez; Miquihuana; Padilla; Río Bravo; San Carlos todas están rechazadas.
Además de la Comapa de Abasolo; Camargo; Gómez Farías, González, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Jiménez, El Mante, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Morelos, Ocampo, Palmillas, Reynosa, San Fernando, Soto La Marina, Tula, Victoria, Villagrán, Matamoros.
Quienes permanecieron con observaciones y las sustentaron fueron los responsables de los DIF municipales en Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo.
Aún está vigente la investigación contra el Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de Nuevo Laredo; así como del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes; el Instituto Municipal de Planeación de Victoria.
A la fecha, añade, el 50% de las Cuentas Públicas que fueron rechazadas, todavía están en el área jurídica y es la última instancia que tienen para comprar el destino de los gastos.
En caso de no hacerlo, se abrirá una nueva línea de procedimientos, ante las autoridades que correspondan que pueden ser el Tribunal de Justicia Administrativa o bien la autoridad correspondiente penal que sería la Fiscalía Anticorrupción.
Jorge Espino Ascanio, agregó que en curso está el proceso de fiscalización de las cuentas del 2017 y de la cual será se emitirá un informe de resultados a partir de este 29 de junio, pero habrá una segunda entrega de paquetes el 30 de octubre de este mismo año.
Detalla que, si los responsable no solventan las observaciones hechas, que se hicieron se turnarían las observaciones: “Si son observaciones de tipo administrativo se enviarán al Tribunal de Justicia Administrativo para que se emitan la sanciones que pueden ser desde la amonestación hasta una inhabilitación”.
“Si fueran de tipo penal, sería a la Fiscalía Anticorrupción y ahí cerraremos nosotros como Auditoría Superior del Estado nuestro procedimiento”.
Uno de lo aspectos que deja remarcado, es que, si bien tienen hechas las observaciones “no significa necesariamente que sea un quebranto municipal o un desvío, puede ser que no hayan cumplido las normas gubernamentales, la norma y la ley de disciplina financiera.
En el caso de la Auditoría Superior, esta semana han iniciado nuevos cursos para los funcionarios municipales o encargados de manejar el dinero público con la finalidad de que conozcan los lineamientos que deben estar siguiendo para comprobar los gastos.
