El presidente López Obrador ha reiterado su compromiso por atender todos los casos de corrupción. Por eso es fundamental que el Estado mexicano, para casos como el de la “Estafa Maestra”, cuente con herramientas sólidas que posibiliten que cualquier caso de corrupción, del pasado o del presente, sea atendido de manera seria, responsable y contundente
La Fiscalía General de la República dio a conocer que imputaría a la extitular de la Sedatu, Rosario Robles, por ejercicio indebido del servicio público. El asunto por el que se le responsabiliza es la llamada “Estafa Maestra”.
La “Estafa Maestra” es el nombre con el que se conoce a la investigación periodística realizada por Animal Político. Dicho portal de noticias, junto con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), publicaron, el pasado 5 de septiembre de 2017, la forma en la que un total de 128 empresas fantasma desviaron recursos. Dicha investigación desnuda la red de conexiones que involucró a 11 dependencias del Estado mexicano, ocho universidades públicas, empresas privadas y más de 50 servidores públicos de gobierno.
En la publicación se dio a conocer que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, las cuentas públicas del gobierno federal, entre 2013-2014, registraron un desvío que implicó cinco mil 875 millones de pesos. Estos recursos se canalizaron de manera “fraudulenta”, en beneficio de diversas instituciones educativas y organismos de comunicación. Especial énfasis tuvo el presunto desfalco ocurrido en el programa Cruzada Contra el Hambre, durante la época de Rosario Robles al frente de la Secretaría de Desarrollo Social. Se supo que, por este tema, la exsecretaria sería citada por la Fiscalía General de la República en fechas próximas.
El presidente López Obrador ha reiterado su compromiso por atender todos los casos de corrupción. Por eso es fundamental que el Estado mexicano, para casos como el de la “Estafa Maestra”, cuente con herramientas sólidas que posibiliten que cualquier caso de corrupción, del pasado o del presente, sea atendido de manera seria, responsable y contundente.
Por esta razón es tan importante la Ley de Extinción de Dominio recientemente aprobada en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Es fundamental evitar excesos que jueguen en contra de los mexicanos o evitar ausencias que jueguen a favor de los corruptos.
La ley faculta a la Fiscalía a tomar medidas cautelares para inmovilizar acciones, cuentas bancarias, títulos de valor o inversiones, además de bienes inmuebles; se termina con el secreto fiscal bancario, cambiario y tributario que impedían obtener información y se crean los jueces especializados en la materia. La ley aprobada también permite que el Ministerio Público obtenga órdenes de cateo “secretas” para agilizar el ingreso a terrenos o inmuebles donde se cometen delitos. Esto es un gran avance.
De la aprobación en Cámara de Diputados quedaron varios puntos controvertidos: 1) Trasladar la carga de la prueba a los propietarios, pues son ellos, y no la autoridad, quienes deben comprobar que los bienes se obtuvieron de manera legítima. 2) Responsabilizar a los dueños por los usos ilegales que sean realizados por terceros, aun si no tienen conocimiento de ellos. 3) Permite que el Estado disponga de los bienes incluso antes de que el juez civil determine la procedencia de la extinción de dominio en sentencia definitiva.
Fue en el Senado donde, de última hora, con el fin de impedir el abuso de autoridad, se incluyeron controles como la “presunción de la buena fe” por la que la persona demandada podría acreditar sus propiedades en todo momento del proceso. Pese a estas adecuaciones, aún queda duda de si la redacción será lo suficientemente clara y robusta frente a la Suprema Corte de Justicia; ya sea para evitar excesos en contra de la legítima propiedad que detente cualquier persona en el país; o termine jugando a favor de los delincuentes, en caso de que el Poder Judicial considere que está en contra del propio derecho de propiedad.
Pese a la imperiosa necesidad de combatir adecuadamente la corrupción en México, la nueva Ley de Extinción de Dominio ha dejado nuevamente en evidencia un problema histórico. Las legislaciones trascendentes siguen expidiéndose al vapor o se quedan durmiendo el sueño de los justos durante largas temporadas, dejando al aire la certeza jurídica. El Legislativo aún no logra madurar lo suficiente para sacar las leyes con la calidad y la socialización adecuadas. Es un problema desde hace décadas, pero también de la 4T.
